Detenido un exalto cargo de Transición Ecológica por aceptar mordidas a cambio de autorizar proyectos renovables

El ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, ha sido detenido este martes en el marco de una operación de la Guardia Civil por las irregularidades en la tramitación de los permisos medioambientales a proyectos de energías renovables. Según el instituto armado este ex alto cargo habría “podido influir de manera irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales” para ese tipo de proyectos en la provincia de Teruel. A cambio habría recibido “una contraprestación económica”. En el centro de esta operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Teruel en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel, está la empresa Forestalia.

Fuentes de la investigación apuntan a que en el transcurso de la operación se ha detenido a otras cinco personas vinculadas a esta trama. La Guardia Civil ha añadido en un comunicado de prensa que se investigan presuntos delitos de “prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal”. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias.

Agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), adscrita al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, han sido los encargados de ejecutar la operación de este martes, que ha incluido diez registros en Madrid y dos más en Zaragoza, incluidas las sedes de Forestalia.

Desde el instituto armado se ha precisado que esta causa tiene su origen en la posible “manipulación” de declaraciones de impacto ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos que habría beneficiado presuntamente a Forestalia. Según la investigación, para “mover” y ocultar el origen del dinero que presuntamente recibía el ex alto cargo por sus favores “los investigados habrían utilizado varias sociedades interpuestas, así como, presuntamente, a la intervención de un fedatario público en la formalización de documentación vinculada a las operaciones bajo investigación”.

Más allá de ese presunto cobro de comisiones, la investigación examina también si la tramitación ambiental tuvo en cuenta de forma adecuada los posibles efectos sobre el entorno, “tales como la afección a la avifauna y quirópteros, el impacto paisajístico o la alteración de hábitats y usos del suelo”.

Este es el segundo registro que se realiza en las sedes de Forestalia en pocos meses, después de que el pasado 11 de diciembre acudieran a la sede agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Entonces, se llevó a cabo en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional, un día después del arresto de la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.