El derribo de un palacete protegido en Getxo implica a dos concejales del PNV

Las últimas horas no están siendo fáciles en el Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia). La imagen de la policía entrando en sus instalaciones sigue muy presente entre el funcionariado y los responsables políticos. A primera hora del pasado miércoles, la Ertzaintza se presentaba, por orden judicial, en las oficinas de hasta tres sedes municipales para recabar información en el marco de la investigación abierta por el derribo de un palacete protegido, para después construir en el mismo solar 12 viviendas de lujo con vistas al mar. El aspecto más delicado del caso es que en la promotora que iba a levantar este bloque figuran como socios dos concejales del PNV del propio Consistorio.

El procedimiento, en fase de instrucción y bajo secreto de sumario, busca esclarecer si existió un trato de favor hacia esta cooperativa. Los registros en el edificio de Urbanismo y de los servicios informáticos se activaron después de que la Ertzaintza presentara una ampliación de su informe ante el juzgado de Getxo que instruye la causa. En concreto, la investigación apunta a indicios de prevaricación, tráfico de influencias y un delito contra el patrimonio tras el derribo del palacete protegido en agosto de 2024.

La Ertzaintza centró sus actuaciones en la documentación del personal funcionario del área de Urbanismo y de tres concejales del PNV. Por un lado, Irantzu Uriarte e Ignacio Uriarte, socios de la cooperativa y pareja sentimental. La primera fue titular del área de Contratación y formó parte del órgano que concedió la licencia de obras a la gestora de la cooperativa en 2022. El segundo, en el momento del derribo, era el número dos en el Ayuntamiento y estaba al frente de Hacienda, Tesorería y Personal. Su padre fue el concejal impulsor del polémico plan que hace dos décadas planteó la construcción de 8.300 viviendas en la zona rural de Getxo. Por otro lado, el tercer concejal investigado se trata de Iñigo Urkitza, en su día responsable del servicio de Disciplina Urbanística.

La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre (PNV), no ha atendido a los medios de comunicación desde que estalló este giro en la investigación. Se ha limitado a difundir un vídeo en sus redes sociales en el que asegura que no consta “ninguna irregularidad” y que el Ayuntamiento ha actuado “conforme a la legalidad”. La nieta del primer lehendakari, José Antonio Aguirre, sostiene además que el expediente se ha tramitado “correctamente” y añade que, “si la investigación acredita alguna vulneración ética o legal, adoptaremos las medidas oportunas con toda contundencia”.

En la misma línea han ido las palabras del presidente de su partido, Aitor Esteban, quien este jueves, preguntado por este escándalo, no retiraba su apoyo a los ediles investigados, pero, afirmaba que no le va “a temblar el pulso y no vamos a dudar” a la hora de tomar “las decisiones que sean adecuadas”, si se confirma que ha habido alguna “irregularidad”. Por el momento, está a la espera de “cómo evoluciona todo y, en función de eso, el partido va a tomar las decisiones”.

Junto al PNV, el Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) gobierna en minoría en el tercer municipio más poblado de Bizkaia. La vicealcaldesa y portavoz de la formación, Carmen Díaz, pide respeto a las acciones judiciales y que el Ayuntamiento actúe con transparencia. “Nosotros no somos nadie para decirle al PNV lo que tiene que hacer en el seno de su formación, pero sí nos preocupa mucho la situación”, afirma Díaz. “Lo que tenemos claro hasta ahora es que se ha contravenido una licencia municipal, se ha derribado un edificio protegido y los servicios técnicos municipales han incoado un expediente de multa grave”, en alusión a la sanción de 50.000 euros impuesta a la cooperativa promotora.

La oposición ya ha reclamado la dimisión de la alcaldesa. En Getxo, el Partido Popular lidera la oposición y es, además, el principal apoyo externo del equipo de gobierno, con el que ha aprobado tanto el plan de legislatura como los presupuestos. Su portavoz, Eduardo Andrade, considera que el asunto “se ha ido de las manos” y que estos registros confirman las “sospechas”. “El PNV ha estado tapando e intentado ocultar un tema confuso, lo que ocurrió en el palacete y quitándole importancia”, valora, y recuerda que su partido se ha personado en el caso: “Intentamos impulsar una comisión de investigación, pero la bloquearon el PNV y el PSE-EE. Por eso decidimos acudir a los juzgados”.

Por su parte, EH Bildu, teme que este caso pueda ser el primero de otros tantos. La coalición soberanista también solicitó explicaciones en el momento del derribo, registraron preguntas y pidieron acceso al expediente administrativo. “Desde ese momento, la actitud del gobierno municipal ha sido sistemáticamente opaca y obstruccionista”. Su portavoz, Mikel Bildosola, recuerda que se “negaron comparecencias en comisiones, modificando incluso su funcionamiento para evitar dar explicaciones”. Además, se rechazó la petición de EH Bildu de trasladar el asunto a la Fiscalía y se impidió la personación del Ayuntamiento en la causa judicial.