La guerra sucia en Vox llega a los tribunales: imputados dos altos cargos de Abascal

Vox está inmerso en una guerra sucia entre el equipo de Santiago Abascal y el grupo de disidentes que encabeza su exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, recrudecida tras las elecciones del pasado domingo en Castilla y León, donde los resultados del partido ultra no han cumplido las expectativas. Mientras desde la dirección se intenta descalificar a los críticos, acusándolos de ser marionetas del PP y atribuyéndoles presuntas corruptelas, estos denuncian graves irregularidades económicas y enriquecimiento del círculo de hierro de Abascal con los fondos públicos que recibe el partido.

Las filtraciones interesadas para deslegitimar al adversario han saltado ya de los digitales afines a la formación ultra a los juzgados: dos altos cargos de la sede central del partido han sido imputados por un presunto delito de revelación de secretos. Se trata de Juan de Dios Dávila, dirigente de Vox en Gipuzkoa, y Cristina Navarro, exsecretaria personal de Abascal. Ambos son los responsables del llamado Equipo de Cumplimiento Normativo del partido, que depende directamente del líder de la formación.

El 22 de enero de 2025, un día después de que Espinosa de los Monteros reapareciera públicamente con una entrevista con Federico Jiménez Losantos, Vox le notificó la apertura de una investigación interna por supuesto tráfico de influencias. El exdiputado, que no ostentaba ningún cargo público ni orgánico tras haber renunciado al escaño en agosto de 2023, había llamado a una concejala de Vox en Collado Villalba (Madrid) para pedirle que recibiera a un constructor interesado en la recalificación de unos terrenos con el que compartía negocios. Los ediles de Vox se abstuvieron, como tenían previsto hacer desde un principio, pero la operación urbanística salió adelante con los votos de todos los demás grupos.

Antes de archivar la investigación interna, el Equipo de Cumplimiento Normativo presentó dos denuncias contra Espinosa de los Monteros ante la Fiscalía, pero esta dio carpetazo a ambas por considerar que no existían unos mínimos indicios delictivos. Finalmente, el contenido de este expediente de carácter confidencial que cuestionaba la honorabilidad de Espinosa fue filtrado al digital OKDiario, que lo publicó el 20 de marzo de 2025. Ahora, los investigadores de Vox han pasado a ser investigados.

Los dos altos cargos del partido ultra han declarado como imputados ante el Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid, donde han declarado que el periodista se equivocó al publicar que había tenido acceso al expediente confidencial, pues lo que en realidad conoció, según aseguran, fue un informe encargado a un abogado externo. Reconocieron que la investigación interna era también conocida por la responsable jurídica de Vox, Marta Castro, y por la Presidencia del Partido; es decir, por el Gabinete de Abascal.

La filtración que investiga un juzgado de Madrid no es la única que se ha producido en esta lucha intestina. Este mismo jueves, el diario El Español publicó los correos que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, remitió a su antecesor, Javier Ortega Smith, reconviniéndole por su conducta. “Sorprende tu exhibición pública de cariño y nostalgia hacia compañeros a los que quisiste cesar cuando eras secretario general”, le escribió Garriga a Ortega. “Te recuerdo que llegaste a hacer un informe durísimo contra Rocío Monasterio e Iván Espinosa para pedir su cabeza”, añadió, antes de asegurarle a Ortega que el matrimonio de exdirigentes de Vox había exigido a su vez que se le sometiera a “tratamiento psiquiátrico” por su “trato agresivo y violento con las mujeres”. Estos correos forman parte del informe que Garriga presentó ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox el pasado 22 de diciembre para justificar la expulsión del exsecretario general del máximo órgano de dirección del partido. Este documento, como el que denunció Espinosa ante la Justicia, tiene carácter confidencial.

Las filtraciones no solo han estado dirigidas a crear fisuras entre los disidentes, sino también a descreditarlos ante la opinión pública. Después de que se negara a dimitir como presidente de Vox en Murcia, la agencia Efe publicó, citando “fuentes de Vox”, que la dirección del partido decidió destituir a José Ángel Antelo tras tener conocimiento de que había hecho gestiones ante el Ayuntamiento de Cartagena para recalificar unos terrenos propiedad de una empresa de la que su esposa posee el 50%. El citado ayuntamiento, gobernado por el PP, ha desmentido las supuestas gestiones.

A su vez, los disidentes de Vox han denunciado presuntas irregularidades de la actual dirección. En el manifiesto en el que reclaman la celebración de un congreso extraordinario del partido para debatir su actual deriva, promovido por 15 exdirigentes de la formación, se critican “las retribuciones desorbitadas en el entorno del presidente [en alusión a Abascal], impropias de un proyecto que defiende la austeridad”; así como “la existencia de un entramado paralelo de entidades opacas […] vinculadas a intereses e intercambios económicos que exigen transparencia”. De manera más explícita, el exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo declaró este miércoles a El Mundo que él perdió la confianza en Abascal cuando supo “que se estaba embolsando un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer, por unos presuntos servicios de consultoría en materia de redes sociales a una sociedad mercantil que está en pérdidas y en causa de disolución. 60.000 euros por unos servicios que nos tendrán que explicar”, se escandalizaba. Se refería a que el entramado societario de Gabriel Ariza y Kiko Méndez-Monasterio, principales asesores de Abascal, contrató a la influencer Lidia Bedman, esposa del líder de Vox.

Ortega Smith fue, el pasado 10 de marzo, el primero que abrió la caja de pandora de las supuestas irregularidades económicas. “Pregúntese por qué me cesan como secretario general. A lo mejor es porque yo internamente, que es donde correspondía, en el Comité Ejecutivo Nacional y en el Comité de Gestión, y en las conversaciones que tenía con Santiago [Abascal] todas las semanas, iba poniendo un día tras otro las irregularidades que estaba viendo”, declaró en Telecinco.

Vox ha respondido a Ortega que él aprobó todas las cuentas del partido durante los ocho años que estuvo en el CEN, mientras que a Espinosa lo ha tachado de submarino de los populares. “Los que quieren este congreso [extraordinario] buscan colocar a un títere del PP en Vox”, sentenció José María Figaredo, secretario general del grupo parlamentario. Por su parte, el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, aseguró que la única discrepancia de Gallardo fue que “quería seguir en el Gobierno de Castilla y León”. A Espinosa lo despachó con un “Ocúpate de tus negocios. Déjanos en paz”.

Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, se ha escudado en el crecimiento electoral del partido en las tres últimas citas con las urnas para ningunear la petición de los disidentes. “El congreso extraordinario no tiene ningún sentido en un partido que está creciendo. Quizá puede tener sentido en un partido como el PP”.

Aunque los críticos no tienen posibilidad técnica de forzar la celebración de un congreso —tendrían que recopilar las firmas del 20% de los afiliados y eso sin saber ni siquiera cuántos son— los resultados de Castilla y León, por debajo del 20% que pronosticaban las encuestas, no han conseguido acallar sus voces, como esperaba la dirección. Al contrario, resuenan con más fuerza. Muchos de ellos confían en que Abascal no pueda seguir haciendo oídos sordos si el electorado le da la espalda en las próximas elecciones de Andalucía, la región donde irrumpió Vox en las instituciones hace siete años y medio. El lugar donde empezó todo.