El juez que investiga el fraccionamiento de contratos sanitarios en Cádiz llama como investigados a dos altos cargos de la Junta

El titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Cádiz, a cargo de la investigación sobre el supuesto fraccionamiento de contratos sanitarios por la central provincial de compras del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Cádiz para eludir el procedimiento de concurrencia competitiva y publicidad, ha decidido llamar como investigados al exgerente del Hospital Puerta del Mar Sebastián Quintero, y al jefe de compras en Cádiz del SAS, Demetrio González. Con esta decisión, adelantada por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso este diario, el juez atiende la petición del PSOE de Andalucía de ampliar la querella por entender que estas conductas podrían incurrir en un presunto delito de malversación.

El juzgado de Cádiz está investigando desde finales de 2024 la adjudicación de contratos menores por la central provincial de compras de SAS para comprobar si los dirigentes de la Junta incurrieron en una malversación cifrada en 235 millones de euros al trocear de manera artificial los contratos concedidos en 2021 en esa provincia. La causa fue iniciada tras la presentación de una querella por Podemos a la que, posteriormente, se sumo el PSOE de Andalucía al considerar que los altos cargos del Servicio Andaluz de Salud podrán haber incurrido en un supuesto delito de prevaricación. En el marco de su investigación, este juez ha solicitado a la Intervención General del Estado que verifique si los contratos fraccionados del Gobierno andaluz fueron legales

La providencia de la jueza Cádiz se firmó el mismo día que el juez de Sevilla que estaba investigando el presunto abuso de la contratación de emergencia por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno, una vez que había decaído el amparo legar que justificaba este tipo de adjudicaciones a dedo, por un valor de 242 millones de euros, dictaminó el archivo de la causa. En su escrito, el magistrado sevillano sostenía que no había existido “una actuación arbitraria o caprichosa ni un injustificado ejercicio de abuso de poder” y cuestionaba que cuando se realizaron las prórrogas de los contratos de emergencia “no existiera aún una situación de emergencia”.

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla también restaba importancia a los reparos que la Intervención del SAS había presentado a las prórrogas de estos contratos, que se extendieron entre 2020 y 2024 -pese a que en 2021 una instrucción de la Consejería de Hacienda advertía de que este tipo de adjudicaciones a dedo debían tener carácter residual-. Ese mismo órgano fiscalizador también observó irregularidades en los contratos menores otorgados entre 2020 y 2021 por las centrales de compras provinciales del SAS en Andalucía y advertía, entre otros problemas, del supuesto fraccionamiento de estas adjudicaciones para evitar tener que pasar por el procedimiento de concurrencia competitiva y publicidad.

Este mismo modus operandi por parte de la central de compras provincial de Córdoba es que está investigando el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital cordobesa, a instancias del PSOE de Andalucía, también entre los años 2020 y 2021. En su querella los socialistas recogen los 573 expedientes de contratación otorgados en Córdoba con clínicas, farmacéuticas y empresas de servicios sanitarios, 334 en 2020 y 239 en 2021, en los que han hallado irregularidades.