La deuda del Estado con Castilla-La Mancha desde hace 40 años: 3.100 metros cuadrados de instalaciones públicas pendientes

La confesión aparece en el peor lugar: el Boletín Oficial del Estado. Allí, la semana pasada, el Gobierno de España reconoce a ojos de todo el mundo que le debe al de Castilla-La Mancha 3.105,22 metros cuadrados desde hace 40 años. Es el fruto de la construcción de la España de las autonomías. A finales del siglo XX, el Estado traspasó a las distintas regiones personal, servicios, funciones y competencias. Eso debía ir acompañado, también, del uso o la propiedad de los edificios en los que se prestarían los distintos servicios a los ciudadanos. En el caso de Castilla-La Mancha, se acaban de traspasar 54,75 metros cuadrados pendientes desde 1983 correspondientes a la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital. Pero quedan muchos más pendientes: 2.434,97 desde que en 1984 se traspasaron las carreteras, 651 desde que en 1995 se traspasó la competencia en materia de casinos, apuestas y juegos; y 19,25 desde que en 1996 ocurrió lo mismo con agricultura.

“No hay un calendario (de cancelación) previsto en relación a esta deuda, pero sí estamos intentando que nos transfieran los inmuebles adscritos a los hospitales que han quedado en desuso por la construcción de otros nuevos por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM)”, indica un portavoz del Gobierno regional que preside Emiliano García -Page (PSOE), deseoso de poner al servicio de los ciudadanos todas esas instalaciones. “Los aproximadamente 3.000 metros cuadrados que le debe el Estado a Castilla-La Mancha son consecuencia de los diferentes decretos de transferencias, en las décadas pasadas, en las que se transfirieron los medios humanos y materiales del Gobierno de la Nación a la Administración regional; pero que no conllevaron los consecuentes traspasos de inmuebles aparejados a esos medios”, añade este interlocutor.

Y sobre el traspaso publicitado en el BOE a principios de marzo, precisa: “A esta fecha, el Estado no hace uso del citado 5%, razón por la que la JCCM ha estimado conveniente solicitar su traspaso, puesto que esta Administración autonómica tiene la necesidad de utilizar toda la superficie del edificio en cuestión”.

El Gobierno de España no había dado su opinión al respecto en el momento de publicación de este artículo. Sin embargo, la documentación que acompaña al acuerdo entre las dos administraciones explicita que “se ha reconocido por la Administración del Estado una deuda de superficie a favor de la comunidad autónoma, que no ha podido satisfacerse en su integridad”.

No es un caso único. Este pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó un decreto para que el País Vasco asumiera “la titularidad de la restante superficie del edificio del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, sede del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria ubicado en Barakaldo (Bizkaia)”. En paralelo se traspasaron los inmuebles, locales y el personal adscrito a las competencias de protección del desempleo.

Finalmente, un reciente caso en Madrid recuerda que hay edificios situados en el corazón de las principales ciudades de España que pueden cambiar de propiedad y función en cualquier momento.

El ‘Monopoly’ de Madrid

Así, a finales de 2025, el Gobierno de España y el de Madrid se pusieron de acuerdo para una operación inmobiliaria que parecía sacada del juego del Monopoly. En su corazón está la creación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo frente al Congreso de los Diputados, toda una zona VIP de la ciudad.

Para construirlo, el Estado necesitaba hacerse con varias plantas del edificio apetecido en la calle Duque de Medinaceli, con vistas al hotel Palace, que eran propiedad de la Comunidad de Madrid. Y para conseguirlas propuso un trato jugoso, según documentación a la que accedió este diario: pagar 1,7 millones de euros y entregar al gobierno de Isabel Díaz Ayuso una vivienda de 300 metros cuadrados que permitirá que Madrid complete la propiedad de un palacete en la calle Núñez de Balboa.

¿Cómo había llegado la Comunidad de Madrid a tener ese edificio tan apetecible?

Hay que remontarse a varios decretos de 1984 y 1989. “El Estado”, explicó entonces un portavoz del Ejecutivo central; “cedió mucho patrimonio para que las Comunidades Autónomas instalasen sus oficinas y pudieran ponerse a trabajar cuando arrancaron”. Y añadió: “Entre esas cesiones se encuentra la parte del edificio de la calle Duque de Medinaceli que ahora se recupera”.

Ahora Castilla-La Mancha espera que el Gobierno de la Nación culmine todas las cesiones de terrenos similares a esa de la capital, y que en su caso están pendientes desde hace cuatro décadas.