La Iglesia y el Gobierno cierran con el Defensor el acuerdo para poner en marcha las indemnizaciones a las víctimas de pederastia

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es

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La Iglesia española y el Gobierno han cerrado tras dos meses de conversaciones un acuerdo con el Defensor del Pueblo para indemnizar a las víctimas de pederastia eclesial cuyos casos estén prescritos en la justicia pública. Así lo han confirmado a EL PAÍS fuentes episcopales, que adelantan que previsiblemente este jueves las tres instituciones se reunirán en Madrid para firmar un protocolo que marcará los pasos de cómo se ejecutarán los procedimientos para solicitar y pagar dichas reparaciones.

La noticia de que la Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos bajo la supervisión del Estado llegó el 8 de enero. Ese día, el presidente de la CEE, el arzobispo Luis Argüello, y el de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), firmaron un acuerdo con el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, en el que aceptaban que el Defensor del Pueblo fuera el organismo que revisase cada caso y estableciera las cuantías. La jerarquía eclesial podrá recurrir las resoluciones del defensor, pero aceptó que el organismo, dirigido por Ángel Gabilondo, tenga la última palabra. “Queremos asumir nuestra propia responsabilidad”, declaró Argüello durante una rueda de prensa tras la firma del acuerdo.

Bolaños aseguró esa mañana que tanto el Ejecutivo como la Iglesia se reunirían con Gabilondo para acordar cómo poner en marcha el modelo y que en un mes, a más tardar, volverían a rubricar otro convenio. Este nuevo documento está previsto que aborde un tema crucial: los baremos de las indemnizaciones. Es el conflicto que “más tensión genera” dentro de la Iglesia, apuntan fuentes de la CEE.

En otros países europeos, donde el Estado ha intervenido para reparar a afectados de abusos clericales, las cuantías van de un mínimo de casi 6.000 euros que ha pagado la Iglesia de Bélgica de media, a los 62.245 que ha desembolsado la de Irlanda, donde el máximo establecido fueron 300.000 euros. La media europea está establecida en 35.000 euros. Si se aplica este último dato y el recuento de unas 2.000 víctimas que reconocen los obispos en sus informes, la posible factura a la que se enfrenta es de unos 70 millones. Cabe destacar que el número de afectados es mayor que el difundido por la CEE. La contabilidad de este periódico, la única a falta de una oficial, computa 2.948 víctimas y 1.571 acusados.

La implantación de este modelo de reparación llega tras la constante negativa de la CEE de hacer frente al escándalo y siete años después de que EL PAÍS pusiera en marcha una investigación sobre los casos de pederastia en el clero. El trabajo de este diario provocó, entre otras medidas, que el Congreso encomendase en 2022 por mayoría absoluta al Defensor un informe sobre la magnitud de los delitos y una batería de recomendaciones, entre las que se incluía la reparación de los afectados. Fuentes episcopales han revelado a este periódico que el papa León XIV exhortó en noviembre a la CEE durante una reunión con la comisión ejecutiva en el Vaticano a que resolvieran cuanto antes el conflicto con el Gobierno español para indemnizar a las víctimas de pederastia. El asunto llevaba atascado año y medio por parte de los obispos, que definían la propuesta del Gobierno de “un juicio condenatorio” a la Iglesia.

El estudio del Defensor ha servido de apoyo para desarrollar el convenio firmado en enero. Por ejemplo, el sistema de reparación pivotará sobre el criterio de la Unidad de Atención de Víctimas del Defensor, el equipo que habló con afectados durante la investigación que el Congreso le encomendó al organismo público. A esta evaluación se sumará la de la comisión del PRIVA (el plan paralelo e interno de reparación que desde hace un año sigue la Iglesia, sin supervisión ni garantías de cumplimiento).

“Es necesario disponer de un sistema de reparación temporal, especializado y con criterios transparentes, que garantice el reconocimiento y reparación integral a todas las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica que ya no puedan acceder a la vía jurisdiccional”, contempla el convenio firmado en enero, que señala que las asociaciones de víctimas participarán en los procedimientos.

Para que las víctimas registren las solicitudes de reparación, el Ministerio de Justicia abrirá una Unidad de Tramitación. Esta entidad, a su vez, remitirá a los afectados a la Unidad de Víctimas del Defensor, que escuchará su testimonio, estudiará el caso y elaborará “una propuesta de reconocimiento”.

Este equipo enviará un informe con esta documentación a la comisión PRIVA, que tendrá un plazo “para que manifieste su conformidad, o su oposición motivada a la propuesta”. En este punto, la Iglesia puede remitir información de dicho caso si ya lo ha investigado internamente o, dado el caso, para informar si ya ha reparado a la víctima “con el fin de evitar duplicidades”. Del mismo modo, esta documentación también se le enviará al afectado “para que exprese su conformidad o no”.

Si hay acuerdo entre ambas partes, el Defensor redactará “la declaración de la condición de víctima y su reparación con carácter definitivo y se trasladará al PRIVA para su cumplimiento y ejecución”, según aparece en el documento del acuerdo de enero. Pero en el caso de que hubiera disconformidad, el organismo público convocará a la Comisión Mixta para la Resolución de Controversias, un equipo compuesto por miembros designados por el ministerio, el Defensor y la Iglesia para deliberar y “alcanzar un acuerdo unánime”.

Si aún así no hay acuerdo, habrá un último intento. En caso de que finalmente no haya consenso, el Defensor del Pueblo adoptará una resolución definitiva. La institución eclesiástica responsable del agresor (diócesis, orden o congregación religiosa) deberá cumplir con las reparaciones que se fijen. Si alguna de estas se niega, la CEE y la CONFER se harán cargo de los pagos o de ejecutar las medidas.

Y es que el convenio que la Iglesia y el Gobierno firmaron en enero señala que se prevén diversas formas de reparación: “de carácter restaurativo y simbólico del daño causado”, “de reparación psicológica y/o psiquiátrica con profesionales de elección de la víctima y que podría, en su caso, extenderse a su familia”, de “reparación moral del daño causado” o “cualesquiera otras formas de reparación que se puedan plantear en el marco de dicho convenio”.

En ese documento, el ministerio también se comprometía a promover “las modificaciones precisas para la aplicación de exenciones fiscales a las reparaciones que se reconozcan a todas las víctimas”. Este periódico desveló el 20 de noviembre que una víctima descubrió que después de recibir la indemnización tenía que tributar por ella. La ley española establece que para que una indemnización esté exenta de impuestos tiene que ser judicialmente reconocida. En la gran mayoría de los abusos sexuales de la Iglesia no hay resolución porque los casos están prescritos.