El director de la Policía reúne a los altos mandos para abordar la crisis tras la dimisión del jefe policial por una supuesta violación

El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha convocado a los mandos del cuerpo para abordar la crisis interna después de que el ex director adjunto operativo (DAO) José Ángel González dimitiera a última hora de este martes después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una querella de agresión sexual que presentó una de sus subordinadas. Según han confirmado fuentes policiales a EL PAÍS, Pardo se ha reunido en el complejo de Canillas (Madrid) con la Junta de Gobierno de la Policía, compuesta por todos los comisarios y jefes de división del cuerpo. Ha explicado que será la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, la comisaria Gemma Barroso, la que se quede de DAO de forma interina.

La versión que ha mantenido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desde este miércoles por la mañana es que ni él ni Pardo conocían la supuesta violación cometida por el número dos de la Policía Nacional a una inspectora del cuerpo el pasado mes de abril de 2025. Si lo hubiéramos sabido, hubiéramos pedido la renuncia como se hizo ayer”, ha manifestado el titular del Ministerio.

La dimisión de José Ángel González, conocido dentro del cuerpo como Jota, se precipitó a última hora de este martes después de que se conociera una investigación en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid por la que el comisario ha sido llamado a declarar el próximo 17 de marzo. La denunciante le acusa de delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Según el relato de los hechos que expone su abogado, Jorge Piedrafita, la agente —que había mantenido una relación afectiva con el DAO— fue conducida a su “vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior”, donde el González la agredió sexualmente.

En la querella, la inspectora de la Policía asegura que el ex director adjunto operativo del cuerpo se valió de su “autoridad” para cometer la presunta agresión que le “causó lesiones”. También denuncia que fue “coaccionada” de forma directa por González e indirecta por “otros altos cargos policiales” para que “no denunciara”. De hecho, solicita que el comisario Óscar San Juan, que ejercía hasta ahora como mano derecha del alto mando y que también ha sido apartado este miércoles de su puesto, declare como testigo. Según precisa, dichas presiones la han llevado a estar de “baja psicológica con la retirada del armamento e incapacidad médica para la prestación del servicio”.

Pardo tenía en su agenda este miércoles una visita al complejo de Canillas con el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, que quedó anulada tras estallar el escándalo. El director de la Policía lleva horas, según varias fuentes policiales, reunido con la cúpula de los uniformados para abordar este asunto, si bien aún no han trascendido detalles del contenido de la reunión.

El director de la Policía ha explicado a los mandos que Gemma Barroso, que fue la última jefa que tuvo la denunciante en la división de Recursos Humanos, se hará cargo de la DAO de forma interina. Es el relevo natural, según explican fuentes policiales, hasta que el Gobierno nombre al sucesor o sucesora de forma oficial.

Desde el Gobierno han defendido este miércoles la actuación del Ministerio. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha incidido en rueda de prensa desde la India se actuó de inmediato y se exigió la renuncia del mando policial. Así, ha recalcado que se han dado pasos “con contundencia, coherencia y empatía con la víctima”. Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que “Marlaska hizo lo que tenía que hacer”; mientras que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado que el titular de Interior ya “dado explicaciones” y González “ya no está en su cargo”.

El PP, sin embargo, ha reclamado la dimisión de Marlaska y ha acusado al Ejecutivo de “proteger” al ex jefe de la Policía y de “tapar” la agresión sexual. El ministro ha amenazado desde su escaño en el Congreso con denunciar a quien insinúe que encubrió el caso: “No voy a asumir calumnias de este tipo”. También ha contestado a los populares que solo dimitirá si la denunciante no se ha sentido protegida: “Si la víctima cree que le he fallado, dimitiré”.