La Fiscalía de la Audiencia Nacional tomará declaración como testigos protegidas a las dos extrabajadoras de Julio Iglesias

La Fiscalía de la Audiencia Nacional tomará declaración a las dos extrabajadoras de Julio Iglesias que lo han denunciado por acoso y agresión sexual en calidad de testigos protegidas. Lo ha anunciado este miércoles Women’s Link Worldwide, la organización que ha presentado la denuncia por este asunto en España. Los hechos denunciados, según la ONG, podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual, agresión sexual y lesiones. La Fiscalía evita confirmar o desmentir que les va a tomar declaración “por el carácter secreto de las diligencias”, según fuentes del ministerio público. Desde la organización aseguran que no hay fecha prevista para la declaración y que esta podría ser por medios telemáticos.

Los hechos denunciados se enmarcan en el año 2021. Una exempleada del servicio doméstico denuncia que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y describe penetraciones, bofetadas, vejaciones físicas y verbales. Por su parte, una fisioterapeuta cuenta que sufrió tocamientos. Ambas señalan que recibían insultos durante su jornada laboral, según la investigación periodística llevada a cabo por eldiario.es y Univisión.

Las portavoces de Women’s Link aseguran que han contactado con su organización otras mujeres que alegan haber sido trabajadoras de Iglesias, aunque no han querido ofrecer más detalles para protegerlas. “No podemos dar más detalles por cuestiones de seguridad”, ha explicado Jovana Rivas, directora ejecutiva de la organización.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado 5 de enero. Ahora tiene que decidir, primero, si considera que hay jurisdicción de la justicia española para investigar y juzgar los hechos. En segundo lugar, quién sería el órgano competente. Y en tercer lugar por qué delitos tendría que acusar. De ser así, iniciaría una querella contra el acusado o, si no, cerraría las diligencias preprocesales si considera que no existen elementos suficientes para sostener una acusación.

Jovana Rivas ha adelantado que la Fiscalía ha decidido tomar declaración a las denunciantes y les ha concedido la condición de testigos protegidas. Eso es, explica Rivas, algo fundamental teniendo en cuenta que el denunciado “ostenta un poder diametralmente distinto del de las denunciantes”. Por eso mismo, también se han pedido medidas de protección para las mujeres y sus familiares. La condición de testigo protegido implica que su identidad, imagen y datos personales son ocultados y se le aplican medidas de seguridad (protección policial, reubicación, cambio de nombre clave) para garantizar su integridad y la de su familia.

A pregunta de este medio sobre las medidas adelantadas por Rivas, fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional han contestado esto: “Dado el carácter secreto de las diligencias de investigación no se va a dar ninguna información acerca del contenido de las mismas y del devenir de estas, hasta que no haya una resolución que ponga fin a las mismas en el sentido que proceda”.

Gema Fernández, abogada y directora legal para Europa de Women’s Link ha subrayado el poder que tiene y que ejercía, supuestamente, Julio Iglesias porque eso contribuyó a crear un ambiente de “intimidación” y a incrementar la “vulnerabilidad” de Rebeca y Laura, nombres ficticios para proteger la intimidad de las dos denunciantes. Las abogadas de la organización que han puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía les han pedido, según Fernández, que la toma de declaración “no sea revictimizante” dada la vulnerabilidad de las víctimas.

Rebeca decidió exponerse y denunciar los hechos, según han explicado en la rueda de prensa, por tres motivos: “Hago esto por tres razones de justicia: por mi misma y por lo que he sufrido para contarlo y salir de esa situación, por las mujeres que trabajan en las casa de él: que sean fuertes, que alcen la voz y que recuerden que no es invencible. La tercera razón es por mí país, la República Dominicana, para que él entienda que no puede venir a hacer lo que quiera sin tener consecuencias”, según el testimonio leído por las responsables de Women’s Link. Laura, por su parte, señaló: “Las mujeres somos victimas y supervivientes, no victimarias y culpables”.

Las dos mujeres contaron, en una investigación elaborada por eldiario.es y Univisión, el clima de terror en el que aseguran que vivieron en las mansiones del artista en República Dominicana y Bahamas: gritos, humillaciones, tocamientos, besos no consentidos, agresiones sexuales y jornadas de trabajo de hasta 16 horas. Lo que describieron es una situación de sometimiento que llegaba a rozar “la esclavitud”, según la investigación de los dos medios.

Estas mujeres no disponían de contrato laboral, se les exigía que mostraran el contenido de sus teléfonos e incluso se les prohibía abandonar la residencia, según la investigación periodística. Julio Iglesias, además, imponía a sus empleadas pruebas de VIH, hepatitis, clamidia y revisiones ginecológicas. El control de las chicas lo ejercían supuestamente las encargadas de confianza del artista, que presenciaban lo sucedido en unas ocasiones y, en otras, eran partícipes.

Fernández ha fundamentado por qué considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de trata. “Está definido con una serie de elementos que incluyen una captación, un traslado, una recepción y una finalidad de explotación, y por los medios: cómo se logra captar a una persona, sacarla de su entorno, llevarla a otro lugar con la finalidad de explotarla, obtener un beneficio económico a través del engaño, la violencia, o el abuso de poder”. En el caso de Rebeca y Laura, según la directora legal de Women’s Link, habría habido engaño porque no sabían cuáles iban a ser las condiciones laborales en las que se iban a desempeñar. “Nunca hubo una conversación formal acerca del contenido del trabajo en sí mismo, era una captación a través de un mensaje unas determinadas redes donde se sabía que se podían encontrar mujeres y chicas del gusto del denunciado, de una determinada edad, de un determinado origen social y de una determinada etnia o color de piel”.

Esa era la captación. “Luego el traslado las aísla un poco de su entorno, se las lleva a vivir en una casa donde además también van a trabajar. Y es ahí donde se produce esta explotación”.

Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistia Internacional España, también presente en la rueda de prensa, ha explicado que su deseo es que las víctimas obtengan “verdad, justicia y reparación y que durante el proceso no haya revictimización”. Ha descrito la situación de terror relatada por las dos víctimas como algo común y no un hecho aislado. “A nivel internacional estamos realizando investigaciones que demuestran que lo que le ha ocurrido a Laura y Rebeca es parte de un patrón que hemos visto en otros países donde mujeres, principalmente migrantes y procedentes de contextos de pobreza, tienen estructuras laborales montadas sobre la idea de que su tiempo, trabajo y cuerpo es barato y sustituible”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.