Un tercer juzgado investiga los contratos de emergencia sanitarios del Gobierno andaluz

Un juzgado de Córdoba investiga los contratos de emergencia sanitarios del Gobierno andaluz (PP) concedidos en esa provincia por la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, cuando dirigía la plataforma logística de compras del Hospital Reina Sofía entre 2020 y 2021. El juez José Luis Rodríguez Lainz, titular del Juzgado 4 de Instrucción de esa ciudad, ha abierto diligencias de investigación penal y se une así a los juzgados de Sevilla y Cádiz que ya escrutan los convenios millonarios del Ejecutivo autonómico con la sanidad privada.

El tercer frente judicial del caso de los contratos sanitarios que se le abre al Gobierno de Juan Manuel Moreno en año electoral surge a seis meses de las urnas. Y llega tras una querella del PSOE del pasado octubre que une los contratos de emergencia concedidos sin un supuesto respaldo legal ―como en Sevilla― con los otorgados de manera fraccionada ―como en Cádiz―. Los socialistas analizaron 573 expedientes de contratación otorgados en Córdoba con clínicas, farmacéuticas y empresas de servicios sanitarios, 334 en 2020 y 239 en 2021, y hallaron irregularidades que han volcado en su querella.

La gestión de García ha sido muy cuestionada por el PSOE, y en la causa de Sevilla le ha acusado de cometer supuestas ilegalidades en los contratos de emergencia sanitarios, que ascendieron a 242 millones entre 2020 y 2024. Los socialistas aportaron al juez pruebas de cómo la directora gerente firmó presuntamente el año pasado unas adendas a un contrato para justificar a posteriori operaciones con la sanidad privada que carecían de base legal.

Ahora el juez Rodríguez Lainz, instructor del caso Bretón, ha aceptado investigar los convenios firmados por García por los indicios aportados, aunque con ciertas limitaciones, según el auto fechado el pasado domingo. El magistrado busca esclarecer si el SAS aplicó bien las excepciones que permitió la pandemia a las Administraciones para contratar por emergencia, así como el uso de los contratos fraccionados para evitar la concurrencia pública, a la que obliga la ley para garantizar al erario los mejores precios. La directora gerente del SAS ya está investigada en el Juzgado 13 de Instrucción de Sevilla y declaró ante el magistrado José Antonio Gómez el pasado noviembre para dar su versión de los hechos.

La investigación abierta en Córdoba analizará si el SAS utilizó contratos menores para eludir la contratación ordinaria competitiva que fija la Ley de Contratos del Sector Público, tal y como censuró la Intervención General de la Junta en diferentes informes definitivos de cumplimiento emitidos en 2022 y 2024. Los socialistas alertaban en su querella de que Valle y otros altos cargos podrían haber incurrido en prevaricación, malversación, falsedad, fraude en la contratación y pertenencia a organización criminal. De momento, el juez rechaza la posibilidad de analizar todos los expedientes de contratación de 2020 y 2021 y ha descartado decenas de contratos, además de limitar el caso a una supuesta prevaricación, falsedad y fraude contra la Administración.

“Este Juzgado tiene plena convicción de que la vigencia del principio de especialidad, que supone la absoluta prohibición de investigaciones prospectivas, destinadas no a investigar hechos respecto de los que constan indicios de ser constitutivos de delito, sino a determinar si se ha cometido alguna infracción criminal, no puede ser cuestionada en momento alguno”, reza el auto. El juez aclara que a medida que la “compleja investigación” abierta ahora avance y los nuevos hechos corroboren las sospechas iniciales, ampliará el número de expedientes para investigar.

El magistrado rechaza varias peticiones hechas por el PSOE para avanzar de manera más ágil en la investigación, como que interviniera en auxilio la Intervención General de la Administración del Estado y la Policía Judicial, o que declare como testigo la interventora que analizó los expedientes de contratación. “No apreciándose de momento indicio alguno que pudiera llevarnos siquiera a sospechar con un mínimo de fundamento la existencia de connivencias para el cobro de comisiones o confabulaciones para favorecer de forma manifiestamente ilícita a contratistas”, alega el juez sobre la investigación policial en el caso. Sobre la declaración como investigada de García, el magistrado la deja como una posibilidad futura, pero sin embargo le da traslado de las actuaciones, dado su papel principal jugado al otorgar centenares de expedientes.

Rodríguez Lainz ha impuesto a los socialistas una fianza de 12.000 euros para continuar adelante y avanza que pedirá informes a los servicios jurídicos del SAS para decidir sobre la legalidad de ciertos contratos firmados por el propio Servicio Andaluz de Salud.

La primera petición que hace el juez al SAS es para que le remita “copias íntegras” de los expedientes de contratación que considera tienen indicios delictivos. A la Intervención provincial de Córdoba, le exige que le mande los informes de cada expediente de contratación señalado en el auto. En paralelo, le pide al servicio jurídico del SAS en esa ciudad que emita informes sobre los expedientes y aclare si está justificada la elección de la “contratación menor o de emergencia y su justificación”, así como todo el personal técnico que estuvo implicado en la tramitación y el control de expedientes, “o con capacidad de decisión sobre los mismos”.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha calificado esta nueva investigación que atañe a su Gobierno de “estrategia desesperada del PSOE andaluz, que no levanta cabeza electoralmente”, informa Europa Press. “Todo va a quedar aclarado (…) El PSOE no tiene capacidad de propuestas más allá de poner denuncias sin ton ni son (…) La duda del PSOE no es si ganará las elecciones, sino si será tercera fuerza política”, ha añadido Sanz para desacreditar las pesquisas judiciales puestas en marcha con el arranque de año.