La intrahistoria de la decisión de Sánchez de no “mirar a otro lado” para evitar que España fuera arrastrada a una guerra ilegal

El pasado fin de semana fue caótico, según admiten fuentes gubernamentales. Las noticias que llegaban del otro lado del Atlántico eran ambiguas, si no contradictorias. El presidente estadounidense, Donald Trump, emprendía una guerra que ha incendiado Oriente Próximo desde su residencia privada de Mar-a-Lago, con un reducido grupo de colaboradores, mientras los Estados Mayores y altos funcionarios del Pentágono esperaban instrucciones en Washington. El Gobierno español no fue avisado de la inminencia del ataque. Tampoco lo fue ninguno de los aliados, incluida la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la más afín a Trump, cuyo ministro de Defensa, Guido Crosetto, quedó atrapado en Dubái, donde pasaba un fin de semana familiar. La negociación que estadounidenses e iraníes mantenían en Ginebra sobre el programa nuclear en Teherán parecía encarrilada hacia un acuerdo. Hasta que empezaron a caer las bombas.

El Gobierno español podía haber ”mirado a otro lado”, señalan fuentes militares, como hizo en junio del año pasado, cuando Estados Unidos e Israel atacaron instalaciones del programa nuclear iraní. Entonces, bombarderos B-2 fueron reabastecidos en vuelo por aviones cisterna desplegados en la base de Morón de la Frontera (Sevilla). La operación de suministro de combustible se efectuó, tanto el viaje de ida como el de vuelta, sobre aguas del Atlántico, tal como contó EL PAIS.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo entonces que EE UU estaba usando las bases españolas “dentro de los límites y de acuerdo” con el convenio entre los dos países, que data de 1988. Los aviones KC135 que abastecieron en vuelo a los B-2 estaban desplegados en España y no superaba el máximo previsto en el tratado (15 aparatos), por lo que no tuvieron que pedir permiso para despegar y aterrizar; solo presentar un plan de vuelo y cumplir con el reglamento de circulación aérea. “Nos dicen a dónde van los cisterna, pero no el destino de los aviones a los que suministran combustible”, alegan fuentes militares. No te lo pregunto, no lo cuentes. Aquel bombardeo, que según Trump destruyó “completa y totalmente” la capacidad nuclear iraní, solo duró unas horas y el tema quedó olvidado.

El pasado fin de semana la situación fue muy diferente. Ya no se trataba de un ataque relámpago, sino del inicio de una guerra a gran escala con efectos desestabilizadores en todo el mundo que carecía de respaldo jurídico. Aunque la docena de aviones KC-135 desplegados en las bases de Morón y Rota estaban dentro del límite previsto, el Gobierno no quiso verse envuelto en un conflicto ilegal en su origen e incierto en el resultado. Apeló al artículo 2 del convenio de defensa con Estados Unidos que, en contra de lo que ha asegurado Trump, señala que cualquier uso de las bases que vaya más allá del ámbito bilateral o multilateral , en alusión a la OTAN, “exigirá la autorización previa del Gobierno español”. Además, según el procedimiento operativo para la autorización de escalas y sobrevuelos, los vuelos reabastecimiento se incluyen en la categoría de “especiales”, que no solo abarca los bombarderos (B-1, B-2, B-52) sino también a las aeronaves que realizan misiones de “apoyo al combate”. En estos casos, las solicitudes deben presentarse ante el Comité Permanente Hispano-Norteamericano, que se encarga de la gestión diaria del convenio, con al menos 48 horas de antelación.

La negativa española a permitir el uso de Rota y Morón en la ofensiva contra Irán provocó que, durante el fin de semana, los KC-135 desplegados en territorio español partieran rumbo a Alemania y Francia, aunque solo este jueves reconocieron las autoridades francesas que habían autorizado el uso de la base de Istres‑Le Tubé, a donde se dirigieron varias aeronaves salidas de España.

Eso no quiere decir que aviones estadounidenses de transporte militar hayan dejado de operar en Rota y Morón. Las tropas norteamericanas en Europa ascienden a unos 80.000 efectivos en una treintena de bases —la mayoría en Alemania, Italia y Reino Unido— y el tránsito de suministros desde el otro lado del Atlántico es continuo. Según el convenio, los aviones que prestan apoyo logístico a estas tropas americanas pueden sobrevolar y hacer escala en España con un permiso de duración trimestral. Las autoridades españolas autorizan sus planes de vuelo pero no pueden saber, admiten fuentes militares, si tras llegar a su destino declarado emprenden un nuevo viaje. En todo caso, los transportes de munición o material peligroso también se catalogan como “vuelos especiales” y deben ser autorizados caso por caso.

Diferente es la situación de los cinco destructores antimisiles de la clase Arleigh Burke destacados en la base naval de Rota. Tres de ellos ―el USS Oscar Austin, el USS Roosevelt y el USS Burkeley― se han desplegado en el Mediterráneo Oriental para proteger a Israel de los misiles y drones lanzados en represalia por Irán. Según fuentes militares, fue el primero de ellos, el USS Oscar Austin el que interceptó el misil balístico lanzado el miércoles contra territorio de Turquía, cuya autoría ha negado Teherán. Fuentes militares admiten que España no puede controlar la misión de estos buques, ya que esta puede cambiar una vez que zarpan del puerto de Rota; pero alegan que, dada su especialidad (defensa antimisiles), es improbable que se les asignen tareas de carácter ofensivo.

El PP ha lanzado una campaña en la que acusa al Gobierno de mentir cuando asegura que no está colaborando en la guerra contra Irán y pone como prueba el envío a Chipre de la fragata Cristóbal Colón, cuya misión es proteger al país más oriental de la UE de los ataques lanzados desde Líbano por la milicia chií Hezbolá, aliada de Irán. Se trata de una repetición de la denuncia que ya hicieron los populares tras la cumbre de la OTAN en La Haya, en julio pasado, cuando aseguraron que Pedro Sánchez ocultaba a la opinión pública que se había comprometido a dedicar el 5% del PIB al gasto militar. Ni siquiera el desmentido del propio Trump, acusando a Sánchez de no de colaborar en el ataque a Irán y de “no pagar lo que debe” en la OTAN, han llevado al PP a rectificar.

Solo en una ocasión se ha autorizado a EE UU a realizar misiones de ataque partiendo desde las bases españolas. Fue en enero de 1991, bajo el mandato de Felipe González, cuando despegaban de Morón los B-52 que bombardeaban Irak durante la primera guerra del golfo. En 2003, el Gobierno de Aznar permitió que los B-52 fueran reabastecidos en vuelo por aviones cisterna desplegados en Morón sobre ciudades como Bilbao, Pamplona o Barcelona, lo que ahora está rigurosamente prohibido. Aunque no se supo hasta años más tarde, Aznar también autorizó en 2001 que hicieran escala en España vuelos con prisioneros capturados en Afganistán y conducidos a la prisión ilegal de Guantánamo, en Cuba. Por el contrario, en 1996, Felipe González prohibió el sobrevuelo de los F-111 que atacaron Trípoli (Libia), lo que obligó a los bombarderos salidos de bases británicas a rodear la Península. Más recientemente, el año pasado, el Gobierno denegó el permiso para que hicieran escala en bases españoles los F-35 vendidos por EE UU a Israel.