Julio Iglesias alega “interés legítimo” para pedir a la Fiscalía la denuncia de dos extrabajadoras por agresión sexual y trata

El abogado de Julio Iglesias no desiste y vuelve a la carga ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El letrado José Antonio Choclán, que ha asumido la defensa del cantante, ha solicitado que se le entregue una copia de la denuncia que presentó una ONG contra el artista en nombre de dos extrabajadoras por agresión sexual y trata, entre otros delitos. Actúa después de que el ministerio público no le permitiera personarse en las diligencias preprocesales que ha abierto por las acusaciones de agresiones sexuales vertidas en su contra (una especie de investigación previa de la Fiscalía para analizar si tiene competencias para asumir el caso y si existen indicios de delitos para querellarse). Choclán alega el “interés legítimo” de su cliente y recuerda que la denuncia se ha llegado a publicar en la prensa.

“[Julio Iglesias es el] único legitimado que no dispone de copia de la denuncia; que, sin embargo, ha accedido de modo notorio a terceros”, apunta el abogado del cantante en un nuevo escrito remitido a la Fiscalía de la Audiencia, fechado este 20 de enero y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

En ese documento, avanzado por El Español, la defensa incide en que “es un hecho notorio” que la denuncia es conocida no solo por la Fiscalía, sino por “terceros distintos de las denunciantes”. Hace referencia a la organización internacional Women’s Link Worldwide y a los medios de comunicación eldiario.es y Univisión Noticias. A su juicio, se produce “la paradoja de que el único interesado que no la conoce es el denunciado”, algo que considera que es “insólito” de acuerdo con “los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico constitucional”.

El abogado del artista aprovecha también para protestar por la decisión de la Fiscalía de no aceptar todavía su personación en las diligencias preprocesales. Recalca que la Fiscalía “solo” va a “comprobar” a partir del propio texto de la denuncia si es competente para investigar los hechos y que reconoce que, en esa actuación, es “habitual” que no se admita la intervención de la defensa del señalado. Sin embargo, insiste en que, de cara a adoptar dicha decisión, “es clara la necesidad de defensa y alegación por el denunciado [...], ante la difusión pública de la denuncia y de la incoación de las presentes diligencias”.

Choclán avanza que, dado que la decisión de la Fiscalía no se puede recurrir, se reserva el derecho a pedir “amparo” al Tribunal Constitucional por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales.

La defensa de Iglesias considera que la Fiscalía de la Audiencia Nacional carece de competencias para investigar los hechos relatados por las dos extrabajadoras, que supuestamente ocurrieron en 2021 en las residencias del artista en República Dominicana y Bahamas. Las mujeres denunciaron ante el ministerio público el 5 de enero con el apoyo de la organización Women’s Link Worldwide. La ONG se aferra a la nacionalidad del cantante para intentar que España asuma la investigación sobre los presuntos abusos —que califica como delitos “de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, “contra la libertad y la indemnidad sexuales”, “acoso”, “lesiones y contra los derechos de los trabajadores”—.

A mediados de enero, elDiario.es y Univisión publicaron el relato de ambas mujeres, que aseguraron que Iglesias les obligaba a pasar exámenes ginecológicos para trabajar en sus casas, les llevaba a su cuarto por las noches y las obligaba, con ayuda de empleadas de mayor rango (house managers o gobernantas), a realizar prácticas sexuales que no deseaban. Women’s Link Worldwide aseveró que la Fiscalía de la Audiencia les tomará declaración a ambas extrabajadoras como testigos protegidos, en el marco de esas diligencias procesales abiertas para determinar si hay elementos suficientes para llevar el caso ante los tribunales españoles.