María Teresa contra el Ayuntamiento de Madrid: la lucha de una mujer por su casa de La Cañada que rodea de dudas el desarrollo de El Cañaveral

María Teresa Gómez, de 70 años, vive con su madre, Julia, de 92; su hija Coral, de 39; y su nieta, Robin, de 19 meses, en la Cañada Real. Su casa se levanta desde hace más de cinco décadas sobre un suelo que no es suyo, y que es zona verde municipal. El Ayuntamiento de Madrid lleva dieciséis años intentando desalojarla para culminar el desarrollo urbanístico de El Cañaveral, con 5.388.384 metros cuadrados de superficie y el objetivo de construir 14.000 nuevas viviendas para una población aproximada de 52.000 habitantes. Ocurre que la justicia lo viene impidiendo. Que el Tribunal Superior regional (TSJM) certificó nuevamente este febrero la indefensión de estas mujeres porque no les ha sido notificado el proyecto de reparcelación, paso previo a cualquier desalojo, y por lo tanto no han podido recurrirlo, ni pedir una indemnización. Así se mantiene un pulso legal desigual, David contra Goliat, para que se cumpla la normativa, les den una solución y se abra la puerta a impugnar las licencias de todas las nuevas viviendas del desarrollo.

María Teresa no oculta su cansancio, pero guarda fuerzas para pelear hasta el final: “Yo ya pienso que me voy a morir aquí. No tengo a dónde ir, ni dinero para conseguir otro piso”.

La vida de María Teresa cambió cuando le llegó una carta del Ayuntamiento de Madrid diciéndole que iba a ser desalojada porque iban a tumbar su casa. No se lo podía creer. Nunca le explicaron nada. “Ahí conseguí un abogado con la gente de la zona, que entre todos nos conocemos y nos ayudamos, y desde entonces él se ha ocupado de todo, así que hay muchas cosas legales que yo no entiendo”.

El abogado es Roberto Alonso Martín. “La Cañada ya tiene un defensor" titulaba EL PAÍS un artículo de 2008 en el que relataba cómo estaba logrando parar desahucios en la zona.

“Todo el problema reside, aunque parezca increíble, en que el Ayuntamiento de Madrid no quiere notificarnos el proyecto de reparcelación porque sabe que podemos instar la paralización del desarrollo de El Cañaveral”, asegura. “Se ha pedido el expediente con la finalidad de poder recurrir el proyecto, de que a mi defendida la den un techo, y de que la indemnicen, que es justo lo que dice la ley”, sigue. “Pueden solicitar mil veces el desalojo, que les va a dar igual mientras no nos den acceso al proyecto y nos den la oportunidad de poder defendernos”.

Alonso se expresa con esa rotundidad porque, dice, le amparan nueve sentencias, incluida la reciente del TSJM. En ellas se recuerda que “al no constar” que a las dos vecinas de La Cañada se les comunicara el proyecto de El Cañaveral, como mandata la normativa, “se les ha privado de la posibilidad de recurrir el Acuerdo de Reparcelación, que entre otras cuestiones resolvía sobre la indemnización” a la que tendrían derecho por su desalojo. “Se ha de poner en conocimiento el proyecto de reparcelación a la recurrente”, se recalca. “Sin esa notificación del proyecto de reparcelación no puede dictarse ese nuevo requerimiento de desalojo”.

El Ayuntamiento ha argumentado que esa notificación sí se produjo. Incluso que Alonso accedió al expediente de reparcelación. Y, efectivamente, el abogado acudió a una cita programada para ello en julio de 2024. Pero no estaba preparado para lo que le esperaba: 22.000 folios divididos en varios montones, dispersos por una oficina, atados con lazos rojos, y sin índice ni posibilidad de consulta digital. “Y eso tras cerca de diez años en el juzgado para que me dejaran acceder al expediente como dios manda”, se lamenta.

Esto contrapone un portavoz del Ayuntamiento: “La interesada tiene consignado a su nombre por la Junta de Compensación desde el 9 de abril de 2019 una indemnización de 86.506,74 euros en la Caja General de Depósitos por la construcción incompatible con el planeamiento. Pueden retirar el importe cuando consideren conveniente”.

Este mismo portavoz detalla además que María Teresa y Julia, por el momento, han rechazado la intervención de los servicios sociales, por lo que estos no han podido valorar su situación. Añade que se está dando acceso a la información solicitada en formato digital según está disponible. Finalmente, el Consistorio asegura que notificó de nuevo el acuerdo de aprobación del proyecto de reparcelación el 28 de julio de 2024.

“Esto se ha hecho sin que se haya interpuesto recurso alguno. Mediante sentencia de 9 de febrero de 2026, los tribunales han dado por efectuada la notificación, estando en curso un nuevo procedimiento para el desalojo de la vivienda. Por tanto, el litigio no pone en peligro el desarrollo urbanístico, dado que el proyecto de reparcelación es firme”, zanja.

Una “okupa” para el Ayuntamiento

En 2022, tras una victoria más de María Teresa en los tribunales contra el Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y abogado del Estado, dejó una de esas frases equilibristas que sirven para escapar a una pregunta que no tiene respuesta clara. “Vamos a hacer todo lo posible porque El Cañaveral siga adelante, sin perjudicar los intereses y derechos legítimos de personas como la recurrente”.

María Teresa recuerda que una vez tuvo una reunión con alguien del Consistorio que la llamó okupa. Ella se molestó tanto que se levantó de la mesa y nunca más volvieron a hablar. Ahora, mientras se dirime la lucha jurídica, cuenta cómo llegó a vivir donde vive: su exmarido, que murió hace 15 años, le construyó una casa de dos plantas y 60 metros cuadrados, con dos habitaciones y un pequeño salón, detrás de una nave industrial que era de él.

“Llevo mucho tiempo viviendo aquí”, relata. “Es muy tranquilo. Nunca he tenido problemas. No entiendo por qué quieren tirar mi casita para hacer un bosque. Yo nunca he negado que el suelo no sea mío. No obstante, la casa sí es mía y voy a luchar por ella, no tengo nada que perder”. En esta parte de la Cañada Real tiene agua y luz. Durante el día deja a su madre en un centro de día para mayores. El resto del tiempo lo empeña en seguir con su lucha judicial contra el Ayuntamiento de Madrid.