Cantabria modifica su ley de víctimas del terrorismo por segunda vez en tres meses en beneficio de la diáspora vasca

El Parlamento de Cantabria aprobó el pasado 23 de febrero por unanimidad una nueva modificación de la ley autonómica de víctimas del terrorismo que amplía las ayudas económicas y reconoce expresamente a colectivos que habían quedado fuera en la aplicación inicial de la norma, aprobada en 2023. Entre ellos figuran las víctimas de amenazas, extorsiones o secuestros que se vieron obligadas a cambiar su lugar de residencia, así como los herederos hasta segundo grado de víctimas fallecidas durante la tramitación de la ley. La rara sucesión de cambios, con una reforma en diciembre y otra en febrero, en el fondo refleja las tensiones entre PP y Vox por apadrinar las modificaciones.

Los ajustes, que se suman a los ya acordados en diciembre, podrían beneficiar ―según estimaciones preliminares de la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (Ascanvite)― a cerca de un centenar de personas asentadas en municipios como Castro-Urdiales o Laredo tras haber abandonado el País Vasco durante los años de mayor presión de ETA.

La reforma de febrero corrige lagunas detectadas desde la entrada en vigor de la ley en 2023 y afina aspectos que ya se intentaron resolver en la modificación de diciembre. En la práctica, permitirá que quienes fueron rechazados en la primera convocatoria ―o ni siquiera presentaron solicitud ante la previsión de exclusión― puedan ahora acogerse a las compensaciones complementarias previstas por la comunidad.

En 2024, el Ejecutivo autonómico confirmó la concesión de complementos a 35 víctimas, por un importe total que, según las cifras oficiales, alcanzó los 1,3 millones de euros. Otras 11 solicitudes quedaron fuera por defectos de forma y ocho fueron rechazadas al no encajar en los supuestos reconocidos entonces.

A comienzos de 2025, Ascanvite advirtió de la necesidad de ampliar el alcance de la ley. “En enero del año pasado llevamos un escrito a los portavoces de los grupos parlamentarios para modificar ciertos puntos”, explica Susana Ortueta, vocal de la asociación. Las propuestas incluían el reconocimiento expreso de amenazados, extorsionados y víctimas de secuestro; la inclusión de herederos y familiares de víctimas fallecidas durante la tramitación de la ley; la revisión de los requisitos de empadronamiento y la aplicación efectiva de las medidas de apoyo psicológico.

La modificación aprobada el 23 de febrero separa además en apartados distintos los supuestos de secuestro y los de extorsión y amenaza. “A los amenazados, extorsionados y víctimas de secuestro se les nombra en el preámbulo de la ley de 2023, pero luego no había un artículo donde realmente reconozcan que pueden ser indemnizados. También se ha desglosado en puntos diferentes, por un lado los secuestrados y por otro los extorsionados y amenazados”, explica Ortueta. Además, se garantiza el anonimato en la resolución de las ayudas que serán resueltas directamente por el consejero competente en lugar de por el Consejo de Gobierno.

El impacto potencial es especialmente significativo en la zona oriental de la región. “Hay gente, sobre todo en zonas como Castro Urdiales y Laredo, que estaba amenazada y se marchó a Cantabria”, afirma la vocal de Ascanvite. Se trata sobre todo de ertzainas y comerciantes que abandonaron Bilbao y otras localidades vascas y se establecieron en municipios de la comunidad vecina. “No sabemos exactamente cuánta gente, pero a bote pronto puede que unas 100 personas”, estima.

Ley de 2023

Cantabria careció durante décadas de una ley propia de víctimas del terrorismo. “Antes de la ley de 2023, no teníamos ninguna de este tipo. Se llevaba muchísimos años luchando por ella y no se llegaba a ningún acuerdo. Se intentó reiteradamente, pero no había manera”, recuerda Ortueta.

Tras su aprobación, la Ley de Cantabria 1/2023, de 5 de abril, de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo incorporó ayudas económicas complementarias a las estatales y contempló apoyo psicológico, en línea con otras comunidades. Sin embargo, su aplicación evidenció carencias al dejar fuera a perfiles que ahora sí podrán acogerse a las compensaciones.

En términos comparativos, la vocal considera que, tras los cambios de diciembre y los aprobados a finales de febrero, Cantabria se sitúa al nivel de las regiones con mayores ayudas. “Los grupos políticos han recogido el testigo y, tras las modificaciones de diciembre, han cambiado lo que han considerado necesario para realmente contemplar lo que la asociación y las víctimas queríamos”, afirma, al tiempo que reconoce la satisfacción del colectivo pese a la tardanza en concretarse.

Unanimidad pese a los reproches

El debate previo a la votación —en la que los 35 diputados respaldaron la reforma— estuvo marcado por el cruce de reproches entre Partido Popular y Vox sobre el alcance de lo aprobado en diciembre, cuando salió adelante una modificación de la norma mediante una proposición de ley planteada por Vox.

Los populares sostuvieron que la reforma actual perfecciona técnicamente el texto y aporta mayor seguridad jurídica, insistiendo en que el objetivo ha sido reforzar la protección y el reconocimiento institucional a todas las víctimas respecto a las modificaciones anteriores. La consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia, criticó a Vox por presentar una “proposición de ley hecha en una noche y a todo correr, sin informes y sin ningún trámite que garantice que cumple lo que las víctimas querían”.

Urrutia llamó a dejar atrás los “personalismos” en favor del entendimiento y “la lealtad con nuestros valores y principios”. Por su parte, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, reivindicó el papel de su formación en la ampliación de plazos y en la clarificación de beneficiarios. Además, afirmó que su apuesta por presentar la proposición en diciembre se debió al “compromiso adquirido” con las víctimas.

La modificación deberá publicarse ahora en el boletín oficial para abrir el nuevo plazo de solicitudes. Con este segundo ajuste en apenas unos meses, Cantabria amplía el alcance efectivo de su ley de víctimas del terrorismo y reconoce de forma expresa a quienes, durante años, vivieron bajo amenaza o se vieron obligados a abandonar su lugar de origen para rehacer su vida en municipios cántabros.