Feijóo afirma que los extranjeros que “abusen de mujeres o roben” serán regularizados

El PP sigue subiendo el tono contra la regularización extraordinaria de inmigrantes que aprobó este martes el Consejo de Ministros. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado hoy la regularización “a granel” y ha insistido en vincularla con la delincuencia, pese a que el real decreto contempla que no se dará la residencia a los extranjeros que representen “una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública”. “Que un inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o que ha robado a un ciudadano y que ha incumplido varias veces la legislación española, el Gobierno lo regularice, no tiene ningún antecedente en ningún país de la UE”, ha subrayado Feijóo en los pasillos del Congreso, aunque el Gobierno ha endurecido en la norma los requisitos sobre los antecedentes penales tras las recomendaciones del Consejo de Estado. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha defendido en una entrevista en TVE el real decreto y ha respondido al líder del PP que se trata de un proceso para “personas en situación irregular, no para delincuentes”, ha recordado que se les exige “la carencia de antecedentes penales” y ha indicado que el PP no está “boicoteando al Gobierno con estas declaraciones, sino a miles de ciudadanos”.

Feijóo se ha detenido ante los periodistas a la salida de la sesión de control de esta mañana y ha remarcado que lo más importante para él de lo sucedido en el Pleno es que el Gobierno no ha ofrecido a preguntas del PP el dato de cuántos inmigrantes van a ser regularizados en este proceso. El jefe de los populares ha hablado de “antecedentes policiales” y no de penales, ya que los antecedentes penales están expresamente contemplados en el real decreto aprobado este martes por el Gobierno, y no se concederá la residencia a los extranjeros que los tengan. Fuentes del gabinete de Feijóo explican que el líder del PP se refiere a una casuística que pudiera escaparse a la regulación actual, como un extranjero que haya cometido hurtos menores o un abuso sexual en el que todavía no haya condena y, por tanto, no tenga todavía antecedentes penales, sino solo policiales.

El texto del real decreto deja claro que se mirará detenidamente caso por caso que la persona no suponga una amenaza para la seguridad, informa Carmen Morán. La norma exige a los solicitantes de la regularización “no representar una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública” y señala que se acreditará “mediante la comprobación de la inexistencia de antecedentes penales y la valoración del informe policial correspondiente”. “La existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización”, añade el texto. Y remarca: “En ese caso, el órgano competente para tramitar la solicitud valorará de forma casuística y circunstanciada, que la persona extranjera no suponga una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea”.

En este aspecto ha hecho hincapié la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha recordado que el decreto exige la carencia de antecedentes penales, como marca la normativa de extranjería: “Ya está bien de excusas, de obstáculos, de intentar boicotear la esperanza, la dignidad de miles de personas por parte del Partido Popular. Hace dos años, el Partido Popular votó a favor en el Congreso de los Diputados, dio luz verde a la ILP para la organización extraordinaria.
¿De qué lado está el PP? ¿Está del lado de la Iglesia, de los sectores productivos, de la gente o está del lado de Vox?”, ha exclamado antes de indicar que el PP “no está boicoteando al Gobierno con estas declaraciones, sino que está boicoteando a miles de ciudadanos que hoy, que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, tienen más esperanza, menos miedo, más derechos, más obligaciones y más dignidad”.

La Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería recabará de oficio informe del Registro Central de Penados, el informe de las bases de datos de la Unión Europea, así como informe policial sobre la persona solicitante. Estos informes serán emitidos en el plazo de quince días.

Feijóo ha calificado de “disparate” la regularización de inmigrantes del Gobierno, aunque ha apostado por una “inmigración legal, ordenada, que venga a aportar y a cumplir las leyes y sin antecedentes penales y policiales”. El problema, ha remarcado, es “una regularización a granel” que provoque “un efecto llamada” y que España se convierta “en la puerta de entrada de la ilegalidad en la residencia, no solo en España, sino en la UE”.