El presidente de la Audiencia de Córdoba reclama que los jueces integren los protocolos de emergencia: “Si no formamos parte, falta una pata”

Miguel Ángel Pareja Vallejo (1963, Ciudad Real) ingresó en la carrera judicial en el 2000 y eligió como primer destino el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Montoro (Córdoba). Para él las casualidades no existen, así que no cree que lo sea el hecho de que le haya tocado acompañar a Cristina Pastor, la jueza recién llegada de la Escuela Judicial, que, como él en su momento, ha elegido como primer destino ese juzgado de Montoro. La nueva encargada se encontrará un juzgado atiborrado de papeles y sobrecargado de trabajo, pero con un añadido: debe coger la batuta de la investigación del choque de trenes en Adamuz que ha causado 45 fallecidos y decenas de heridos.

Pareja Vallejo la mira desde arriba, desde la presidencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, donde tomó posesión en julio de 2025. Se muestra dispuesto a solicitar para su nueva compañera todos los refuerzos que necesite. La semana pasada ya hizo una primera visita a los letrados y funcionarios del juzgado, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia andaluz, Lorenzo del Río, con el objetivo de retratar la solidaridad entre jueces. Todos quieren que la instrucción del caso de trenes de Adamuz salga bien y no se eternice en el tiempo para dar respuestas a las víctimas.

El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba tiene, además, un doble papel. Es uno de los jueces de enlace de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes. Esta red, creada en 2023 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), está formada por 39 delegados de tribunales superiores y audiencias de toda España. “Estamos para asistirlos técnicamente [a los jueces instructores], asesorarlos en todo lo que nos soliciten. Pero, además, tenemos otra función fundamental que es asegurar la adecuada coordinación. Servir de enlace entre el 112 y el juez de guardia. No se va a mover un solo cadáver si el juez de guardia no manda al forense”, cuenta en conversación con EL PAÍS. El amplio territorio andaluz hace que esta Comunidad Autónoma sea una de las que más delegados tiene: un total de cuatro.

El togado relata que él mismo se encargó de llevar en su propio coche el lunes, un día después del accidente, a la jueza de guardia y al fiscal del caso al punto en el que el tren Iryo descarriló llevándose por delante parte del tren Alvia que pasaba en sentido Huelva. Allí se encargaron desde el principio del levantamiento de los cadáveres. “Lo primero es ver si con el forense de guardia nos valemos o si hay que activar a más forenses”, explica. En este caso, se llamaron a profesionales de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga. “Lo segundo es saber si hay que poner más juzgados de guardia”. Pero no se pusieron, con el de Montoro se fueron resolviendo las peticiones de la Guardia Civil y las necesidades de los agentes para terminar de encontrar todos los cuerpos. El instituto armado se desplegó desde esa mañana por las vías para comenzar con la inspección ocular porque la instructora requirió un primer informe del escenario. “Han traído equipos de Madrid y hay que hacerlo bien. No se les puede exigir rapidez porque podemos encontrarnos con equivocaciones”.

El magistrado relata que él se enteró del descarrilamiento de los trenes la noche del domingo porque lo vio en televisión. Se activó “solo”, nadie le llamó. “Me tendrían que haber activado si hubiera estado integrado en el protocolo”, explica. “Vi las noticias y me puse en contacto con el juzgado de guardia, hablé con el director del Instituto de Medicina Legal y me puse a disposición de ellos para que me informaran de lo que iba sucediendo”. El juez de enlace de Emergencias debería estar integrado en un plan para este tipo de catástrofes que gestiona la Consejería de Interior en Andalucía, pero no lo está. Por eso, él reclama que se revise esta situación para que se engrasen los mecanismos de gestión de crisis. “Si el enlace de la red del CGPJ no forma parte de ese plan de Protección Civil cuando se active, pues falta una pata de la emergencia judicial”, revela.

La creación de este malla de jueces surgió a raíz de los “problemas que se producían de descoordinación en el ámbito judicial, de desbordamiento de los juzgados de guardia” y de falta de enlaces con el Ministerio del Interior o con el 112. Él es el delegado para Córdoba y Jaén.

El magistrado pone en valor cómo, tras una catástrofe de este tipo, nace un Centro de Integración de Datos (CID). También fue así, por ejemplo, en la DANA de Valencia en octubre de 2024. La creación en Córdoba fue rápida y desde allí se centralizaron los datos de fallecidos, autopsias y recursos. Se fueron dando durante toda la semana dos veces al día. “El juzgado recibe toda la documentación judicial, pero en el CID es donde se reciben los informes de las autopsias y donde se identifican los cadáveres”, detalla.

Este punto neurálgico ha sido relevante durante la primera semana para cerrar la primera fase de las diligencias. Una vez identificados todos los fallecidos y entregados los cuerpos comienza el segundo proceso de la instrucción: detectar el porqué del accidente. El presidente de la Audiencia Provincial reconoce que en los primeros indicios de los que han ido dando cuenta los técnicos estará la clave: “El raíl está cortado. Es la madre del cordero”. Los trabajos judiciales, por tanto, emprenden un nuevo rumbo esta semana, después de que la Guardia Civil haya presentado ya un primer atestado y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) haya desgranado sus primeras conclusiones: que la causa de la rotura pudo ser una mala soldadura.

Pareja Vallejo expone que esta vez no existieron problemas de descoordinación judicial, precisamente, porque él encarna la doble figura, la del enlace de Emergencia y la de la presidente de la Audiencia Provincial, pero el asunto podría haber sido peor de no haberse dado esta carambola. “Parece que todavía no saben cómo ubicarnos y qué hacer con nosotros en ese aspecto”, dice. “Si hubiera ocurrido en Málaga, probablemente a mi compañera delegada allí a lo mejor no la hubieran avisado”. Esta no es una realidad única en Andalucía, ocurre en la mayoría de Comunidades Autónomas, según destaca el magistrado. “Las administraciones se tienen que adaptar y modificar sus protocolos”, reclama.