Historia en tres actos del acoso y derribo de una concejala popular de Móstoles

Durante meses, una concejala del Partido Popular en Móstoles (Madrid, 214.000 habitantes) pidió a su partido que investigara lo que consideraba un caso de acoso contra ella por parte del alcalde del municipio, Manuel Bautista, de su mismo partido. No pidió una condena pública ni acudió de inmediato a los tribunales. Reclamó que se activaran los mecanismos internos previstos para estos casos y que se analizara su situación. El partido no abrió una investigación efectiva, su comité nacional de derechos y garantías archivó el caso sin avisarla, sin escucharla ni citar a sus testigos y el caso quedó enterrado. Cuando ha salido a la luz, esta semana, la respuesta del partido ha sido emprender una estrategia de desprestigio y acoso y derribo. Esta es la historia, en tres actos, de un caso que plantea, una vez más, lo que arriesga una mujer que decide denunciar estas situaciones.

1. Acoso

Cuando Manuel Bautista emprendió el camino hacia la alcaldía de Móstoles en el otoño de 2022, se encontró con una afiliada del municipio a la que conocía del mundo educativo. Le propuso que echara una mano en el proyecto político que estaba construyendo, y ella se animó. Contaba con una formación académica sobresaliente y experiencia en la gestión de equipos. Bautista le propuso ir en las listas en un lugar destacado y ella se ilusionó con la idea de contribuir a mejorar su municipio.

Bautista la presentó como una profesional competente, capaz de aportar savia nueva al partido, y comenzó a llevarla a todas partes: actos, reuniones, encuentros con afiliados. A ella le dijeron que tenía que empezar a recogerle y llevarle de vuelta a casa, y así lo hizo. Hasta que, según el relato que la mujer recoge en el escrito enviado al comité de derechos y garantías del PP nacional, al que ha tenido acceso este periódico, en la intimidad y la soledad de esos trayectos comenzaron las proposiciones sexuales explícitas.

Paralelamente, según uno de los testimonios incorporados por la exedil a su denuncia interna, el alcalde habría empezado a hacer comentarios sobre ella a otros compañeros del partido usando frases como: “esta mujer nos alegra el día y más me lo va a alegrar”, “está buena de verdad”, “esta solo es para mí, olvidaos del tema”, “la he fichado para que me haga un gran trabajo a mí”.

Ella fue clara desde el primer momento. Dijo no. Le pidió que parara. Así lo sostiene de forma reiterada en su relato. Cuando empezó a circular por el municipio el rumor de que mantenían una relación, volvió a exigirle que cesaran las insinuaciones y los comentarios.

Empezó entonces otro tipo de comportamiento sobre ella que la fue hundiendo poco a poco y minando su moral, según explica en la documentación del caso. Relata episodios de aislamiento, exclusión de actos públicos, decisiones dirigidas a humillarla políticamente y un trato hostil en el seno del grupo municipal. Hasta que decidió pedir ayuda. Y, finalmente, dejar su acta de concejal y abandonar un partido en el que llevaba militando desde 2010, el partido al que había votado su familia desde siempre.

2. La petición de ayuda... y la respuesta del partido

Desde que se conoció el caso, dirigentes del Partido Popular han sostenido que la mujer debería haber acudido a los tribunales. El argumento es problemático por varias razones. La primera es que los protocolos de acoso de los partidos existen precisamente para ofrecer un mecanismo de protección interna a las mujeres que sufren estas situaciones, y para permitirles decidir libremente si acuden o no a la vía judicial. La ley de libertad sexual obliga desde 2022 a los partidos a contar con un protocolo específico de acoso, pero el PP es el único partido con representación parlamentaria que no lo tiene.

La segunda razón es que fue el propio partido, el PP madrileño, el que le insistió en que no denunciara, cuando ahora se le reprocha no haberlo hecho. La tercera es que existen comportamientos reprobables política y éticamente —según los códigos internos y los protocolos de acoso— con independencia de que constituyan o no un delito.

La concejala, creyendo en el sistema ―como expresa en sus cartas y escritos―, decidió acudir a él. Y contar lo sucedido. Y pedir que se activara algún protocolo antiacoso. No tenía claro si deseaba denunciar en un juzgado, algo que se planteó, y por lo que buscó la asistencia letrada de su actual abogado, Antonio Suárez-Valdés. Pero en ese momento ella quería, sobre todo, que dejaran de humillarla, de echarla de los actos, de impedirle defender mociones que ella había escrito, de prohibirle acudir a eventos del partido. Lo que pedía era que se abriera una investigación.

Ella habla de acoso desde el principio. Prueba de ello es tanto un correo de 22 de marzo de 2024 en el que pide de forma expresa que se active el protocolo antiacoso, como esta conversación entre Ana Millán, número tres del partido en Madrid, el 26 de abril de ese mismo año, en una de las dos reuniones que mantuvieron, según una transcripción a la que ha tenido acceso este periódico:

Ana Millán: Hay dos premisas que son muy claras en todo esto. Tú no tienes una relación laboral. Los concejales, los alcaldes y tal no podemos decir porque legalmente no la tenemos. Es decir, tú no eres una empleada del Partido Popular. Y luego, sobre todo, nos estás pidiendo en tu último email que abramos el protocolo de acoso, y no sé qué no sé cuántos; es que para nosotros tú no eres una funcionaria. Entonces, no podemos aplicar el protocolo de acoso en el partido (…) Tú hasta ahora has hecho una comunicación alegal.

Concejala: Yo lo que quiero por vuestra parte es intervención.

Ana Millán: Estamos interviniendo. (…) Ante dos versiones, ¿qué haces? Tendremos que empezar a llamar a la demás gente. Una dice que es porque no accedió a esto, el otro dice que es por… lo que me quiera decir. A lo mejor me dice había feeling, no había feeling… es que no sé qué me va a decir. (…) También te digo, cuando la otra persona se sienta atacada, se te acusa de tal… no sé cómo un ser humano reacciona. Puede reaccionar, oye, pues soy inteligente, recapacito, no sé. O todavía me lo tomo más a pecho. Lo niego.

En esta conversación Millán sigue insistiendo, como ya había hecho en una primera reunión del 11 de marzo, en que no denuncie:

“Yo te recomendaba, y te sigo recomendando, que una denuncia pública no te beneficiaría. O sea, la denuncia judicial que luego iba a ser pública no te beneficiaria. (…) Te dije, piénsalo, quizá te venga mejor dar un paso atrás, no pasarlo mal, que tu padre no lo pase mal (…) lo digo yo, que vivo por y para el partido, llevo muchos años y todas hemos aguantado muchas cosas”.

La concejala critica las proposiciones sexuales y también los rumores falsos que él había expandido sobre que mantenían una relación. Y pregunta que por qué tiene que aguantar, por culpa del alcalde, estos comentarios por parte de sus vecinos. “¿Sabes por qué lo tienes que asumir?”, responde Millán, según la transcripción de la reunión. “Te digo por qué, porque estamos en política y la política es super injusta. (…) Cuando te metes en política tienes que estar preparada para aguantar muchas cosas (…) Sabes que es super injusto, que desgraciadamente las mujeres hoy en día tenemos que demostrar más cosas”.

Estas conversaciones muestran que ella hablaba desde el comienzo de algo grave. Tanto fue así que gran parte de la conversación versó sobre si iba a denunciarlo en los tribunales o no. Y todo el empeño del PP de Madrid fue que no lo hiciera. Los argumentos que dieron para ello fueron sobre todo hacia ella: que le haría daño, que la iban a destrozar, que no merecía la pena hacer público nada de eso (“en seis meses te han matado psicológicamente”, le dijo Lucía Paniagua, dirigente del PP madrileño presente en la reunión), el sufrimiento que iba a causar a su padre y a sus hijos… Pero también surgió otro argumento: la protección de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Yo le aconsejé que no lo hiciera”, le dijo Millán a Paniagua, en referencia a una denuncia pública, “porque mañana lo veía en la Sexta para meterse con Ayuso”. A pesar de la insistencia por parte del PP para que no llevara el caso a los tribunales, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, le reprochó esta semana a la exedil esa decisión: “Es evidente que cualquier mujer que presente una denuncia contra cualquiera, tiene no solo el derecho, sino el deber de acudir a la justicia”, sostuvo.

Mientras tanto, ella seguía pidiendo lo mismo una y otra vez: que se abriera una investigación y que la ayudaran. No ocurrió. Tampoco cuando el caso llegó al Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP. Se abrió una información interna, pero no la citaron ni la escucharon en persona. No llamaron a sus testigos. Archivaron el expediente sin comunicárselo. Durante estos días, Feijóo ha insistido en que el PP investigó internamente y concluyó que “no había indicios suficientes para actuar”. Pero esa conclusión se alcanzó sin hablar ni siquiera con la mujer.

Ella acabó tirando la toalla.

3. La destrucción pública de la denunciante

Tras la publicación del caso en este periódico, la reacción interna se articuló en dos frentes. El alcalde de Móstoles y el PP madrileño pusieron en marcha una dura estrategia de descrédito de la mujer. Una operación que ha incluido la utilización de información confidencial procedente de expedientes administrativos de la Comunidad de Madrid —la exconcejala es funcionaria—, para difundir datos tergiversados o directamente falsos sobre su trayectoria profesional. También se han hecho públicos, desde el gabinete de Isabel Díaz Ayuso, los correos que envió la concejala, incluyendo datos sobre su identidad, que ella ha querido mantener oculta.

El alcalde, por su parte, asegura que todo es una venganza porque no quiso hacerla teniente de alcalde a pesar de que la denuncia de la mujer se produjo nueve meses después de las elecciones ―y, por tanto, mucho después de la decisión de que ella no fuera teniente de alcalde- y de que hay un audio en el que él reconoce de forma expresa que ella nunca le ha pedido ese cargo ni ningún otro.

El objetivo ha sido ganar el relato presentándola como una persona manipuladora, peligrosa y poco fiable. Un retrato que desmienten múltiples concejales de Móstoles de distintos partidos políticos consultados por EL PAÍS, así como personas que han trabajado estrechamente con ella en el ámbito municipal.

Alfonso Serrano, número dos del PP madrileño, ha sostenido estos días tres ideas: que el alcalde solo quería “ligar”; que el hecho de que la mujer grabara las reuniones demuestra que todo es una “operación”; y que no hubo acoso. En ese marco, ha llegado incluso a preguntarse públicamente “qué es acoso”, minimizando los hechos relatados.

Entre Manuel Bautista y la mujer existía una relación clara de subordinación. Los tribunales determinarán si hubo o no delito. Pero realizar proposiciones sexuales reiteradas a una subordinada que ha dejado claro que las rechaza, difundir falsamente la existencia de una relación afectivo-sexual y castigarla después en su trabajo es una conducta considerada reproblable por los códigos éticos y los protocolos de la mayoría de empresas grandes, partidos y organizaciones de distinta índole.

Por otra parte, abogados especializados en la defensa de casos de acoso aseguran que las grabaciones se han convertido en muchas ocasiones en el único medio de prueba de las mujeres para acreditar este tipo de comportamientos. En el caso de la concejal de Móstoles, sirven para demostrar que pidió reiteradamente una investigación y que esta no se produjo.

Serrano afirma ahora de forma tajante que no hubo acoso. Pero durante las reuniones mantenidas con la entonces edil nadie le dijo que no denunciara porque todo fuera falso o exagerado. Le dijeron que no le convenía, que la política era injusta, que la protegerían mejor así. Nunca le comunicaron que se hubiera investigado y que el comportamiento del alcalde fuera correcto. Nadie investigó ni concluyó ni le comunicó nada entonces, aunque ahora se sostenga sin matices que todo es falso.