La familia de García Caparrós ya tiene los documentos para hallar a su asesino: “Esa bala fue para Andalucía entera”

Tienen dos archivadores, más de 2.000 folios repletos de información y un pendrive con audios que hasta ahora permanecían bajo secreto oficial. Una cantidad ingente de documentación de la que solo quieren un dato: el nombre de la persona que acabó con la vida de su hermano. Purificación, Dolores y Paqui García Caparrós llevan 48 años luchando para que se desclasifiquen los documentos que guardan lo que persiguen desde 1977, cuando les arrebataron a su hermano Manuel José García Caparrós. El sindicalista malagueño murió cuando tenía 18 años tras recibir un disparo de un policía durante la manifestación en favor del estatuto de Andalucía en su ciudad natal. Las tres hermanas salen este martes del Congreso con todo lo que recabó la llamada Comisión de Encuesta que en 1978 investigó lo sucedido aquel día. El suyo es todavía hoy uno de los crímenes de la Transición sin esclarecer. Ahora buscan un abogado para ver qué pueden sacar a la luz.

“Vamos a poder verlo todo, lo que no está claro es qué podemos divulgar”, dice Dolores a las puertas de la Cámara baja. Toda la información que tienen en sus manos continúa estando clasificada y saben que se pueden enfrentar a consecuencias penales si la difunden, aunque eso no les frena. “Yo no voy a guardar esos secretos otros 50 años”, explica Dolores. Purificación sigue: “Hay cosas que no se pueden difundir, pero yo el pendrive no lo voy a poner en un cuadro. Lo voy a sacar en cuanto sepa lo que hay” y añade un “lo siento” sin un ápice de remordimiento. “Nos ha dicho que nos preparemos, porque vamos a ver cosas muy emotivas”, cuentan las hermanas cuyo objetivo ahora es que el asesoramiento legal les diga cómo y hasta dónde pueden contar.

Las lágrimas con las que llegaban al Congreso las ha secado el frío de Madrid. Un frío que, según dicen, sienten las hermanas por no saber todavía lo que pasó. Lo que les contaron ese día no corresponde con la verdad. La tarde del 4 de diciembre de 1977 un hombre llamó a la puerta de su casa y les dijo que su hermano había tenido un accidente de tráfico y estaba muy grave en el hospital. En realidad, a Manuel José García Caparrós le había disparado un policía en la manifestación que reclamaba la autonomía para la región. “Esa bala fue para Andalucía entera, pero el único que no llegó a casa fue él”, cuenta Dolores en los pasillos de la Cámara Baja.

García Caparrós trabajaba en Cervezas Victoria y era sindicalista de Comisiones Obreras. Esa tarde se produjo un altercado a las afueras del edificio de la Diputación de Málaga porque su presidente se negó a izar la bandera andaluza. Fue entonces cuando un joven allí presente, Juan Manuel Trinidad Berlanga, trepó hasta el balcón para ponerla. La policía salió del edificio de la Diputación y cargó contra los manifestantes con balas de goma y botes de humo. A García Caparrós lo mató una bala que le quitaron en el hospital y hoy sigue desaparecida.

Para las tres hermanas, la herida está un poco más cerca de cerrarse tras esta pequeña victoria que hizo posible la Mesa del Congreso de los Diputados al aprobar recientemente una nueva norma sobre el funcionamiento del archivo de la Cámara, que permite consultar información clasificada sin eliminar ningún nombre. La familia comenzó la lucha de la mano de IU y Sumar recogió el testigo en diciembre de 2024. El pasado mes de enero registró otra propuesta que cambiaría la norma para que la información incluyese los nombres, ya que hasta entonces se tachaban los datos.

La decisión la ha celebrado la familia y los representantes de la Mesa del Congreso que les han acompañado a recibir los archivos. “Ha habido momentos muy oscuros en la historia democrática de nuestro país y este es uno de ellos. Dos años después del inicio del periodo democrático se asesinó vilmente a un trabajador que simplemente reivindicaba, en aquel tiempo, algo que era tan importante para nosotros como la autonomía”, afirmaba el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Arropando a la familia también estaba la vicepresidenta tercera del Congreso, Esther Gil, que ha hecho hincapié en que esto abre una nueva etapa en la reclamación de apertura de expedientes que “todavía están ocultos”.