El campamento de Álava investigado por delitos contra la libertad sexual anuncia nuevas colonias este verano

El campamento de la localidad alavesa de Bernedo, que está siendo investigado por varios delitos contra la libertad sexual, tiene la intención de celebrar de nuevo las colonias este próximo verano. La asociación Sarrea Euskal Udalekua, organizadora de los campamentos, ha anunciado a través de su página web que abre el periodo de inscripciones a partir del 1 de marzo para cinco turnos durante los próximos meses de julio y agosto en Bernedo, además de los campamentos que celebra en Abaigar y Goñi.

Un juzgado de Vitoria tiene abierta una investigación judicial desde el año pasado por una veintena de denuncias presentadas por familias de menores que participaron en los campamentos. Entre los hechos denunciados, las familias señalan que las chicas y chicos eran obligados a ducharse juntos en duchas mixtas y que, en ocasiones, había monitores que también se duchaban con los adolescentes. Los monitores negaron haber coaccionado a los chavales para que se desnudaran unos delante de otros y defendieron que las duchas mixtas eran una “oportunidad para normalizar todos los cuerpos” y “garantizar lugares seguros para todos los niños y adolescentes, sin la necesidad de una identificación de género previa”. Las familias criticaron que nunca fueron avisadas de ello. También relataron que uno de los monitores iba por el campamento “con los genitales al aire”.

Ante el anuncio, desvelado por El Correo, de repetir las colonias este verano, la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha reclamado a las instituciones que adopten “medidas preventivas de control” para garantizar “cualquier interés del menor que pueda estar afectado”. Los campamentos llevaban años celebrándose sin conocimiento oficial de la Diputación de Álava, encargada del control de este tipo de actividades. A raíz de que las primeras denuncias de los familiares se hicieran públicas, la Diputación alavesa abrió un expediente sancionador a los organizadores por infracciones graves de la Ley de Juventud, al no realizar la comunicación previa de la actividad ni responder a los requerimientos de documentación que posteriormente les hizo la institución foral.

El escándalo de Bernedo motivó que el Gobierno vasco y las tres diputaciones vascas crearan el pasado año un órgano de coordinación para reforzar el control de las actividades de tiempo libre en las que participan menores. Tras tener conocimiento del retorno de los campamentos, este organismo ha comunicado esta semana a los organizadores que “existe un procedimiento administrativo abierto” y que “la actividad prevista en ese municipio se encuentra bajo seguimiento y supervisión por parte de las administraciones competentes”. Las instituciones recuerdan además a la asociación la exigencia legal de comunicar la actividad con al menos 30 días de antelación, “con el fin de que puedan ser controladas y supervisadas previamente”.

A través de un comunicado, el Gobierno vasco y las tres diputaciones han recordado que se mantienen dos vías abiertas: “la vía judicial, que esclarecerá los hechos ocurridos, y la vía administrativa, para garantizar el cumplimiento de la normativa y depurar las responsabilidades que correspondan”. “Las instituciones continuarán actuando con rigor para asegurar la protección de las personas menores de edad y la correcta aplicación de los mecanismos de control”, concluye la nota. La asociación ha declinado hacer declaraciones, ha informado la SER.

Por su parte, la fiscal Carmen Adán ha explicado que la investigación judicial está “en una fase inicial” sin que todavía se hayan adoptado medidas. “Cuando concluyan las investigaciones será el momento de concretar las imputaciones y las medidas o comunicaciones que hubiera que realizar”, ha manifestado. La Ertzaintza tenía conocimiento de algunos de los hechos ocurridos en Bernedo desde finales de 2024 y, tras unas primeras indagaciones, remitió un atestado a los juzgados en abril de 2025, pero, en palabras de la fiscal Adán el pasado mes de septiembre, ese atestado “se quedó en un limbo” durante cinco meses y el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria no abrió diligencias hasta después del verano, cuando los campamentos ya se habían celebrado de nuevo y las denuncias de las familias salieron a la luz pública. “Es necesario determinar por qué ninguna institución ha intervenido a lo largo de todo este tiempo”, señaló entonces el diputado general de Álava, Ramiro González.