El Supremo da el primer paso para embargar a Ábalos y a Koldo García una fianza de 60.000 euros

El Tribunal Supremo ha iniciado los trámites para embargar a José Luis Ábalos y a Koldo García los 60.000 euros de fianza que les impuso a cada uno para garantizar la responsabilidad económica que se les pueda atribuir tras el juicio por la trama de las mascarillas, que empezará el 7 de abril. El plazo para depositar ese dinero ya ha vencido y ninguno de los dos lo ha hecho, por lo que la Sala Penal ha ordenado ahora que se indague el patrimonio de ambos para poder cubrir esa cantidad con un embargo.

El Supremo decretó el embargo de 60.000 euros en diciembre pasado tras abrir juicio contra el exministro de Transportes y su antiguo asesor. El tribunal acordó esa cifra después de que la Fiscalía Anticorrupción anunciara que reclamará en la vista oral una indemnización conjunta a Ineco y Tragsatec de 34.477,86 y 9.500,54 euros, respectivamente, por el perjuicio causado a ambas empresas públicas tras la supuesta contratación irregular de dos mujeres vinculadas a Ábalos. En esa resolución, la Sala ya advertía de que, si en el plazo de cinco días no presentan esa suma de dinero, se le embargarían bienes.

El exdirigente socialista y el que fuera su asesor reclamaron al tribunal que extendiera la fianza al empresario Víctor de Aldama, que se sentará con ellos en el banquillo, pero la Sala lo rechazó al entender que el comisionista no tuvo ningún papel en las contrataciones supuestamente irregulares en Ineco y Tragsatec. Ahora, los magistrados han dado el primer paso para reclamar la fianza solo a Ábalos y Koldo García. La petición del tribunal de averiguar el patrimonio de ambos se dirigirá al Punto Neutro Judicial, una red informática gestionada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que conecta los juzgados con bases de datos estatales (Hacienda, Seguridad Social, etc.).

El Supremo juzgará al exministro, su antiguo asesor y el empresario Aldama a partir del próximo 7 de abril. Este será primer juicio del caso Koldo, que estalló en febrero de 2024 con la detención del que fuera mano derecha de Ábalos y ha acabado llevándose por delante no solo a este, primer secretario de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, sino también a su sucesor, Santos Cerdán. Este último no se sentará en el banquillo del Supremo porque solo está imputado por la supuesta adjudicación de obras públicas a cambio de mordidas, cuya investigación está aún muy incipiente y que ha pasado del alto tribunal a la Audiencia Nacional tras la renuncia de Ábalos, en enero pasado, a su escaño en el Congreso, lo que implica que deja de estar aforado.

Ábalos, García y Aldama se sentarán en el banquillo acusados de cohecho, tráfico de influencias, malversación, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de cárcel para el exministro y 19 años y medio años para su antiguo asesor, mientras que la acusación popular, liderada por el PP, eleva a 30 años la petición para ambos. Para Aldama, en cambio, tanto la Fiscalía como las acusaciones populares han reducido la petición de pena a solo siete años al considerar que ha colaborado con la justicia autoinculpándose y aportando información sobre la trama corrupta.

El tribunal que les juzgará estará integrado por el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta; su antecesor en ese cargo, Manuel Marchena; y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres y Javier Hernández.