Israel frustra la investigación de la justicia española sobre el espionaje al Gobierno de Sánchez con Pegasus

La justicia española se ha topado con un enorme muro: Israel. El juez José Luis Calama, instructor de la Audiencia Nacional, denuncia que el Estado judío ha “frustrado” la investigación abierta sobre el espionaje a varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez con el software Pegasus, comercializado y desarrollado por una de sus empresas. Israel ha desoído cinco peticiones de colaboración del magistrado, que critica duramente el “incumplimiento” de las obligaciones internacionales ratificadas por ese país. “Nos impide avanzar en la investigación de los hechos”, censura Calama en un escrito firmado este jueves, donde detalla que se ve obligado a archivar la causa por segunda vez al no contar con nuevas pistas para seguir tirando del hilo.

La Audiencia Nacional comenzó estas pesquisas en mayo de 2022, tras recibir una denuncia de la Abogacía del Estado por la intrusión en los móviles del presidente Pedro Sánchez y de Margarita Robles, ministra de Defensa. El caso Pegasus se amplió después tras detectar más presuntos ataques contra los teléfonos de los titulares de Interior y Agricultura, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente. Según el sumario, el aparato del jefe del Ejecutivo fue infectado cinco veces entre octubre de 2020 y diciembre de 2021; y, en mayo de 2021, lograron extraer hasta 2,57 gigabytes de información de su dispositivo. El móvil de Robles fue atacado en cuatro ocasiones entre mayo y octubre de 2021; el de Marlaska, dos (en junio de 2021); y el de Planas, una (también en junio de 2021).

Desde entonces, el magistrado Calama ha intentado dar con los responsables del hackeo. Pero no ha tenido éxito. Y se ha encontrado, además, con la absoluta falta de colaboración de Israel, donde tiene su sede NSO Group, la empresa tecnológica que desarrolló el software espía. “La falta de ejecución de las comisiones rogatorias [peticiones de cooperación] dirigidas a las autoridades de Israel impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos delictivos investigados a persona concreta alguna, abocándonos, de forma indefectible, a acordar el sobreseimiento provisional”, subraya el juez, que incide en el “manifiesto incumplimiento de las obligaciones internacionales” del Estado judío.

El instructor ha intentado durante casi cuatro años obtener una respuesta de Israel, pero no ha tenido éxito. Según detalla en su resolución, la primera petición de colaboración se emitió el 10 de mayo de 2022, cuando se reclamó ayuda a las autoridades de ese país para que exigieran la entrega de cierta información a NSO Group. Y el 7 de junio del mismo año, se solicitó permiso para que una comisión judicial se desplazase hasta el Estado judío para interrogar al consejero delegado de la empresa. Ante la falta de una respuesta, la Audiencia Nacional volvió a insistir en septiembre de 2022 y en abril de 2023. “Al día de la fecha no se ha recibido acuse de recibo ni contestación alguna”, incide el magistrado este jueves.

Esta falta de colaboración provocó que, en julio de 2023, el juez archivase la causa por primera vez por “falta de autor conocido” y ante la imposibilidad de seguir con sus indagaciones. Pero, en abril de 2024, reabrió el caso tras recibir una información de Francia sobre unas pesquisas similares que se habían impulsado allí en 2021 por varias infecciones a través del mismo software espía en los teléfonos de periodistas, abogados, miembros del Gobierno y del Parlamento galos. Entonces, en febrero de 2025, Calama reclamó ayuda otra vez a Israel, pero su solicitud fue desoída de nuevo.

El magistrado de la Audiencia Nacional denuncia que Israel incumple así varios acuerdos internacionales que ha suscrito, como el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 1959, que ratificó en 1967; y el Segundo Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, que firmó en 2006. “En el presente caso, consta acreditado que el Estado de Israel no presta a España un nivel de cooperación equivalente al recibido en supuestos sustancialmente análogos, al no dar respuesta a las múltiples solicitudes emitidas en esta causa sin fundamento jurídico alguna ni ofrecimiento de mecanismos alternativos de asistencia”, reitera José Luis Calama.

Para el instructor, que reconoce la “impotencia investigadora”, tal comportamiento “rompe el equilibrio propio de la cooperación internacional y vulnera el principio de buena fe que debe regir las relaciones entre Estados”.

En su resolución de este jueves, el magistrado añade que la investigación no ha permitido identificar al autor o autores del ataque, ni averiguar “nada” sobre la información que pudieron extraer de los teléfonos de los miembros del Gobierno. El juez Calama aprecia indicios de delitos de descubrimiento y revelación de secretos que, según ha señalado en la causa, han “puesto en jaque la propia seguridad del Estado” español.