Castilla y León permite que fondos de inversión cobren sobrecostes a 351 beneficiarios de VPO

Varios beneficiarios de Viviendas de Protección Oficial (VPO) han denunciado a EL PAÍS que la Junta de Castilla y León (PP) permite que paguen sobrecostes mensuales por sus inmuebles, propiedad de un fondo buitre. La Dirección General de Vivienda ha recibido varios informes oficiales de funcionarios alertando de esta anomalía, derivada de sistemas de cálculo erróneos por parte de este departamento, pero no ha reaccionado pese a que se rebasa el precio máximo legal por estos pisos. Los agraviados, que acceden a esas VPO por su situación económica vulnerable, también están abonando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) pese a que este tributo debería cubrirlo el promotor. La mayor parte de estos beneficiarios prefiere no dar su nombre ni figurar en los medios por temor a perder su vivienda protegida, si bien por ley no se les puede retirar.

Daniel Rejón, de 37 años, habla en su piso protegido alquilado en Laguna de Duero, una localidad del alfoz de Valladolid donde hay decenas de VPO. A la vivienda, de 46 metros cuadrados y con humedades, se accede por un portal con desconchones. El hombre, con pareja y un hijo pequeño, muestra una resolución firmada por el jefe de sección de Ayudas a la vivienda y rehabilitación de la Junta, Marcial Barba, indicando que está pagando 380 euros al mes, cuota de comunidad no incluida, por un piso cuyo máximo es de 300,41 mensuales, casi 80 euros de incremento, un 26,6% extra. Además, el contrato de alquiler de Rejón incluye que él, como arrendatario, debe abonar el IBI de la VPO, otros 16,01 euros mensuales, llegando casi a 100 ese incremento ilícito, un tercio de la cifra original.

El afectado muestra el documento firmado por Barba, quien recoge que es una cláusula “contraria a derecho” porque “en los contratos de arrendamiento de las VPO de iniciativa privada, las cantidades que corresponden percibir al arrendador son las rentas iniciales o las actualizadas y los servicios prestados en la vivienda, sin repercutir el IBI”. Esta postura está avalada por una sentencia del Tribunal Supremo de 2023, que dictó que el promotor debía asumir este tributo tras un caso similar en Aragón con un fondo buitre implicado también en los 351 casos de Valladolid.

Rejón lamenta que su situación, y la de otros vecinos en contextos similares, se ha remitido a la Dirección General de Vivienda, comandada por María Pardo, ahora número uno del PP para las elecciones autonómicas, sin respuesta. Al poco de instalarse recibió una carta certificada con palabras intimidatorias: “Resolución denegatoria visado de contrato de alquiler”. Ahí salen los cuadros donde se ve que paga al mes 96,51 euros de más respecto al máximo. Él y muchos otros se asustaron, con ancianos hasta llorando: “¡Qué no nos dejan vivir aquí!”. Indagando, descubrió que según la ley autonómica de Vivienda esa carta “se notificará al arrendador y al arrendatario” y que la resolución de Barba era negativa porque el precio estaba por encima del máximo legal, pero no implicaba ni mucho menos un desahucio.

Después se comunicó con la inmobiliaria, el fondo de inversión. Estos le aseguraron que iban a presentar “un recurso” y recibió este mensaje por WhatsApp: “Obvia esa carta porque la Junta no está revisando bien. Tú tranquilo con ese tema”. Rejón contactó con Barba y este le corroboró que pagaba de más y que era irregular. También presentó una solicitud formal ante la Junta para saber si realmente había un recurso: lo hizo en noviembre y sigue sin respuesta, pese a llamar y escribir constantemente, pero pagando igualmente esos 96 euros extra. Él reside allí desde junio de 2025, de modo que hasta ahora ha abonado unos 1.000 euros de más. Hay vecinos, añade, que llevan más tiempo en esos bloques y en su misma situación: “Tenían miedo de que los echaran, se callaron y siguieron pagando”. Rejón cobra 15.870 anuales: ha destinado un 7,5% de sus ingresos en estos meses a los sobrecostes del fondo buitre.

EL PAÍS se ha dirigido a Barba, quien señala que en Valladolid hay 351 casos de viviendas de protección pública en alquiler como el de Daniel Rejón sin contestación de la Dirección General. El funcionario achaca estos precios inflados a que “la Junta realizaba las Resoluciones de Visados erróneamente”. A continuación explica que desde 2012 “se calculan con un criterio equivocado los precios de alquiler” incluyendo al alquiler inicial máximo autorizado un IPC que no es aplicable, “parámetro causante del mal cálculo de los Visados”. El técnico precisa que al principio “los precios de mercado eran menores que los precios máximos de las VPO, así que no pasó nada”. No hubo sobreprecios hasta 2017 pero desde marzo de 2019 se han mantenido esos constantes sobreprecios, detalla, algo de lo que alertó en 2022. El informe que envió a la Dirección General, añade, avisaba de estos sobreprecios e instaba a que Vivienda actuara, algo que no ha ocurrido en cuatro años. Entretanto, los afectados pagan extras de entre el 15% y el 30% sin que muchos, indica Barba, se hayan percatado o, de hacerlo, prefieran callarse por miedo a perder la VPO.