La Fiscalía carga contra Villarejo en el último día de juicio del ‘caso Dina’

El juicio sobre el caso Dina, una de las derivadas de mayor trascendencia política del caso Villarejo, ha quedado visto para sentencia. La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha dado por acabadas las sesiones tras escuchar este martes las conclusiones finales de las partes. La Fiscalía Anticorrupción, que pide cinco años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo por un delito de revelación de secretos, ha aprovechado su turno para cargar contra el antiguo agente, al que ha situado detrás de un tráfico ilícito de información obtenida de un móvil “sustraído” a Dina Bousselham, quien fuera asesora de Pablo Iglesias durante su etapa como eurodiputado de Podemos. Según el ministerio público, esos datos “tenían valor” para Villarejo porque afectaban al partido político y a su entonces líder; y de hecho, según su tesis, los utilizó para tratar de desprestigiarlos en público.

La Abogacía del Estado ha solicitado, por su parte, que no se condene a la Administración como responsable civil subsidiario de las actividades del comisario, como reclama la Fiscalía, que plantea que se indemnice con 5.000 euros a Bousselham y con 1.000 euros a Iglesias. La Abogacía, que ha respaldado así parte de la estrategia de la defensa y ha hablado hasta de una “orfandad probatoria”, sostiene que José Manuel Villarejo actuó “en el ámbito privado y al margen de sus funciones como policía”.

Sin embargo, Anticorrupción ha centrado parte de su relato en que dos periodistas de la extinta revista Interviú, Alberto Pozas y Luis Rendueles, han reconocido que entregaron una copia del móvil a Villarejo. Un extremo que también admitió el comisario. Para la acusación, no hace falta mucho más para condenar al policía jubilado: “La propia versión que dan, tanto Villarejo como Pozas y Rendueles, implica un reconocimiento del delito, aun sin el resto de la prueba”, ha argumentado el fiscal Jorge Andújar, que ha añadido que, si Bousselham e Iglesias no hubiesen perdonado a los reporteros al comienzo del juicio, habría reclamado igualmente que se sentenciara a los trabajadores de Interviú.

El ministerio público no solo ha arremetido contra Villarejo durante la última sesión de la vista celebrada en la Audiencia Nacional. También ha cuestionado la versión que ofrecieron Pozas y Rendueles, director y subdirector respectivamente de la revista. Ellos aseguraron que el comisario les requirió el material de Bousselham como policía tras enterarse de que lo tenían. Para el fiscal, esa versión es “difícilmente creíble”: “No responde ni a la razón ni a la lógica”. Andújar ha expuesto que el policía no tenía habilitación legal para hacer ese tipo de requerimiento (en este caso, solo podía ejecutarlo un juez) y, además, los empleados de Interviú eran experimentados periodistas dedicados a la investigación.

En esta línea, la acusación pública ha insistido en que Villarejo era un comisario en activo, que se dedicaba a “labores de inteligencia” y que estaba interesado en información sobre Podemos e Iglesias. “Pero, que uno esté realizando unas labores de inteligencia, no da carta de naturaleza para acceder a un móvil sustraído sin ningún tipo de resolución de cobertura”, ha ahondado el fiscal, que ha remachado que el acusado “obvió” así el ordenamiento jurídico para “apoderarse de datos reservados de una ciudadana”.

Bousselham denunció que le robaron su móvil el 1 de noviembre de 2015, cuando se encontraba de compras con su pareja en un centro comercial. A mediados de 2016, el contenido del teléfono comenzó a publicarse en varios medios de comunicación; y tras el arresto de Villarejo a finales de 2017, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía encontró en su poder copias de los archivos de la asesora de Iglesias. El fiscal mantiene que el funcionario corrupto, tras obtener el material a través de Interviú, se lo proporcionó a otros reporteros de su “círculo de confianza”, que lo publicaron en el diario digital El Confidencial y en la web Okdiario. Según ha subrayado Andújar este martes, ese tráfico quedó reflejado en las propias agendas del policía, donde apuntó sus encuentros con periodistas de ambos medios.

En su turno, la defensa de Villarejo, ejercida por el abogado Antonio García Cabrera, ha tratado de contrarrestar la ofensiva del fiscal. A lo largo de su declaración como acusado este lunes, el comisario ya se desvinculó de cualquier posible maniobra urdida para traficar con el contenido del móvil de Bousselham. Según dijo, él solo recibió el material porque los periodistas de Interviú se lo dieron motu proprio. Tras revisarlo de manera “rápida”, no le dio mayor importancia y nunca lo compartió con nadie. Sin embargo, su letrado ha ido este martes más allá y ha arremetido contra toda la versión de la asesora de Iglesias y ha cuestionado, incluso, que sufriera un robo: “Lo único probado es que puso una denuncia [...] Pudo ser un relato construido”.

“El delito lo cometen los periodistas que han revelado el secreto a Villarejo”, ha abundado el abogado del comisario. Según su tesis de defensa, el secreto solo se puede “descubrir” una vez. El acusado ha renunciado a ejercer su derecho a la última palabra.