El Ayuntamiento de Madrid deja a una familia sin alternativa habitacional tras demoler cuatro viviendas en la Cañada Real

El ruido de las excavadoras regresó este lunes a la Cañada Real sin previo aviso. Apenas un año después de que se acometiesen los últimos desalojos en el mayor asentamiento irregular de Europa, el Ayuntamiento de Madrid ha derribado cuatro viviendas, una de ellas habitada por una familia con menores que se ha quedado sin alternativa habitacional; y otra por una pareja joven, según ha denunciado la campaña vecinal Cañada se queda. El colectivo denuncia que estas actuaciones vulneran el marco acordado en 2011 —la Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana—, que establece que no deben ejecutarse derribos de viviendas habitadas sin garantías legales ni una solución de realojo previa. Un portavoz municipal defiende que en la Cañada “las actuaciones se realizan de forma planificada y con todas las garantías”, al mismo tiempo que niega que las construcciones estuviesen habitadas: “Se trata de infraviviendas que han quedado vacías por realojo de sus ocupantes”. Los vecinos son tajantes: dos de las viviendas demolidas estaban habitadas.

La asociación Cañada se queda denuncia que el desalojo se llevó a cabo sin las debidas garantías, incluyendo la manipulación de materiales potencialmente peligrosos —como la uralita— sin medidas de protección adecuadas para las casas colindantes. “Al llegar los representantes del Ayuntamiento deben mostrar las órdenes de desalojo y de derribo. Ni las presentaron ni quisieron hablar con nosotras en ningún momento”, protesta una fuente del movimiento vecinal, y agrega: “Al desmontar la uralita la Policía nos indicó que nos retiráramos porque es un elemento peligroso y luego nos dimos cuenta de que la familia no había terminado todavía de retirar sus pertenencias, y por tanto, seguía allí”.

Tras las demoliciones, varias viviendas cercanas habrían quedado sin suministro de agua sin previo aviso, una situación que, según los residentes, agrava las condiciones de vida en una zona donde ya persisten cortes prolongados de electricidad desde hace años. Los escombros, señalan, permanecen en la vía pública, un obstáculo evidente para el tránsito que además aumenta el riesgo de incendios en un entorno con presencia habitual de menores. “¿Cómo puede ser que se derribe una construcción y que no se retiren los escombros?”, se preguntan los vecinos.

Las críticas se dirigen principalmente al papel de las autoridades municipales. La campaña Cañada se queda, junto con la asociación Tabadol, acusan al Comisionado del Ayuntamiento de facilitar información para ejecutar los derribos. Asimismo, aseguran que el operativo estuvo dirigido por el responsable de disciplina urbanística municipal, Julio César Santos, quien fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid en julio de 2025 a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con el urbanismo al considerar que cometió un delito de prevaricación administrativa al ordenar en 2022 la demolición de una infravivienda de ladrillo en la parcela 203 de la Cañada Real. El Ayuntamiento no ha respondido a este periódico a la pregunta de si Santos estuvo presente en el desalojo del lunes.

En el plano legal, los colectivos vecinales sostienen que recientes resoluciones del TSJM han cuestionado la legalidad de algunas órdenes de desalojo en la Cañada Real, al considerar que no se ajustaban a los procedimientos establecidos. Lejos de circunscribirse al ámbito de la justicia madrileña, la situación del asentamiento ha terminado por escalar hasta las instancias judiciales europeas. En 2025, el Consejo de Europa concluyó que España vulnera la Carta Social Europea por mantener durante años sin suministro eléctrico a miles de residentes de la Cañada Real. El organismo considera que esta situación ha afectado a derechos básicos como la vivienda, la salud o la protección frente a la pobreza y la exclusión social, en un escenario que se prolonga desde el corte de luz iniciado en octubre de 2020.

El trasfondo del conflicto, según denuncian las asociaciones, está estrechamente ligado al desarrollo urbanístico del entorno. La expansión del sureste madrileño —con nuevos barrios como El Cañaveral, Los Cerros o Los Berrocales— rodea progresivamente la Cañada Real, convertida en un enclave estratégico dentro de la transformación urbana de la capital. Este crecimiento ha intensificado el conflicto entre la planificación urbanística y la situación de los residentes históricos, muchos de los cuales viven en condiciones precarias y con escasa seguridad jurídica. Las familias que sí han sido reubicadas critican, además, que los destinos ofrecidos suelen situarse a varios kilómetros de Madrid, lo que dificulta el mantenimiento de sus redes sociales y laborales.