Las hermanas de García Caparrós confían en que el Gobierno cambie la ley para que se reconozca al joven como víctima del terrorismo

El pasado lunes, la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torrija, remitía a las hermanas del Manuel José García Caparrós —el sindicalista de 18 años que murió asesinado por la Policía mientras participaba en las manifestaciones de los andaluces a favor de la autonomía plena el 4 de diciembre de 1977 en Málaga— una carta en la que denegaba su condición de víctima del terrorismo. Para ellas, ese documento, cuyo adelanto por elDiario.es les ha molestado enormemente, se ha convertido en “la carta de la vergüenza”. “La falta de empatía y corresponsabilidad para con las víctimas, como demuestra esa carta de contestación, lo hace más grave e inhumano”, han censurado Puri, Pepi y Loli, en una nota de prensa que han publicado con motivo de la rueda de prensa que han ofrecido este viernes en Málaga en la esquina donde su hermano fue abatido por una bala disparada por un miembro de la policía armada.

“Si el problema es la ley en la que no encaja, entonces, cambien la ley. Es incomprensible que hayan pasado 20 años y no se haya avanzado nada”, explica a este diario Loli García Caparrós. La familia del joven lleva, de la mano de la Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición, todo ese tiempo peleando con las administraciones para que tanto su hermano, como otras personas que fallecieron a manos de la policía armada en los años inmediatamente posteriores a la muerte del dictador Francisco Franco, sean reconocidas como víctimas del terrorismo. “Ya está bien de palmaditas en la espalda”, se queja Joaquín Recio, vocal de la entidad, a este diario.

A lo largo de esta semana, las formaciones de izquierdas de la comunidad, para quien la figura del sindicalista siempre ha sido un símbolo del compromiso y la lucha por el autonomismo, se han movilizado para tratar de revertir la decisión de Interior, complicando el papel de la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Esa presión, precisamente en la semana en la que se celebra el Día de Andalucía (28-F), ha provocado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sugiriera el pasado miércoles que una modificación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, para incluir un artículo que se derogó en la norma anterior de 2007, podría permitir que García Caparrós fuera reconocido víctima de violencia política o persecución ideológica, una declaración potestad del Ministerio de Presidencia. Un día después, y gracias al impulso de la propia Montero, el Ejecutivo anunciaba que el próximo martes aprobará una reforma exprés de la Ley de Memoria Democrática y de la Ley de apoyo a las víctimas del terrorismo para atender a las demandas de la familia de García Caparrós.

“Vamos a confiar en que esta vez salga adelante la reforma de las leyes”, indica Loli. “Cualquier vía para el reconocimiento y reparación nos parece bien, de hecho, esa vía fue la que exploramos en 2007”, señala Recio sobre el artículo de la Ley de Memoria de 2007 que fue derogado. Ese cambio exprés que plantea aprobar el Gobierno el próximo martes deberá ser refrendado después en un Parlamento extremadamente polarizado y donde la memoria democrática y el terrorismo apenas suscitan consenso. Por eso, las hermanas apelan al presidente de la Junta de Andalucía y a su compromiso con su causa y el andalucismo, para que inste al PP a que vote a favor. “Somos todos andaluces, estaría muy mal que Moreno no les dijera a los suyos que apoyen la reforma. Esperamos que todos los partidos lo hagan”, sostiene Loli.

La familia de García Caparrós recuerda en el comunicado que a su hermano “como a muchos jóvenes más” lo asesinó un miembro de la policía armada. “Hubo un plan por parte de la ultraderecha para generar tensión y miedo. No son casos aislados, como han demostrado las tesis doctorales, los documentales, las investigaciones… Lo que hay es un manto de impunidad que llega hasta hoy”, indican las hermanas en un comunicado que han hecho público este viernes.

Polémica en el Parlamento andaluz

La portavoz del PSOE de Andalucía, María Márquez, fue quien anunció en el Parlamento andaluz, este jueves, la intención del Gobierno central de modificar las normas para que García Caparrós pueda ser reconocido como víctima del terrorismo. “A ver si le cogen el teléfono en Madrid y defiende usted la memoria de Andalucía y la memoria de Caparrós y el PP vota que sí a la modificación de ley”, le requirió la dirigente socialista al presidente andaluz, en alusión a cuando, hace unos meses, el PP nacional votó en el Congreso en contra de la desclasificación del expediente sobre el asesinato del joven malagueño, pese a que en la Cámara andaluza los populares lo hicieron a favor. “Moreno dijo que eso fue un despiste, sería mucha tomadura de pelo que volviera a pasar”, sostiene Loli.

Desde que Moreno llegó a la Junta se ha esforzado por incorporar al PP a la senda del andalucismo y entre los gestos para significarse como defensor de ese movimiento político y cultural —al que su partido siempre se había mostrado refractario— destaca su reunión en el Palacio de San Telmo con las hermanas García Caparrós en 2022. El joven sindicalista es además el símbolo del 4 de diciembre, que el Gobierno de Moreno también ha institucionalizado como el Día de la Bandera.

El dirigente popular también fue interpelado por su implicación en el reconocimiento como víctima del terrorismo del malagueño por la dirigente de Por Andalucía, Inma Nieto. Su formación había registrado este jueves una proposición no de ley para que el Parlamento andaluz instara al Congreso de los Diputados el reconocimiento como víctima del terrorismo a García Caparrós, revirtiendo la interpretación restrictiva de la ley vigente. Moreno respondió recordando que la competencia sobre esa declaración correspondía a Interior y le conminó a que su grupo se lo reclamara al Ministerio directamente, recordando que son socios de Gobierno del PSOE.

La PNL de la coalición no será necesaria tras la decisión del Gobierno central de modificar la normativa vigente. Con esta medida, no solo se permitirá reconocer la figura de García Caparrós y garantizar a su familia el derecho a una indemnización económica y acceder a ayudas y exenciones fiscales, sino que también se abre la puerta, como advierte Recio, a que otras 300 víctimas de terrorismo de Estado durante la transición puedan tener esa misma condición.

Como se indicaba en la “carta de la vergüenza” de Interior, para ser reconocido como víctima del terrorismo, de acuerdo con la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo, es necesario tener “una sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la ley”, o, en el caso de no existir un fallo judicial, “que se hayan incoado o llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos”.

Esa es la misma contestación que han recibido, como recordaba Recio, otros familiares de víctimas de la transición, como los de Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Monter que el 10 de mayo de 1981 fueron torturados y asesinados por la Guardia Civil en Roquetas de Mar (Almería), cuando se dirigían a la comunión del hermano del primero en Pechina. Primero aseguraron que se trataba de los tres etarras que dos días antes habían atentado contra el teniente general Joaquín Valenzuela; luego sostuvieron que eran tres delincuentes comunes; por último, confesaron que los confundieron con los terroristas y afirmaron que los mataron cuando intentaban huir. “Solicitamos al Estado el reconocimiento en dos ocasiones y lo denegaron exponiendo lo mismo que a la familia de Caparrós. Si se modifica la ley, lo volveremos a plantear”, indica a este diario Francisco Mañas, hermano de Juan, que recuerda que también el Parlamento de Cantabria, de donde eran los otros dos asesinados, también denegó ese reconocimiento. “Es muy complicado tratar estos temas en España y más ahora con la crispación política en la que nos vemos”, dice Mañas.