La jueza ordena a Adif que no actúe sin permiso en los cinco kilómetros alrededor del punto del siniestro de Adamuz

El gestor de la infraestructura ferroviaria Adif tiene ya claro, por imposición de la jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), cuáles son las limitaciones para trabajar en el tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla a su paso por la localidad cordobesa de Adamuz. Allí, en el kilómetro 318 en dirección Madrid, tuvo lugar el 18 de enero el trágico accidente entre un tren de Iryo y un segundo de Renfe que dejó 46 víctimas mortales. Adif no puede actuar con libertad de movimiento en algo más de cinco kilómetros de trazado, entre los puntos kilométricos 321,098 y 315,974, donde la jueza ha levantado todo un cerco al administrador de las vías. Se trata de una zona sensible para la investigación, cuya hipótesis central se basa en que el descarrilamiento del Iryo, ocasionando la posterior colisión del Alvia, se produjo por una rotura de vía en el punto kilométrico 318,681.

La jueza Cristina Pastor responde a un requerimiento previo de Adif para que aclarara diversos conceptos de la providencia que dictó el pasado 4 de marzo. Entonces, la magistrada amonestó a la compañía pública por su pretensión de cambiar 36 metros de carril, en la noche del día 3 al 4 de marzo, en el kilómetro 317,264 de la vía 2 (sentido Madrid), a centenares de metros del punto negro. Adif dio aviso al juzgado con dos días de antelación, y la respuesta fue fulminante: Pastor requirió a la firma dependiente del Ministerio de Transportes que se abstuviera “de realizar tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria, tramo de Adamuz, sin preaviso a este órgano judicial con quince días de antelación a su fecha de realización y condicionada la realización de los trabajos a previa autorización judicial”. A raíz de esta intervención judicial Adif reclamó a la jueza que delimitara exactamente a qué se refiere con el “tramo de Adamuz”, y qué tipo de labores están sujetas a un permiso expreso desde el tribunal de Montoro.

Pastor Recover indica en su última providencia, con fecha de este jueves, que la delimitación territorial del “tramo de Adamuz” se “hace extensiva desde el punto kilométrico 321+098 al 315+974”. También explica que el concepto de tareas de mantenimiento, de las que Adif debe informar, debe entenderse como “toda actuación que implique intervención y/o alteración material sobre las instalaciones o cualquier elemento material de la vía que compone la red ferroviaria, quedando excluidas las actuaciones de control, vigilancia y supervisión de la infraestructura que resulten necesarias para garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria que no impliquen intervención material”.

Sobre el preaviso de 15 días y la previa autorización judicial, “no serán necesarios para aquellas actuaciones cuya ejecución requieran una intervención inmediata por motivos de seguridad cuya naturaleza impida cumplir con el plazo de preaviso, sin perjuicio de que se deberá dar inmediata cuenta al órgano judicial así como de los motivos que hubieran impedido en su caso la notificación previa”.

La jueza Pastor, nueva en la plaza de Montoro, exige además explicaciones a Adif. Quiere saber en un plazo de diez días si las actuaciones de mantenimiento que iba a realizar el 3 de marzo, con la citada sustitución de 36 metros de carril, “fueron o no ejecutadas, y para el caso de haber sido ejecutadas informe en que consistieron los trabajos realizados y si existió o no acopio y/o retirada de material, lugar de ubicación/depósito y actuaciones realizadas sobre el mismo”.

El antecedente de este choque entre Adif y la instructora del caso de Adamuz viene de primeros de febrero, cuando Pastor recriminó a la responsable de la infraestructura, mediante una providencia fechada el 10 de febrero, que recogiera muestras de carril y soldaduras en la noche del 22 al 23 de enero, cuatro días después del siniestro y cuando los técnicos de la investigación habían dado por cerrada la recolección de pruebas. Adif no pidió permiso ni para la extracción de piezas de carril y soldaduras, en una zona que no estaba acordonada, ni para su traslado a su base de mantenimiento en Hornachuelos (Córdoba). Ese material fue analizado por su empresa participada Redalsa y, posteriormente, precintado por la Policía Judicial.

Una vez abierto al tráfico ferroviario, el tramo de Adamuz precisa actuaciones que son “propias de las tareas de mantenimiento de la red ferroviaria”, argumentó Adif ante la jueza en su aviso a Pastor sobre su intención de realizar obras. La empresa anticipó que el carril retirado “quedará debidamente custodiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos a disposición de cualquier autoridad o investigación que lo pueda requerir”.

La jueza Pastor Recover, que tomó las riendas del juzgado de Montoro y también del caso de Adamuz el pasado 6 de febrero, de manos de la jueza sustituta Carmen Troyano, tiene bajo lupa la actuación de Adif. Más allá de la recogida de fragmentos de raíl o de la intención de realizar trabajos de reparación en Adamuz, el juzgado va a analizar la integridad de documentación clave presentada por el administrador de la infraestructura, como son las actas de la soldadura sospechosa de haber motivado el suceso. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) alertó a la Guardia Civil, y esta al juzgado el 24 de febrero, de retoques en la documentación con la existencia de formas fácilmente manipulables.