El informe de la inspección ocular de la Guardia Civil y el testimonio del maquinista del Iryo, puntos de partida de la investigación judicial

La investigación sobre lo ocurrido en el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) arrancó la misma noche del domingo cuando el Juzgado que estaba de guardia en Montoro —un municipio cercano de unos 9.000 habitantes— recibió la llamada que la Guardia Civil hace cuando hay que iniciar el levantamiento de cadáveres. Pero la instrucción está todavía en una fase muy inicial y centrada aún en recibir las autopsias de los 42 fallecidos hasta el momento. Quedan cuerpos por identificar y esa es la prioridad, explican fuentes jurídicas, que avanzan que están a la espera de un primer informe de la inspección ocular de los investigadores y que, entre las primeras diligencias que deberán hacerse, estará tomar declaración al maquinista del tren Iryo que ha sobrevivido. Será Cristina Pastor, una jueza recién salida de la Escuela Judicial, la que tomará las riendas del juzgado a mitad de febrero y se hará con la que, de momento, será la primera gran causa que poner en su currículum.

A primera hora de la mañana de este martes después de la tragedia, un abogado (que prefiere que su nombre no se identifique) hablaba por teléfono en la puerta del Juzgado de la Sección 2 Civil y de Instrucción de Montoro, al que le ha tocado la causa: “Todavía no saben nada. Me han dicho que va a venir un funcionario de refuerzo que va a estar cuatro años solo dedicado a esto”, cuenta a su interlocutor. Habla con una familia de Adamuz que todavía busca a una mujer que no ha aparecido. En efecto, ese pequeño tribunal de instancia que cuenta sólo con dos juzgados vive días convulsos en los que gestionar una gran tragedia, para lo que se reforzará “de forma inminente” con un nuevo juez, un letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios más.

Estos primeros días desde el siniestro el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja Vallejo, está liderando la coordinación judicial. Él es también juez delegado de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes, una red formada por 39 delegados por toda España que fue creada en 2023, aunque todavía muchas comunidades autónomas no han integrado en sus protocolos de emergencias con Protección Civil, según explican fuentes jurídicas. La noche del accidente Pareja Vallejo estuvo en contacto permanente con la juez María Jesús Salamanca (que es la titular del Juzgado Civil 1 de Montoro, y aunque la instrucción ha recaído en el Juzgado vecino, el número 2, esa noche ambas se habían cambiado el día de guardia) y con los forenses que se desplegaron en el terreno para levantar los cadáveres. “Vi las noticias y automáticamente me puse en contacto con la juez de guardia”, explica el magistrado en conversación con EL PAÍS.

Este lunes, Pareja Vallejo llevó en su propio coche oficial al lugar del descarrilamiento a la jueza Salamanca y al fiscal del caso, Alejandro Izuel, donde pasaron prácticamente todo el día. “El levantamiento de los cadáveres cuando se trata de un accidente se delega en el médico forense para que sea más ágil. Allí se desplazaron varios equipos forenses y varios de Policía Judicial. Si los [cadáveres los] tiene que levantar el juez uno a uno, se eterniza”, explica. Por ello, hasta el punto de colisión de los trenes se han movilizado médicos y técnicos forenses de distintas provincias andaluzas (Jaén, Granada, Sevilla y Málaga).

Los trabajos judiciales estos primeros días están centrados en localizar a todas las víctimas y realizar todas las autopsias. Hasta ahora se han realizado 38 y se han identificado 10 cuerpos en el anatómico forense de Córdoba. “La prioridad es terminar cuanto antes para poder entregar los cuerpos a las familias”, cuenta. El Centro de Integración de Datos (CID), que se crea de forma automática cuando se produce una emergencia, es el que lleva el recuento. Depende directamente del Tribunal Superior de Justicia andaluz (de hecho está constituido en la Ciudad de la Justicia) y está recibiendo los informes de cada autopsia que se practica. “Es donde se identifican los cadáveres. A través de las huellas dactilares, del procedimiento forense de reconocimiento o de datos premortem. Una vez identificados automáticamente se pasan a la juez competente y ella ordena la inspección al Registro Civil para que la familia se haga cargo”, añade el magistrado.

El otro trabajo que se está realizando sobre el terreno corre a cargo de la Guardia Civil y es el siguiente paso para avanzar en la instrucción. El Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del instituto armado desplazado desde Madrid estuvo este lunes revisando los vagones 7 y 8 del convoy de Iryo que fue el que descarriló primero y este martes los agentes han solicitado a Adif que no se lleve el tren número 6 hasta que termine los trabajos de análisis. “La Guardia Civil ha pedido que se retenga allí y hay que hacer un examen importante de él, y ver qué es lo que ha pasado, porque aquí hay muchas piezas del puzle que hay que casar”, ha recalcado el ministro de Transportes Óscar Puente en Onda Cero.

Según fuentes cercanas a la investigación, una vez realizada la inspección ocular y comprobado que no queda ningún cadáver en su interior, tanto este vagón como el resto del tren podrán ser movidos para despejar la vía. No obstante, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF, un órgano integrado en Transportes, pero independiente) ya ha anunciado que pedirá que material de los trenes siniestrados sea trasladados a Madrid para someterlo a pruebas de laboratorios para determinar la causa del grave accidente. Entre él, la llamada rodadura [conjunto de eje y ruedas] del tren Iryo y del vagón 6 en concreto. Informa Óscar López-Fonseca.

El informe que entregue la Guardia Civil será el punto de partida y fuentes jurídicas explican que una de las primeras diligencias que practicar pasará por tomar declaración al maquinista del tren que volcó, provocando el choque el Alvia que llevaba como destino Huelva en 20 segundos. “La Guardia Civil se está tomando su tiempo. No se puede exigir rapidez porque podemos encontrarnos con equivocaciones. En estos momentos hay que hacer las cosas bien para que luego no haya equivocaciones de responsabilidad y quede todo perfectamente delimitado”, refleja el presidente de la Audiencia cordobesa.

En paralelo a los agentes, los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), órgano independiente adscrito al Ministerio de Transportes, atarán cabos para aclarar todas las dudas. La diferencia entre ambos es que el instituto armado actúa ya como Policía Judicial a las órdenes del juzgado y las conclusiones de la CIAF deben ser reclamadas por la jueza más adelante, para incorporar a esos técnicos como peritos. De hecho, la Comisión ha recalcado que “será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller la rodadura del Iryo”, según explicó este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Manuel Alonso Ferrezuelo, abogado de la plataforma mayoritaria de víctimas del accidente del Alvia en Santiago de Compostela en 2013, avanza: “La Guardia Civil cerrará su atestado con sus conclusiones, mientras que la CIAF puede tardar un año. Los agentes analizarán la caja negra de los trenes, si hay cámaras, y tomarán testificales de los maquinistas y pasajeros, además de la inspección técnico ocular como bases del primer atestado, para decidir si imputa responsabilidades”.

De momento, asociaciones de todo pelaje ya se están moviendo para personarse. Por el momento, el pseudo-sindicato Manos Limpias, la asociación Liberum, el partido político Iustitia Europa y la asociación ultracatólica Hazte Oír ya han pedido entrar como acusación popular, según han informado en varios comunicados. Todas ellas están personadas en muchas de las causas políticas que se han abierto en los últimos años como el caso Koldo, el caso Begoña Gómez o la causa de la DANA, lo que anticipa que esta investigación no será una excepción.

Una juez recién salida de la Escuela Judicial

La jueza que se está encargando estos días de las primeras decisiones judiciales en el Juzgado de instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro llegó a este destino hace apenas unos meses, en septiembre del pasado año. Carmen Troyano es jueza sustituta, es decir, pertenece a esa bolsa de licenciados en derecho que, sin pertenecer a la carrera judicial, cubre temporalmente las funciones de un juez titular cuando la plaza, como en este caso, estaba vacante. Fuentes jurídicas explican que este juzgado suele ser un lugar de paso, en el que muchos togados no quieren pasar periodos largos y concursan para marcharse a otras plazas en destinos más céntricos y con otro tipo de asuntos.

Troyano abandonará el Juzgado en las próximas semanas porque la vacante ya ha sido ocupada por una de las togadas que acaban de terminar las prácticas. Cristina Pastor asumirá a mitad de febrero lo que para algunos compañeros magistrados supone “un marrón”. En principio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado ya que junto a ella se siente un togado de refuerzo. Una vez estén todos los refuerzos incorporados podrán comenzar a tomar declaración a todas las víctimas y testigos del siniestro.