La Cuenca despoblada se moviliza contra las plantas de biometano y se une al clamor de “ni en tu pueblo ni en el mío”

La España rural se rebela contra las plantas de biometano. En Cuenca, los vecinos del pequeño municipio de Campos de Paraíso, que suma 600 habitantes repartidos entre Carrascosa del Campo, Loranca del Campo, Olmedilla del Campo, Valparaíso de Arriba y Valparaíso de Abajo, llevan meses organizándose para frenar la tramitación de tres proyectos, uno de ellos con capacidad para tratar 140.000 toneladas de residuos orgánicos, la mayoría purines de cerdos. Un volumen de desechos que, aseguran, no generan los ganaderos de esa comarca, sino que llegarán de otros puntos. Demasiados proyectos, dicen, en tan poco espacio, mal dimensionados y muy cerca de sus casas. Dos de las instalaciones ya cuentan con informes urbanísticos favorables de la Diputación de Cuenca y la tercera está en fase de evaluación ambiental.

La planta que pretende ubicarse en Carrascosa del Campo se situará a apenas 2,5 kilómetros de sus casas, pero los proyectos en Tarancón o Huelves amenazan con convertir este rincón de la geografía conquense en una suerte de hub para el tratamiento de estos residuos. Temen que los olores, la contaminación de los acuíferos —pese al sellado hermético de todo el proceso que defienden estas empresas— y los 90 camiones diarios que transitarán por sus carreteras y caminos transportando estos residuos, acaben por expulsar a quienes aún resisten en estos pueblos acechados por la despoblación. “Este tipo de instalaciones, además, apenas generan empleo. Los jóvenes tendríamos que asumir los impactos sin que realmente supongan oportunidades laborales para nosotros”, critica Sara Mitrica, estudiante y vecina de Campos del Paraíso.

El rechazo mayoritario de los vecinos a estas instalaciones cristalizará en la manifestación que este sábado recorrerá las calles de Carrascosa del Campo bajo el lema ‘Ni en tu pueblo ni en el mío. Un territorio, un mismo no’. Una marcha que, esperan, sea histórica en la comarca y que viene precedida de varias asambleas informativas y de una campaña de firmas en change.org que ya supera las 4.000 adhesiones. Les apoyan otras plataformas como Stop Ganadería Industrial y Pueblos Vivos Cuenca, y expertos como Máximo Florín, profesor de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, contrario a un modelo de biometanización que no plantea el tratamiento de los residuos en origen. “No es economía circular porque se traerán más residuos de fuera que los que se generan en el municipio”, sostiene.

El proyecto más avanzado, el que promueve ENCE —gigante de la celulosa y desde hace unos años en el negocio de la biomasa— contempla la gestión de 90.000 toneladas de purines al año, 28 veces más que las que genera el municipio, “cuando aquí no tenemos ni ganadería intensiva ni extensiva”, explica Carlos Muñoz, portavoz de la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural. Después están las dudas sobre el digestato, el residuo que se obtiene al transformar el desecho en biogás y que estas empresas ofrecen como fertilizante agrícola, pese a no convencer al sector. “Nos dicen que el digestato es un biofertilizante, pero para muchos agricultores sigue siendo un residuo a gestionar. A mí no se me ocurriría echarlo en mis tierras. Si realmente fuera tan bueno, los agricultores pagaríamos por él”, afirma Agustín Valencia, agricultor de 50 años.

Florín teme que parte de ese digestato termine extendido en los campos que drenan hacia el embalse de abastecimiento a la tubería de la Llanura Manchega, una infraestructura que transporta agua para abastecimiento humano desde los pantanos de cabecera del Tajo. Según este experto, aplicar el digestato requiere de una gran superficie agrícola, algo que no ocurre en Campos del Paraíso. “Se pretende extender por los campos y no está clara la forma en cómo se va a hacer y la calidad de ese digerido”. Los pueblos que acojan estas plantas deberían recibir compensaciones económicas, reclama, por la pérdida de valor inmobiliario y las posibles afecciones a marcas y figuras de calidad agroalimentaria. “La gente reconoce que tenemos un problema con los residuos, pero depende del tipo de planta que se instale”, afirma.

Trabas urbanísticas

La Junta de Castilla-La Mancha ultima un decreto que regulará el emplazamiento, el tránsito de camiones hacia estas plantas y el uso que se le dará al digestato. La tramitación y autorización de estas plantas, apuntan a este periódico fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible, compete a la comunidad, que es la que “resuelve acerca o no de la instalación de manera motivada”, aunque los ayuntamientos, precisan, juegan un papel “fundamental” al tener que emitir un informe de compatibilidad urbanística y de impacto socioeconómico de los proyectos. Si las entidades locales excluyen la instalación de este tipo de plantas en su plan de ordenación municipal o en sus normas subsidiarias, “el informe de compatibilidad urbanística será negativo y, por tanto, la comunidad autónoma resolverá negativamente su instalación”.

El Ayuntamiento de Campos del Paraíso aprobó una moción por unanimidad contra estos proyectos. Su alcalde, Francisco Javier del Saz (PP) explica a EL PAÍS que intentarán frenarlos elaborando “algún tipo de ordenanza de vertidos” y dilatando al máximo los plazos que estas empresas tienen para justificar los fondos europeos que reciben para proyectos de descarbonización. “Legalmente no podemos negarnos a conceder la licencia, pero trataremos de poner todas las trabas posibles. Estamos al cien por cien con nuestros vecinos, que son los que nos han puesto aquí”. Y se queja: “A los políticos se les llena la boca con la despoblación y con el mundo rural pero no hacen nada para ayudarnos. Al contrario, complicarnos las cosas burocráticamente para crear algún desarrollo en nuestros pueblos”.

Desde la plataforma vecinal aseguran estar a favor de la transición energética pero no de un modelo acumulativo de plantas en un territorio tan pequeño. “No estamos en contra de las energías renovables ni de la industria en el medio rural, pero sí creemos que este tipo de proyectos deben dimensionarse adecuadamente y tener en cuenta el impacto sobre el territorio”, insisten. El rechazo en Campos del Paraíso a estos proyectos es transversal. Hay agricultores, empresas, cazadores, asociaciones culturales... “Queremos que cuando se tomen las decisiones y se valore la idoneidad de este tipo de instalaciones se tenga en cuenta el sentir general. Aunque seamos pocos tenemos derecho a que se nos informe y a decir que estos proyectos no cuentan con la licencia social de los vecinos”, zanja Muñoz.