La mina de caolín que enfrenta a dos pueblos de Cuenca: “Tarde o temprano se acabará y lo que quedará serán las cicatrices”

El proyecto para ampliar una mina de caolín en la Serranía baja conquense amenaza con causar una brecha social más grande que los mordiscos que desde los años 70 propina la extracción de este mineral en los montes que circundan el pequeño pueblo de Arguisuelas. Buena parte de sus apenas 130 vecinos se oponen a los planes de SICA-Euroarce para ampliar una de las dos minas que ya opera en el municipio y llevarla hacia el mirador de El Viso, un paraje muy querido por sus habitantes por los atardeceres que brinda. En diciembre, el ayuntamiento, gobernado por el PP, llevó a cabo una consulta entre los empadronados. De los 64 votos emitidos, 48 se opusieron a la ampliación. Pero el rechazo, aseguran desde la Plataforma SOS Arguisuelas, es mayor si no se ciñe únicamente al censo. “Hay mucha gente que vive fuera y tiene casa en el pueblo y que también se opone”, asegura Andrea Bustamante, que abandera la oposición vecinal al proyecto.

Aunque el epicentro del caolín se sitúa en Arguisuelas, muchos pueblos vecinos consideran la extracción de este mineral ―que desde Cuenca viaja las fábricas de cerámica del Levante español—, la única tabla de salvación en una zona castigada por la despoblación y el envejecimiento de sus habitantes. “No solo la apoyamos, sino que además la defendemos por instinto de supervivencia”, explica a EL PAÍS el alcalde de Carboneras de Guadazaón, a unos ocho kilómetros de Arguisuelas. Su ayuntamiento ha aprobado por unanimidad una moción apoyando la actividad del caolín, que también cuenta con varias plantas de procesado en Arguisuelas. “La diferencia entre que nuestros pueblos se vacíen o mantengan el pulso depende de conservar el poco tejido industrial que nos queda”, dice Carlos Arteche, que esgrime los 60 empleos directos que la industria del caolín genera en la comarca y a los que suma otros 30 indirectos a través de diversas contratas.

Los contrarios al proyecto no se resignan a ver su pueblo horadado por una nueva mina. No quieren repetir lo ocurrido en el Cerro Alejo, donde la maquinaria para extraer este mineral, aseguran, ha provocado el colapso parcial de su ladera. Pero además del impacto medioambiental y visual, Bustamante señala la contaminación acústica y el “polvo en suspensión” que generan estos trabajos. “Lo abanderan con la repoblación, pero es todo lo contrario. Nadie quiere vivir en un sitio con ruidos y con polvo”, afirma. La plataforma acusa al alcalde de Carboneras de “inflar” el número de empleos. En Arguisuelas, cuenta Bustamante, son “solo 10 puestos de trabajo” y el caolín, añade, “no es infinito”. El permiso otorgado a la empresa para explotar la nueva mina es de 10 años. “Después, esos empleos dejarán de existir y lo que nos quedará es un cráter enorme al lado del pueblo”, denuncia la portavoz de SOS Arguisuelas.

La cantera que se quiere ampliar es el denominado Frente 2-Ángeles. Fuentes de SICA-Euroarce recuerdan a EL PAÍS que la Junta de Castilla-La Mancha otorgó en 2021 la autorización para la explotación y restauración posterior de la mina. El Ayuntamiento de Arguisuelas otorgó la licencia urbanística en 2022, pero se niega a una segunda solicitud presentada en 2024 para ampliar el proyecto hacia El Viso, el paraje al que los vecinos del pueblo guardan un cariño especial. La minería es una actividad de interés público en España y las administraciones pueden autorizar la expropiación forzosa o la ocupación temporal de los terrenos si así lo consideran. La empresa seguirá adelante con sus planes al contar desde 2021, aseguran, “con todas las autorizaciones administrativas necesarias para ello”. La negativa del ayuntamiento y de la plataforma podrá dilatar el proceso, pero no evitará la extracción, aunque sea por la vía forzosa.

El concejal de Medio Ambiente de Arguisuelas, Julián Bustamante, edil de IU-Podemos en un ayuntamiento comandado por el PP, asegura que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa hace cinco años “se refería a parajes mucho más retirados, con un impacto ambiental distinto al lugar que ahora pretenden ocupar”. Y acusa a la empresa de “sacar el talonario” para “intentar comprar la voluntad de los vecinos”. “Nos ofrecían 150.000 euros en 15 años, que es una miseria. Luego añadieron alguna zona recreativa, una comunidad energética, una piscina...”. Según Bustamante, los 23.000 euros que la empresa ya abona por esta actividad en el pueblo “no resuelven nada” y las nuevas dádivas no pueden pagar el valor sentimental y medioambiental que El Viso tiene para sus habitantes. Tampoco sirve que prometan una restauración como la realizada en la mina de San Luis, reconocida con varios premios. “No tiene nada que ver con lo que había antes. Es un erial”.

“Vasos comunicantes”

El edil sostiene que el caolín no ha servido para frenar la sangría de habitantes en el pueblo. Entre 1970 y 2025, explica, la población de Arguisuelas ha pasado de 338 habitantes a 127. Critica también la “intromisión” de Carboneras en algo que afecta al patrimonio natural de Arguisuelas y pide a su regidor que preste más atención “a los problemas de contaminación en los manantiales de Carboneras por los nitratos de las macrogranjas”. “De eso no se preocupa y viene aquí a meter la nariz”, espeta. Arguisuelas lleva dos meses sin secretaria municipal y eso dificulta que su ayuntamiento pueda ratificar en un pleno la posición expresada por los vecinos en diciembre, pese a no ser vinculante. “Ahora mismo, la postura del ayuntamiento es un poco ambigua y titubeante”, reconoce el concejal. Javier Álvarez, responsable técnico de SICA-Euroarce en Cuenca asegura a EL PAÍS que la consulta “reflejó la existencia de sensibilidades distintas”.

“Es un debate que debe sustentarse en el rigor técnico y en la legalidad administrativa. No en el ruido”, defiende el alcalde de Carboneras, que recuerda que el caolín está sometido a unos fuertes estándares ambientales y que insiste en los beneficios que aporta a los negocios de la comarca, como gasolineras, talleres mecánicos, restaurantes o comercios, y a las empresas logísticas de la zona que aportan sus camiones para transportar el mineral. Arteche responde, además, a quienes le acusan de entrometerse en un asunto doméstico. “Mi obligación es defender el sustento de mis vecinos, sin importar si su centro de trabajo está cuatro o cinco kilómetros más allá o más acá de nuestras lindes. En la España rural somos vasos comunicantes. Lo que golpea a un municipio acaba afectando al de al lado”, asegura. Pero desde SOS Arguisuelas advierten: “Tarde o temprano el trabajo se acabará y lo que quedará serán las cicatrices sobre el terreno”.