Los asesores de Abascal señalados por los críticos han facturado casi 1,3 millones a Vox en un solo año

Tizona Comunicación, el buque insignia del conglomerado de empresas de Gabriel Ariza y Kiko Méndez-Monasterio, los dos principales asesores de Santiago Abascal, facturó casi 1,3 millones de euros en un solo año a Vox después de que el partido ultra desembarcara en las instituciones y empezara a recibir fondos públicos, según han confirmado a EL PAÍS fuentes conocedoras de la contabilidad interna de la formación. Esta cantidad se suma al más de medio millón de euros que ya recibió en 2019 la citada empresa por la prestación de servicios de carácter genérico, lo que llevó al Tribunal de Cuentas a citar al tesorero y al gerente de Vox y pedirles explicaciones por estas adjudicaciones a dedo. Además, desde 2024 Tizona Comunicación recibe de Vox un pago de 22.145 euros mensuales, más IVA, según las cláusulas del contrato que publicó en enero pasado El Confidencial. Consultadas por esta información, fuentes de Vox han respondido a este diario: “Las cuentas del partido, y el trabajo de todos nuestros proveedores, están auditados por el Tribunal de Cuentas”.

Aunque se desconoce su montante exacto, el flujo de fondos desde la caja del partido a las compañías de los asesores de Abascal ha sido cuantioso en los últimos seis años. Las palabras del exvicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quien dijo a El Mundo que perdió la confianza en Abascal cuando supo “que se estaba embolsando un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer, por unos presuntos servicios de consultoría en materia de redes sociales a una sociedad mercantil que está en pérdidas y en causa de disolución”, han puesto el foco sobre este grupo empresarial. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, anunció el viernes la apertura de un expediente para expulsar a Gallardo del partido.

Gabriel Ariza es hijo del empresario Julio Ariza, que controla el canal de ultraderecha El Toro TV, a pesar de haber sido condenado por la quiebra “culpable” del grupo mediático Intereconomía y figurar entre los mayores morosos de Hacienda, con deudas que suman más de 20 millones. Por su parte, Kiko Méndez-Monasterio, a quien Abascal califica como su “gurú”, fue director del periódico La Gaceta y empleado del grupo mediático de Julio Ariza, que sirvió como plataforma de lanzamiento a Vox.

Aunque sin citarlos por su nombre, es a la red empresarial de Méndez-Monasterio y Ariza a la que se refieren los exdirigentes de Vox que reclaman un congreso extraordinario del partido cuando denuncian la existencia en el entorno de Abascal “de un entramado paralelo de entidades opacas, desconocidas para la mayoría de los afiliados, no sometidas a un escrutinio suficiente y vinculadas a intereses e intercambios económicos que exigen transparencia”. Aunque Vox alega que sus cuentas son públicas y están auditadas y fiscalizadas, los pagos a los proveedores, como Tizona, no figuran en la contabilidad que aprueban sus afiliados y cuelgan en su web.

Sí tiene acceso a esa documentación el Tribunal de Cuentas que, en su informe de fiscalización correspondiente a 2019, ya subrayó que “las facturas del proveedor que gestiona los servicios de comunicación [solo] indican servicios de carácter genérico” y reclamó “mayor detalle” sobre “la naturaleza de los servicios prestados y las fechas de prestación de los mismos, habida cuenta del elevado importe facturado”; un total de 516.670 euros por la actividad ordinaria del partido, sin contar las campañas electorales. Aunque el informe no identificaba al “proveedor de los servicios de comunicación”, se refería a la empresa de Ariza y Méndez-Monasterio.

El tesorero y el gerente de Vox fueron convocados a la sede del Tribunal de Cuentas para dar explicaciones por estos pagos y alegaron que con Tizona se contrataban “servicios generales de asesoramiento político cuyo concepto en factura es difícil de precisar”, pues abarcaban desde la elaboración de discursos hasta la propia estrategia del partido. Y añadieron que esos contratos, pese a su cuantía, no podían sacarse a concurso “porque el servicio de asesoramiento que se recibe es inseparable de las personas que lo hacen”. Es decir, se contrataba a los asesores por la confianza personal que depositaba Abascal en ellos.

La imbricación entre el partido político y el grupo de empresas de Ariza y Méndez-Monasterio es tan íntima que resulta difícil separarlos: el local de Tizona en la calle Trafalgar de Madrid fue luego sede de Solidaridad, el brazo sindical de Vox; y la antigua sede del partido en la calle Nicasio Gallego pasó a ser la de Tizona cuando Vox se mudó a un inmueble más amplio y moderno en la calle Bambú, cerca de la estación de Chamartín. Gabriel Ariza registró a su nombre la web de Solidaridad y alquila a Disenso, la fundación que preside Abascal, el sitio que aloja al boletín del partido: La Gaceta de la Iberosfera. Ni Méndez-Monasterio ni Ariza tienen formalmente cargo alguno en Vox, pero el primero está considerado el verdadero hombre fuerte del partido y ha llegado a negociar su participación en gobiernos autonómicos con el PP, mientras que el segundo acompaña a Abascal en sus viajes al extranjero, como la toma de posesión de Trump, y ha participado en reuniones reservadas con mandatarios como el primer ministro húngaro Viktor Orbán.

En junio de 2024, el apoderado de Vox, Javier Cortés, firmó un contrato con Méndez-Monasterio, como administrador de Tizona, por el que se comprometía a abonarle 22.145 euros mensuales, más IVA, por “servicios de consultoría de comunicación y estratégica”, sin contar trabajos adicionales. Vox no negó la veracidad del contrato, pero subrayó que, aunque Tizona no tiene empleados, subcontrata muchos de sus trabajos y alegó que su tarifa está en línea con lo que cobran otras empresas de consultoría política. En el pleno del Congreso del pasado 11 de febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochó al líder del partido ultra el sueldo de su asesor. “Yo tengo un asesor, le ha imputado aquí un sueldo inventado por usted. Usted tiene 800 asesores pagados con los impuestos de los españoles. Le recomiendo que contrate al mío”, le respondió Abascal.

Fundada en 2018, el año en que Vox irrumpe en el Parlamento andaluz, el ascenso de Tizona es paralelo al del partido ultra, cuyos ingresos proceden en más del 80% de las arcas públicas, aunque más meteórico. La empresa pasa de ingresar 13.700 euros el año de su creación a 682.342 en 2019 y 1,4 millones al siguiente. A partir de entonces empiezan a declinar sus ingresos. El contrato firmado con Vox en 2024 le reporta 321.545 euros anuales. Eso no significa necesariamente que las finanzas del holding Ariza-Méndez Monasterio se hayan resentido, pues lo forman una docena de empresas.

Los recelos de los críticos de Vox se dispararon cuando El Confidencial publicó en enero de 2025 que la editorial IVAT, que edita libros de teóricos y políticos de ultraderecha, como la italiana Giorgia Meloni o el francés Jean Marie Le Pen, paga desde 2019 un total de 63.600 euros al año a la esposa de Abascal, la influencer Lidia Bedman, por “consultoría en redes sociales y marketing”. Bedman hizo público un comunicado en el que reivindicaba su trayectoria profesional, asegurando haber colaborado con más de 100 empresas nacionales e internacionales, y tachaba de “profundamente machista” la noticia. Sobre el contenido de la información, solo matizaba que IVAT no pertenece al grupo Intereconomía. En efecto, es una de las empresas del holding de Gabriel Ariza y Kiko Méndez-Monasterio.

No se sabe cuánto dinero ha recibido este conglomerado empresarial a través de la fundación Disenso, de la que Abascal es patrono perpetuo y a la que Vox ha transferido 10,9 millones de euros en solo cinco años, ya que no hacen públicos sus proveedores. Méndez-Monasterio, que era inicialmente secretario de la fundación, dimitió en febrero de 2021 de este cargo, incompatible con la adjudicación de contratos, y sustituyó más tarde a Ariza como administrador de Tizona.

La editorial IVAT tiene sus oficinas en la antigua sede de Vox, donde también está el ISSEP (Instituto Superior de Sociología, Economía y Política), la filial española de la escuela de formación de líderes ultras fundada en Lyon (Francia) por Marion Maréchal-Le Pen, sobrina de la líder de la ultraderecha francesa Marine Le Pen y nieta del fundador del Frente Nacional. La marca ISSEP está registrada a nombre de la empresa Gestión y Desarrollo de Instituciones de Formación Superior S. L., cuyo administrador es el ultraderechista Miguel Menéndez Piñar, nieto de Camilo Menéndez, capitán de navío condenado por el golpe del 23-F, y de Blas Piñar, el histórico líder de Fuerza Nueva. Además de sede, también comparte administrador con la editorial IVAT.

Vox anima a sus técnicos y cargos públicos a realizar cursos en el ISSEP, sin homologación académica, como el de Formación de Concejales, que incluye un apartado sobre la “batalla cultural”, que oscila entre 290 y 1.600 euros; o el de Liderazgo y gobierno, por 7.500 euros, aunque los afiliados tienen descuento. A veces son los propios grupos parlamentarios o municipales de Vox los que sufragan los cursos con cargo a la subvención pública que reciben. También las instituciones gobernadas por Vox con el PP, como la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Burriana (Castellón), han patrocinado eventos del ISSEP. Entre los promotores del instituto están de nuevo Gabriel Ariza y Méndez-Monasterio. Este último figura además en el plantel de profesores, igual que el empresario Julio Ariza. Pese a estar registrada como fundación, la web del ISSEP no informa sobre su patronato, estatutos o cuentas.

La lista de empresas vinculadas al clan de los Ariza que facturan para Vox, Disenso o el ISSEP incluye también a Hadoq o Farnesio Ventures; entre otras. El exdirigente de Vox Javier Ortega Smith, convencido de que fue cesado como secretario general por resistirse a autorizar los pagos a la red de los asesores de Abascal, ha pedido que el partido haga público el modelo 347, la declaración a Hacienda que refleja los pagos a suministradores y proveedores. Es la misma demanda que hizo sin éxito la exsecretaria general de Vox en el Congreso Macarena Olona cuando abandonó el partido en 2022.