La justicia bloquea las cuentas de Análisis Relevante, la consultora que pagó a Zapatero, por el ‘caso Plus Ultra’

La justicia ha bloqueado las cuentas de algunas de las sociedades investigadas en el marco del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, entre ellas, las de Análisis Relevante. Esta consultora, cuyo administrador es el empresario Julio Martínez Martínez, detenido en esta presunta trama de corrupción, recibió pagos de la compañía aérea y pagó, a su vez, por labores de asesoría al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Además, se ha congelado, al menos, una segunda sociedad de Martínez dedicada a la compra y explotación de terrenos y una vivienda en Almería vinculada a empresarios venezolanos, según confirman fuentes de la investigación. El juez instructor, José Luis Calama, por su parte, ha pedido a la magistrada de Madrid que llevaba la causa antes de que el sumario pasara a la Audiencia Nacional que detalle en qué consistía exactamente la investigación que se archivó en 2023 sobre el rescate de 53 millones de euros del Gobierno a la aerolínea.

Análisis Relevante es solo una de las sociedades investigadas por la Fiscalía Anticorrupción desde finales de 2024, pero esta consultora ha concentrado la atención mediática tras la detención, a finales del año pasado, de los directivos de Plus Ultra Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, de un abogado madrileño y del empresario Julio Martínez Martínez. Este último figura actualmente en el registro mercantil como administrador único de esta consultora que, supuestamente, se creó en febrero de 2020 con el fin de que personalidades con la trayectoria de Zapatero realizaran asesorías que luego podían vender a empresas. La vinculación del expresidente del Gobierno con esta sociedad, de la que cobró unos 460.000 euros a lo largo de cinco años, es la que ha atraído la atención mediática a la espera de que el juez levante el secreto de las diligencias y se conozcan todos los detalles. Zapatero explicó este lunes en una entrevista en Onda Cero que todos sus trabajos fueron legales y que él no conocía los pormenores de la relación laboral entre Análisis Relevante y Plus Ultra.

La justicia ha ordenado el embargo de las cuentas de esta sociedad, que en el año 2023 (el último que aparece en el registro mercantil) tenía un patrimonio neto de 74.952 euros, según confirman fuentes de la investigación. Pero, además, también se han congelado las cuentas de la sociedad Agropecuaria Lucena, cuyo objeto, de acuerdo con la información del registro, es la adquisición y explotación de “toda clase de fincas rústicas y urbanas”. Cuenta con un capital social de 2.312.200 euros y Julio Martínez Martínez figura actualmente como administrador de esta sociedad radicada en Petrer (Alicante), municipio donde él tiene domiciliada la mayor parte de su entramado empresarial. La actividad de la empresa, según la documentación del registro, está centrada igualmente en el “cultivo de frutos oleaginosos”. Fuentes de la investigación explican que esta empresa está bajo el foco por unas transferencias en las que están relacionados empresarios venezolanos.

Además, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, que estuvo a cargo de la causa hasta que a principios de este mes la derivó a la Audiencia Nacional, acordó el “embargo preventivo y la prohibición” de venta de una vivienda situada en el Paseo de Almería (Almería), que fue adquirida en julio de 2019 por una sociedad llamada Corpoestructura. Según la información registral, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el inmueble, de dos pisos, está valorado en 5.683.993 euros y fue adquirido con una hipoteca de 3.824.000 euros.

Este hecho coloca en el foco a la sociedad Corpoestructura que, en la línea de las anteriores, no tiene empleados ni dispone de página web. Esta fue constituida en julio de 2018 por Bitácora Servicios Profesionales SL, representada por el abogado y miembro del consejo de administración de Plus Ultra, Fernández Lena Santiago. Poco después, el 29 de septiembre de 2018, Bitácora Servicios Profesionales SL salió de la sociedad y entraron en el equipo de administración Roberto Roselli (consejero delegado de la compañía aérea) y Rodolfo Reyes, ejecutivo venezolano de Plus Ultra que salió de la aerolínea el pasado año. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía registró la vivienda de ambos cuando cristalizó el caso Plus Ultra por blanqueo de capitales a finales de año.

El registro mercantil expone que ambos cesaron el 27 de febrero de 2025, y pasó entonces a ser consejero el sobrino de Camilo Ibrahim. Este magnate latinoamericano, cercano al régimen del expresidente del país Nicolás Maduro, fue vicepresidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) y delegado de la española Inditex, según fuentes conocedoras de su actividad.

El juez pide ampliar información

Tres meses después de las detenciones practicadas por la UDEF, todavía es una incógnita cuántos investigados hay en esta causa. El juez Calama ha decidido ampliar un mes más el secreto de la investigación, según informaron este miércoles fuentes jurídicas. El magistrado ha pedido “testimonio” al juzgado de instrucción número 15 sobre qué fue lo que se investigó en una causa que hubo allí en 2023 y que terminó archivada por un defecto de forma. Es decir, Calama quiere conocer qué hechos concretos estaban bajo el foco en aquella investigación.

La primera causa contra Plus Ultra se abrió tras una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias a la que se incorporaron como acusación los partidos PP y Vox, que consideraban que había irregularidades en la concesión de la ayuda pública que se otorgó a la compañía. Los denunciantes cuestionaban que fuera una empresa estratégica por la cantidad de aviones que tenían en propiedad, afirmaban que sus finanzas estaban mal ya antes de la pandemia y que la empresa no era 100% española y, por tanto, que no se cumplían los requisitos legales para entregar los fondos públicos.

Las pesquisas tuvieron que archivarse por un error durante el procedimiento: a la magistrada se le olvidó ampliar el plazo de instrucción a tiempo. Si esa investigación se centraba en la adjudicación de la ayuda, la reactivación de las diligencias actuales se enfocan en qué se hizo con el dinero de esa adjudicación: si se utilizó para blanquear dinero con un complejo entramado con tentáculos en Suiza y Francia. Pero el juez Calama quiere conocer exactamente el contenido de aquello que terminó archivado para establecer el perímetro de la causa actual.