Víctimas del accidente de Angrois creen que la tragedia de Adamuz era “evitable”

Víctimas del accidente del 24 de julio de 2013, cuando un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol descarriló en la curva de A Grandeira, en Angrois, a unos tres kilómetros de la estación de Santiago de Compostela, dejando un saldo de 80 muertos y 143 heridos, se han concentrado este lunes frente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para denunciar la existencia de una “justicia politizada” que, según sostienen, ha impedido que haya una verdadera investigación que permitiera corregir errores, de ahí que hablen del reciente accidente ferroviario en Adamuz, que se ha cobrado 45 vidas, como una “tragedia evitable”.

“Después de más de 12 años, seguimos sin justicia y sin una investigación independiente, como exige Europa, debido a unas instituciones politizadas que anteponen sus intereses espurios a la vida y seguridad de las personas”, reza el comunicado que ha leído el portavoz de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, Arturo Domínguez, junto a una veintena de manifestantes.

La protesta tiene lugar días después de que la Audiencia Provincial de A Coruña confirmara la condena a dos años y seis meses de cárcel al maquinista del Alvia, Francisco Garzón, por 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones, pero absolviera al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, sobre el que había recaído la misma pena. Con ello, revocó parcialmente la sentencia dictada en 2024 por el Juzgado de lo Penal Número 2 de Santiago, acogiendo los recursos presentados por Fiscalía, Adif, su aseguradora (Allianz Global) y el exalto cargo de la entidad.

Domínguez ha calificado esta sentencia de “noticia trágica” porque avala las pesquisas de la Comisión de Investigación de Accidentes (CIAF), de la que formaban parte altos cargos de Adif y Renfe. Las víctimas acudieron al Supremo para intentar reabrir la investigación con una CIAF verdaderamente independiente, pero el alto tribunal desestimó sus pretensiones en 2023. Bruselas, en cambio, sí respaldó repetir la investigación para “llevarla a cabo con total independencia”.

En la lectura del comunicado, Domínguez ha sostenido que “durante años la maquinaria del Estado ha trabajado para eximir de responsabilidad a quienes fueron negligentes, tratando por todos los medios de echar toda la culpa al último eslabón de la cadena, el maquinista”. Las víctimas culpan tanto a “los gobiernos del PP y del PSOE”, por negarse a reabrir la investigación de la CIAF; como a la Fiscalía, “que protegió a las empresas públicas implicadas” al retirar la acusación contra Adif “en el último momento”; a la Abogacía del Estado, que acusó al juez instructor de llevar a cabo una “inquisición general”; o al CGPJ, por cambiar al juez que inició la investigación, “después de imputar a varios directivos de Adif”.

La plataforma destaca que algunos de los intervinientes en el procedimiento han sido “premiados”. Así, indica que el fiscal, Mario Piñeiro, recaló posteriormente en el Supremo y que la abogada del Estado, Consuelo Castro, fue ascendida a jefa de la Abogacía General. “Habrá que estar atento a la carrera judicial de Ana Belén Sánchez González”, ha deslizado Domínguez, en alusión a la presidenta de la Audiencia Provincial de A Coruña y ponente de la sentencia.

Para Domínguez, el caso de Angrois evidencia que “no se vela por la vida y seguridad de los viajeros” porque “la imagen y marca España valen más”. Y advierte de que, “cuando no se investiga con independencia, no se sabe la verdad y no se asumen responsabilidades, las cosas vuelven a suceder”. Por eso, considera que el reciente accidente en Adamuz “es otra tragedia evitable”. “No nos pueden decir ahora, porque es un insulto para todos, que todo estaba bien, que todo estaba repasado y remodelado, que todo estaba perfectamente”, ha reivindicado, para remachar “ha vuelto a pasar y volverá a pasar mientras no se depuren responsabilidades y se investigue con independencia”.

La justicia condena solo al maquinista por “exceso de velocidad”

En el caso de Angrois, el maquinista fue condenado en primera instancia por el exceso de velocidad con el que llegó a la curva de A Grandeira ―donde debía pasar de 200 a 80 kilómetros por hora―. Según el relato ratificado ahora por la Audiencia Provincial, Garzón incurrió en una imprudencia grave porque cuando debía comenzar a aminorar la marcha atendió una llamada telefónica “totalmente innecesaria que le distrajo de su fundamental obligación de adecuar la velocidad al tramo de vía en el que se encontraba”, “siendo múltiples las señales de carácter visual y acústico que desatendió de forma continuada”. El maquinista “no activó el sistema de frenado del tren hasta que vio la curva y cesó la llamada”, recoge el último fallo.

Cortabitarte, por su parte, fue condenado inicialmente por la ausencia de una evaluación de riesgos adecuada que pudiera haber llevado a recuperar el ERTMS, el sistema de seguridad estandarizado en Europa que permite frenar el convoy en caso de error humano. Sin embargo, la Audiencia Provincial le exoneró al considerar que no es posible afirmar que, de haber hecho un análisis distinto sobre los peligros de ese tramo, se hubiera evitado el accidente. Asimismo, tiene en cuenta que el exdirector de Adif “no tuvo intervención ni capacidad de decisión” en aspectos clave como la modificación del proyecto original o la dotación de ERTMS. No obstante, una magistrada emitió un voto particular donde se opuso a la absolución de Cortabitarte. A su juicio, “existía una obligación de valorar correctamente el riesgo y no se hizo”, lo que en la práctica supuso que “el riesgo fue conscientemente trasladado en su integridad al maquinista”.

La sentencia de la Audiencia Provincial también confirmó la responsabilidad civil de Renfe y del maquinista, por lo que la aseguradora, QBE, deberá hacer frente a las indemnizaciones, que ascienden a más de 22 millones de euros, de los cuales alrededor de 12 millones corresponden a familiares de los fallecidos y los 10 millones restantes, a las personas que sufrieron lesiones.

Este último fallo en el caso de Angrois no es recurrible ante el Supremo pero Domínguez ha avanzado que pelearán en el Tribunal Constitucional y, si fuera necesario, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Esto no puede quedar así. Se lo debemos a todos los ciudadanos y a todos nosotros porque, si no, las cosas vuelven a ocurrir, y otra tragedia evitable”, ha explicado el portavoz de las víctimas.