Peramato asienta su autoridad en la Fiscalía General del Estado

Los 17 nombramientos efectuados este viernes por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, confirman que ha ejercido la autoridad que supone este cargo, con la designación de fiscales de su confianza para puestos clave. Pero ha tratado de compensarlo con otros que pudieran ser bien recibidos por la conservadora Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera. El acuerdo pleno era inviable, ya que esta asociación promocionaba a miembros de la carrera fiscal muy significados por las vicisitudes de la causa del procés. Es el caso de Consuelo Madrigal, ex fiscal general nombrada por el Gobierno del PP, y de Jaime Moreno, que no han obtenido las jefaturas de dos de las cuatro secciones de lo Penal del Tribunal Supremo, a las que aspiraban.

En medios de la propia AF se admite que no cabe sorpresa alguna por esta decisión. Desde la óptica del nuevo equipo de Peramato, es lógico que, en una carrera jerárquica, como es la del ministerio público, se busque asegurar la mejor comunicación con los fiscales jefe en una Sala del Supremo que, como sucede con la de lo Penal, lleva asuntos de la mayor trascendencia pública, entre ellos los que afectan a aforados, que lo son en virtud de los cargos públicos que desempeñan.

Durante la instrucción y juicio de la causa del procés ya se vio la conflictividad que deriva de la inexistencia de dicha relación de confianza. La exfiscal general María José Segarra –que renueva su mandato como fiscal de sala de personas con discapacidad y mayores– intentó que los cuatro fiscales que intervenían en el caso calificaran los hechos como constitutivos del delito de rebelión –que era su posición original–, pero que al mismo tiempo ofrecieran como calificación alternativa la del delito de sedición. Y no lo consiguió. En la propia Fiscalía se pone el caso como ejemplo de las disfunciones que genera la falta de sintonía entre el o la fiscal general y su equipo más inmediato.

Para tratar de garantizarse que situaciones así no se repetirán, Peramato ha premiado a colaboradores del anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz, que con su marcha liberan puestos que quedan disponibles para cubrirlos con fiscales de su plena confianza. Así, las tres jefaturas de lo penal citadas estarán en manos de Ana García León, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María Farnés, no asociada y hasta ahora fiscal superior de Canarias, y José Javier Huete, de perfil conservador y que queda renovado en el cargo.

El reto de las dos primeras está en demostrar que no es un inconveniente que carezcan de experiencia en materia de casación. Esta es la crítica con que el sector conservador ha recibido su designación. Peramato, a su vez, tendrá que completar el círculo de sus colaboradores más estrechos en la Secretaría Técnica de la Fiscalía, laboratorio y estado mayor del Ministerio Público. Por lo pronto, ya ha nombrado para dirigirla a Julio Cano, hasta enero último fiscal superior en Baleares. Y por lo pronto, con las últimas designaciones, ya ha asentado su autoridad.