Vox SA, dentelladas por ¿un partido o un negocio?

Las dentelladas de los críticos de Vox a Santiago Abascal ponen de manifiesto la profundidad de la primera gran crisis interna de la formación ultra. Son a degüello, sin concesiones, ráfagas que golpean en lo político y en lo personal a un dirigente al que dibujan como un mero títere de dos personajes que permanecen en la sombra y que serían en la práctica quienes definen la estrategia del partido: Kiko Méndez Monasterio y Gabriel Ariza.

El primero pasa por ser el principal asesor de Abascal y en su currículum consta una condena por haber agredido en 1998 a Pablo Iglesias cuando este retiró unos carteles de apoyo al dictador Pinochet en la Facultad de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. El segundo es hijo de Julio Ariza, un empresario aventurero de medios de comunicación de una derecha extrema que fue condenado por su gestión de Intereconomía Televisión.

Los ataques de los críticos hacen hincapié en que el conglomerado empresarial de Méndez-Monasterio y Ariza se lucra con las subvenciones públicas que recibe Vox como principales proveedores de los servicios informáticos, editoriales y de consultoría del partido. La dinamita de la legión de descontentos alcanza también a las sospechas que han extendido sobre los lazos financieros de Vox con la Hungría de Viktor Orbán o con el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

La fundación Disenso, a la que Vox ha transferido al menos 11 millones de euros desde 2020; el sindicato Solidaridad y el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, una escuela para dirigentes extremistas, son tres focos por los que circula el dinero público que recibe la formación ultra.

El tono cruento de la guerra queda patente con el último paso dado por los ahora apestados de Vox: han apuntado a la esposa de Abascal, a la que atribuyen el cobro de 60.000 euros anuales procedentes de ese entramado empresarial por trabajos en redes sociales cuya realización cuestionan.

Los críticos, encabezados por Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, plantean un congreso extraordinario como vía de escape a una crisis que no es solo orgánica, sino existencial. No se trata solo de dirimir liderazgos, sino de redefinir la naturaleza misma de un proyecto político divisivo que se ha situado como la tercera fuerza política del país.

El momento es relevante. Vox encara su participación en gobiernos autonómicos de coalición con el PP, lo que implica pasar de la oposición destructiva e incendiaria a asumir responsabilidades de gestión que afectan a millones de ciudadanos. Esa transición exige estructuras más transparentes y una separación nítida entre partido, negocio y redes de influencia. Sin ello, el ejercicio del poder corre el riesgo de verse contaminado por las sospechas que hoy emergen.

La pregunta que subyace tras esta crisis es incómoda para Abascal, pero también inevitable: ¿es Vox un partido político en sentido pleno o un dispositivo al servicio de intereses económicos y personales? Es decir, un negocio.