La mayoría de las autonomías ya presta ayuda psicológica a los profesores ante el deterioro de su salud mental

El desgaste de la salud mental de los niños y adolescentes tiene consecuencias sobre el estado psicológico del profesorado. Para ayudar a los docentes con la gestión diaria de sus emociones y las de los estudiantes, cada vez más autonomías prestan atención psicológica y jurídica para lidiar con los problemas en el aula. Ya son 13 las comunidades que disponen de servicios gratuitos que ayudan a gestionar los casos más complejos de acosos y suicidios de alumnos, para así frenarlos a tiempo. Andalucía y Aragón han sido las últimas en sumarse, este mes, mientras que Galicia prepara una ley para contar en 2026 con psicólogos y juristas especializados en el ámbito escolar.

Entre las 13 regiones que ayudan a paliar el estrés mental destaca Castilla y León, que lo hace desde 2018. Más tarde han incorporado el servicio Canarias, Cataluña, Asturias, Murcia, Extremadura, País Vasco, Navarra, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, y ahora Aragón y Andalucía. Esta última comunidad, donde tres chicas han muerto este otoño, ha creado su unidad de apoyo al profesorado este diciembre, después de las peticiones de los sindicatos educativos. Galicia también prevé tenerla en 2026, mientras que Baleares y La Rioja no la contemplan. La Comunidad de Madrid no ha respondido a este diario.

El trágico caso de las dos jóvenes, de 15 y 16 años, que aparecieron muertas el 29 de noviembre en Jaén, se sumo al suicidio de Sandra P., la joven sevillana que se quitó la vida a mediados de octubre tras haber denunciado acoso. Los dos institutos en los que estudió una de las dos adolescentes de Jaén tenían abierto un protocolo por autolesiones. A la espera de los resultados de la investigación policial, este caso constata la herida que se expande en las aulas, destroza familias y genera problemas mentales a unos profesores que no están preparados para afrontar estas situaciones.

“Hay un aumento brutal en el número de casos y el docente está sobrecargado: ahora debe ser además de profesor, receptor de problemas de salud mental, de ideaciones suicidas y estar alerta para la convivencia. Ante la mínima sospecha, tenemos que ser investigadores para detectarlo, no solo damos clases. Estamos todo el día hablando de salud mental y los docentes se convierten en superhombres y supermujeres que padecen ellos mismos los problemas”, considera Diego Arroyo, coordinador de la nueva unidad de apoyo al docente del Gobierno de Aragón. Un equipo multidisciplinar de 18 psiquiatras, inspectores educativos, orientadores, psicólogos, enfermeros y directores de centro prestan ayuda a 27.000 profesores de educación primaria y secundaria.

Aragón ha pasado de 247 protocolos por ideación suicida a principios del curso pasado a 381 ―un 54% más―; y de 104 protocolos por acoso ha subido a 169 entre sus 150.000 niños y adolescentes. Mientras, Canarias tuvo 14 casos de agresiones, amenazas o coacciones el curso 2023-2024, que se elevaron a 25 el curso pasado. Solo en este inicio de curso sus docentes han abierto 1.018 protocolos por intentos de suicidio y 424 por acoso y ciberacoso, según los datos oficiales.

En Aragón, casi la mitad de los docentes considera su trabajo muy estresante y el 40% sufre agotamiento profesional o baja motivación ante una falta de reconocimiento social de la profesión en unas aulas con alta conflictividad, según datos facilitados por el Gobierno autonómico aragonés.

Cristina Bermejo, asesora técnica de la Consejería canaria de Educación, describe un empeoramiento de la convivencia en las aulas: “Ha habido un cambio en los modelos de autoridad social. La figura del docente tenía una autoridad que con el tiempo se ha menoscabado. El profesor sigue siendo una autoridad laboral, pero las familias y el alumnado no lo ven así siempre. En secundaria hay comportamientos disruptivos y es muy difícil hacer ver la restricción de móviles en las aulas”. El Gobierno canario presta ayuda psicológica a sus 30.000 docentes desde 2022, pero ahora prepara una ley de autoridad del profesorado que reforzará su equipo de especialistas.

Los profesores y directores de colegios e institutos se sienten desbordados: cada semana registran nuevos casos de alumnos con ideaciones suicidas y autolesiones, otros que sufren acoso, ciberacoso o maltrato infantil, un aumento del índice de pobreza infantil... Y cada alumno conlleva un seguimiento de su caso que dura semanas o meses, y que implica un gran desgaste mental para los docentes, que abren protocolos para atajar cuanto antes las consecuencias y cuyas preocupaciones perduran fuera de la jornada laboral porque las consecuencias pueden ser fatales.

El presidente andaluz (PP), Juan Manuel Moreno, prometió en junio de 2024 en el Parlamento que en 2025 crearía una unidad de apoyo psicológico y jurídico para los profesores, y el compromiso se ha cumplido sobre la campana tras estar empantanada en el Consejo Consultivo autonómico. Eso sí, no entrará en vigor hasta dentro de unos meses, según admitió la consejera, Carmen Castillo, y la asistencia jurídica en realidad se presta ya desde 2007.

Mientras, los casos se suceden y parte de los 130.000 docentes andaluces están desbordados ante el aluvión de problemas emocionales que fomentan las redes sociales entre sus alumnos. “Necesitamos personal experto en salud mental para gestionar estos protocolos: psicólogos, trabajadores sociales y otros sanitarios. Cuando surge un problema es necesario solventarlo, pero no basta con la dirección del centro, hace falta inversión”, protesta José Madero, del sindicato Asadian.

El objetivo del Gobierno aragonés con su nueva unidad de apoyo es la mejora emocional de los profesores, y prestarles asesoría jurídica. “No trabajan en una fábrica de tornillos, sino con personas y tienen constantemente los problemas en la cabeza. Antes el docente se preocupaba de dar bien su clase, ahora ha llegado la tormenta perfecta de todos los problemas de la sociedad reflejados en el aula. Y encima vemos cómo la sociedad subraya que disfrutan de tres meses de vacaciones, cuando tienen muchísimas atribuciones y preocupaciones externas”, concluye Arroyo.