El juez pide a Interior que le informe de todos los viajes de Begoña Gómez y su asesora desde 2018
Peinado quiere saber si fueron desplazamientos institucionales o para cuestiones privadas

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido al Ministerio del Interior que en un plazo “improrrogable” de diez días le envíe información sobre los viajes realizados por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, desde julio de 2018 hasta ahora. Quiere saber si viajaron a República Dominicana, Guinea Ecuatorial o Rusia (entre otros países) y si lo hicieron de forma “institucional” o para cuestiones privadas. Así consta en una nueva providencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que el instructor adelanta que dichos datos serán analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para la elaboración de un próximo informe.
En la resolución, el titular de la plaza número 41 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Madrid (antes conocido como Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid) también alerta a Presidencia del Gobierno de que tiene el mismo plazo “improrrogable” para remitir al juzgado “copia de los correos electrónicos recibidos y enviados” por Gómez desde julio de 2018 (cuando se contrató a Álvarez) hasta ahora, que solicitó ya el pasado septiembre.
Así, avisa a Presidencia y a Interior de que si no facilitan la información reclamada en el plazo marcado podrían incurrir en un delito de desobediencia judicial. Y recuerda que ya en el pasado ha reclamado información a La Moncloa y le han contestado con “un retraso injustificado”, por lo que esta vez ve necesario que se fije un plazo con “apercibimientos”.
El juez enmarca ambas peticiones en la causa en la que investiga a Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Aunque finalmente Peinado optó por unificar todos los delitos en una misma pieza, estas diligencias tienen lugar en la rama de la investigación en la que intenta esclarecer si se ha producido un desvío de dinero público en la designación de Álvarez como asesora de la esposa del presidente y si ésta desempeña funciones privadas para Gómez en el marco de sus labores en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Peinado explica que solicita los datos de viajes de Gómez y Álvarez toda vez que las dos han “declinado” la petición que les hizo el pasado noviembre para que entregaran de forma “voluntaria” sus pasaportes. Según subraya, está interesado en comprobar los viajes que hayan podido realizar juntas y si eran para desplazamientos institucionales o para “cuestiones meramente privadas”. En concreto, desea conocer si viajaron “República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a la Federación de Repúblicas Rusas”.
El juez subraya que “se hace necesaria la práctica” de estas diligencias por “la escasa o casi nula colaboración” de Gómez y Álvarez, dado que en ocasiones se han acogido a su derecho a no declarar. Y recalca que la única vez que la esposa de Pedro Sánchez declaró “lo hizo tan sólo a preguntas de su abogado”. También recuerda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acogió a la dispensa que le otorga la ley para no declarar al ser cónyuge de Gómez. Así, insiste en que es una postura “totalmente legítima”, como la de no querer entregar los pasaportes, que “conduce a que haya de acudirse a otras vías de investigación, como la práctica de las diligencias que ahora se acuerdan”.
Con todo, Peinado señala que podía emplear “otras” vías, como la “entrada y registro de los domicilios de las investigadas”. No obstante, reconoce que “esa diligencia sí que sería desproporcionada”, por lo que ve pertinente limitarse a reclamar la información de los viajes al Ministerio del Interior.
En el caso de los correos electrónicos que reclama a Presidencia, el juez argumenta la especial necesidad de esta diligencia y presenta una serie de argumentos a la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado diciembre le avisó de que debía justificar su petición. Defiende que “no existe otro medio” para comprobar la existencia de un correo corporativo oficial de Presidencia designado a Gómez.
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