Los agricultores saludan la regulación de inmigrantes por la falta de mano de obra en el campo

Las organizaciones agrarias y la patronal del campo se han felicitado por la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno de cerca de 500.000 personas extranjeras que ya se encuentran en España. Consideran que el sector primario puede ser el más beneficiado por este proceso. Desde CC OO se estima que la medida puede beneficiar a cerca de 200.000 migrantes que ahora trabajan en situación irregular, mientras que UGT cree que la medida va a permitir que aflore una economía sumergida, lo que ayudará, por ejemplo, al aumento de las pensiones sociales.

El sector venía alertando desde hace tiempo de la falta de mano de obra para sacar adelante las cosechas, en especial la dificultad para encontrar trabajadores cualificados en maquinaria agrícola y peones especialistas. “Es un problema estructural, era urgente la regularización de trabajadores extranjeros que llevan tiempo con nosotros y que no pueden ser contratados”, señala a este periódico María Morales, presidenta de Asaja en Sevilla. Desde esta organización se valora que la regularización reduzca el tiempo preciso de arraigo en el país desde los dos años a los cinco meses para obtener el permiso de trabajo y residencia. Aunque es solo para los que llegaron antes del 31 de diciembre pasado, en esa fecha se ha puesto el corte.

También la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) aplaude la medida porque el campo “necesita mano de obra para llevar a buen término las cosechas y el cuidado de los animales” y porque “los pueblos necesitan a las personas migrantes con todos sus derechos y deberes que les permitan acceder a un contrato digno”.

En los últimos meses, la falta de mano de obra en el campo se ha agudizado en zonas de la vega del Guadalquivir sevillana por la coincidencia de la recolección de los cítricos, la aceituna de mesa y el procesado del aceite. Solo la recogida de la aceituna y la campaña del aceite van a generar este año unos 32 millones de jornales, de los que casi 19 se concentran en Andalucía. Pero muchos empresarios advirtieron de la dificultad para recoger sus cosechas por la escasez de personal, y en Extremadura, la falta de trabajadores está forzando cambios en la producción agrícola lo que incluso lleva a abandonar campañas frutales en favor de cultivos más mecanizados, como los cereales.

El Sistema Especial Agrario (SEA) contaba a finales de 2025 con 248.217 afiliados extranjeros de media, un 2,8% más respecto al mismo mes de 2024, lo que coloca el porcentaje de este colectivo en el 36,91 % del total de personas que conforma este régimen. Por nacionalidades, el mayor número de afiliados extranjeros en el SEA proceden de Marruecos (105.415 personas), Rumanía (37.364) y Senegal (20.400); las regiones con más afiliados extranjeros son Andalucía (107.919 afiliados, 41.580 de ellos en Almería), Región de Murcia (47.518) y Comunidad Valenciana (31.885).

Sin embargo, a pesar de que la última EPA cifraba en 133.000 personas el paro agrario (la población ocupada es de 747.000), el campo destruye cada vez más empleo, en parte por la mecanización del sector, pero también porque muchos jornaleros no pueden trabajar por ser incompatible con el cobro del subsidio o la renta agraria.

El almeriense Andrés Góngora, miembro de la Ejecutiva de COAG, conoce bien la importancia de los trabajadores extranjeros en la agricultura. “Es una demanda desde hace mucho tiempo de nuestra organización agraria, sobre todo ante la falta de mano de obra que en ocasiones tenemos en el campo”. Góngora demanda mayor información sobre el proceso de regularización migratoria y reclama una mesa de interlocución agraria en el Ministerio de Empleo para que “esta nueva mano de obra encaje en la actividad primaria”.

Más allá del proceso de regularización de inmigrantes, hay organizaciones que plantean otras medidas para solucionar la falta de activos en la agricultura. Es el caso de Asaja, que propone como alternativas para atraer a trabajadores al campo que se incrementen las 30 peonadas que ahora se exigen para cobrar la renta agraria, y también que se permita a los trabajadores mayores de 52 años trabajar y cobrar al mismo tiempo el subsidio, lo que les permitiría tener una mayor cotización y, por ende, mejores pensiones.

“No hay relevo generacional porque los mayores no salen del campo por la ridiculez de las pensiones que les quedan, que les obliga a seguir trabajando más allá de los 65 años”, ha señalado Ignacio Rojas, un agricultor de Jaén. En esta provincia, los 50.000 jornales que se generan en el Plan Especial de Empleo sí que sirven para computar para el subsidio agrario.