La Cumbre, el edificio de San Sebastián donde fueron torturados Lasa y Zabala, será un centro de memoria

El Ayuntamiento de San Sebastián ha comenzado a dar los primeros pasos para lograr la cesión del palacio La Cumbre, en pleno centro de la ciudad, un edificio que pretende abrir al público después de permanecer cerrado durante muchos años y transformarlo en “un centro de memoria basado en los criterios de justicia y reparación”. El Gobierno central ya ha dado el visto bueno a la definitiva desafectación de una finca que encierra un pasado negro y siniestro: aquí fueron encerrados y torturados los etarras Lasa y Zabala por agentes de la Guardia Civil en 1983, antes de ser ejecutados y enterrados en cal viva en Busot (Alicante). Sin plazos claros todavía, el consistorio ha avanzado esta semana que ahora arranca el proceso para consumar el traspaso de La Cumbre y su conversión en un espacio memorialístico y en “un referente de verdad, justicia y reparación”.

Unos gruesos muros de gran porte y un portón de madera acorazada mantienen aún La Cumbre cerrada a cal y canto. Es un recinto absolutamente desconocido para los donostiarras. El Ejecutivo central, su actual propietario, apenas ha hecho uso de este edificio, salvo en contadas ocasiones para dar alojamiento temporal a alguna autoridad. El Ayuntamiento quiere acabar con esta sombra de misterio que rodea al edificio y quiere abrirlo a la ciudadanía como un lugar de memoria. En Euskadi ya hay otros espacios públicos dedicados a la divulgación del pasado reciente y evitar que se repita la amenaza terrorista. En Bilbao, el Gobierno vasco gestiona el Instituto Gogora, dedicado a la memoria, la convivencia y los derechos humanos. En Vitoria se encuentra el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, una fundación adscrita al Ministerio del Interior.

La Cumbre tiene el máximo grado de protección urbanística, el mismo que la catedral del Buen Pastor, la Casa Consistorial o el Peine del Viento de Chillida, por ejemplo. Es una finca de 17.600 metros cuadrados que cuenta con varias dependencias: una casa principal con sótano, dos plantas y desván, un pabellón contiguo con bodega, planta baja y azotea, una casa para el jardinero con cuadra y cochera, una quesería... además de dos fuentes naturales y jardines.

Según el inventario urbanístico municipal, los primeros datos de la casa datan de 1892 y fue propiedad del duque de Tovar. En 1994 fue adquirido por el Estado y su última rehabilitación se realizó en 1987 para destinarla a “residencia temporal de altas personalidades”. Unos años antes, en 1981, los reyes Juan Carlos I y Sofía hicieron noche ahí tras amueblar varias estancias con muebles traídos del palacio de Miramar. La parcela se desafectó en 1999 del Ministerio del Interior y pasó al de Administraciones Públicas. En 2003, el Gobierno de Aznar lo declaró bien de interés cultural con la categoría de monumento.

Al lado de La Cumbre, a unos 200 metros de distancia solamente, el Ayuntamiento donostiarra gestiona la denominada Casa de la Paz y los Derechos Humanos, ubicada en el Palacio de Aiete. Esta mansión fue residencia de verano del dictador Francisco Franco y en octubre de 2011 acogió la “conferencia internacional para promover la resolución del conflicto en el País Vasco” que precedió a la declaración de ETA en la que anunciaba el cese definitivo de su actividad armada. La Casa de la Paz destaca, entre otras actividades, por promover la colocación de placas (37 en total) en los puntos de la ciudad donde fueron asesinadas víctimas de ETA o de otros grupos parapoliciales.

La clave es definir cuál va a ser el destino que se le va a dar a La Cumbre como lugar de memoria. Eso quedará para el debate político. Hasta el momento, solo el PP se ha mostrado contrario a transferir La Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián: “Es un intento de eliminar cualquier símbolo de lo que significa la presencia de España en San Sebastián”, llegó a afirmar el concejal popular Jorge Mota hace solo dos años. El resto de los grupos políticos se han felicitado por las gestiones que han desembocado en la aceptación del Gobierno central de ceder el edificio. Aunque en esto también ha habido fricciones.

EH Bildu se jacta de haber desatascado definitivamente el traspaso de La Cumbre al incluirlo como una exigencia al Gobierno de Pedro Sánchez para apoyar la ley de Memoria Democrática en 2022. El PNV se arroga el mérito de lograr, con su insistencia en estos últimos tres años, la materialización de la cesión del inmueble y sus instalaciones. Y el PSE-EE pone en valor la decisión del Gobierno socialista de incluir La Cumbre en el futuro catálogo de centros de memoria democrática.

La disputa política se centrará en adelante en los usos que tendrá La Cumbre y sobre el proyecto memorialístico que se acordará en el consistorio donostiarra. La izquierda abertzale se decanta por convertirlo en una sede dedicada a rememorar las “graves violaciones de derechos humanos cometidos en el País Vasco por grupos parapoliciales y las Fuerzas de Seguridad del Estado”. Así consta en el proyecto que presentaron públicamente varias asociaciones en enero de 2025. La fundación Egiari Zor, la sociedad de ciencias Aranzadi y asociaciones como Argituz, Mikel Zabaltza Ekimena y Berridatzi defienden un proyecto cuyo “eje vertebrador” sea “la reparación y el reconocimiento público de las víctimas del Estado”.

Estos colectivos plantean adecuar el palacio sometiéndolo a una transformación total: No se puede obviar que la percepción social sobre La Cumbre como fortaleza inaccesible, bunkerizada, rodeada de muros, alambradas, cámaras… está instalada en el imaginario colectivo. Esta imagen debe ser transformada con una intervención arquitectónica y paisajística que permitiera “derribar” (aunque sea parcialmente) esos muros físicos y metafóricos”, señalan en su proyecto.

De forma paralela, el Gobierno de Navarra ha culminado el procedimiento para convertir el Fuerte de San Cristóbal, en Pamplona, en un centro de memoria. Con el fin de declararlo como tal, la presidenta autonómica, María Chivite, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, firmaron a finales de enero pasado un protocolo que permitirá crear en el antiguo presidio de la dictadura franquista un espacio para la “recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria y el desarrollo de actividades en torno a ella”. El fuerte, propiedad del Estado y Bien de Interés Cultural, fue centro de represión franquista, por el que pasaron alrededor de 5.000 personas y donde tuvo lugar en 1938 la mayor fuga carcelaria de Europa, que acabó con más de 200 presos asesinados. Su transformación como espacio memorialístico también fue incluido en el paquete de exigencias de EH Bildu para aprobar la ley de Memoria Democrática.