Cesados los tres concejales del PNV implicados en el derribo de un palacete en Getxo

El Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia) ha cesado ya a los tres concejales del PNV envueltos en la polémica por el derribo de un palacete protegido del siglo XIX. Irantzu Uriarte, Inazio Uriarte e Iñigo Urkitza dejaron sus cargos a última hora del pasado martes, después de anunciar el viernes anterior que los ponían “a disposición del partido”. El PNV ha recurrido a la lista de las últimas elecciones municipales para incorporar al Gobierno local a Aingeru Torrontegi, Carlos Sergio y Elisabete Basañez.

Este jueves la localidad celebra su pleno ordinario de enero, donde se debatirán tres mociones en las que los tres grupos de la oposición piden la dimisión de la alcaldesa, Amaia Agirre. El Partido Popular, líder de la oposición, registró la suya hace días y figura en el orden del día. Sin embargo, EH Bildu y Elkarrekin Podemos enmendarán sus textos y presentarán antes del inicio de la sesión una moción de urgencia, respectivamente. Por su parte, el Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE), socio de Gobierno del PNV, aún no ha desvelado su postura, aunque todo apunta a que cerrará filas con la alcaldesa. Fuentes de la dirección socialista señalan que las dos condiciones planteadas desde el estallido del caso ya se han cumplido o están en proceso: la salida de los tres concejales imputados y la celebración de una reunión para revisar el plan de mandato.

En todo caso, estas enmiendas no serán vinculantes. La aritmética política del tercer municipio más poblado de Bizkaia hace inviable que los tres grupos de la oposición acuerden un candidato común para una hipotética moción de censura. Aun así, el debate de mañana se espera muy bronco en uno de los plenos que mayor expectación ha levantado en los últimos años en Getxo.

El comunicado hecho público este miércoles aporta algunos datos sobre los tres nuevos ediles del PNV que sustituirán a los investigados, aunque no especifica cómo quedarán restructuradas las áreas. Torrontegi tiene 55 años y es licenciada en Económicas. Por su parte, Sergio, de 57, es el actual director de Deportes de la Diputación Foral de Bizkaia, mientras que Basañez, es auxiliar administrativa y tiene 54 años.

Un piso de lujo

De forma paralela, continúan conociéndose nuevos detalles de la investigación abierta por la Ertzaintza, que ha incluido registros de la policía vasca tanto en dependencias municipales como en las empresas implicadas en la construcción de 12 pisos de lujo en el solar, actualmente vacío, donde antes de ubicaba el palacete protegido de 1845 y de estilo neoclásico. Según el contrato de reserva del piso, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los exediles Irantzu Uriarte e Inazio Uriarte, ambos pareja sentimental y socios de la cooperativa, han reservado una planta baja con jardín. En total, la propiedad es de una superficie construida de 200 metros cuadrados.

El bajo B de esta promoción de 12 pisos de lujo, divididos en dos bloques, cuenta con tres habitaciones, dos baños y un salón-comedor con cocina. En el exterior, un porche da acceso al jardín, tal y como recogen los planos del proyecto. El inmueble tiene dos entradas, una desde el portal y otra directa desde el exterior. Además, el mismo documento detalla la reserva de dos plazas de garaje, de 12 y 14 metros cuadrados, esta última con un trastero anexo de cinco metros adicionales. De acuerdo con el plan provisional de pagos, el precio total asciende a 628.100 euros, IVA incluido.

La imputación de estos dos concejales, junto a la de Iñigo Urkitza —entonces responsable del área de Disciplina Urbanística—, y de tres técnicas municipales, se conoció el pasado jueves tras el levantarse el secreto de sumario. Horas después, los tres ediles pusieron sus cargos a disposición del partido. Dos días antes, el 20 de enero, dos de ellos participaron en una Junta de Gobierno en la que se acordó dejar sobre la mesa “valorar favorablemente la documentación técnica presentada” en el expediente para restablecer “la legalidad urbanística por las obras ejecutadas del derribo”, según consta en el acta de la sesión. En la práctica, se trataba de autorizar la continuación de las obras en el solar, según fuentes cercanas al caso.