El TSJM rechaza medidas cautelares contra el Plan Reside, solicitadas por una empresa de pisos turísticos
El tribunal considera que los daños y perjuicios irreversibles que alegaba la compañía demandante no pueden acreditarse. El auto no resuelve la legalidad de fondo de la medida del gobierno de Almeida


El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por la empresa de pisos turísticos Palacio Apartments Madrid contra el Plan Reside, una de las políticas estrella del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) para controlar las viviendas de uso turístico en la capital, según el auto al que ha tenido acceso EL PAÍS y fechado el 4 de marzo. La compañía pedía suspender parte del plan de forma preventiva porque, alegaban, les perjudicaría económicamente y provocaría daños irreversibles. El tribunal ha dictaminado que dichos perjuicios no pueden acreditarse al no aportar pruebas de ello. La resolución no entra en la legalidad de fondo de la norma municipal, que también fue denunciada por Más Madrid y PSOE, aunque en su caso no solicitaron medidas cautelares. El plan sigue vigente a la espera de que se resuelvan estos recursos.
La empresa pidió la suspensión cautelar de determinadas normas del plan porque, argumentaron, su aplicación les causaría perjuicios económicos importantes porque limita o afecta a la explotación de viviendas de uso turístico, e implica cierres, denegación de licencias o la imposibilidad de continuar negocios ya existentes. Según el Plan Reside, aprobado la pasada primavera, los pisos turísticos en el centro de Madrid tienen que concentrarse en edificios exclusivos para ese uso o no podrán obtener licencia de actividad. Es decir, que no puede haber apartamentos de alquiler a turistas en el mismo bloque en el que vivan vecinos. Según defendían los demandantes, si el plan seguía aplicándose mientras dura el proceso judicial, podría generar daños difíciles de reparar a posteriori.
En el auto, el TSJM resuelve que Palacio Apartments Madrid no acredita que la norma impulsada por el gobierno de Almeida provoque daños y perjuicios imposibles de resolver y que llevarían aparejadas las medidas cautelares solicitadas. “Desconocemos los motivos por los que la parte considera que los efectos son irreversibles. Como hemos visto, los daños derivados de un cese o una denegación potencialmente ilegítima en caso de aceptarse el recurso, serían económicos. Los daños económicos se presumen esencialmente reparables y asegurados por la presunción de solvencia de la administración, por lo que no podemos asumir que este requisito se cumpla”, recoge el texto.
El tribunal también señala que el Plan Reside no afecta al conjunto de la actividad de las viviendas de uso turístico e impone las costas al demandante, aunque las limita a un máximo de 500 euros. La resolución recoge a su vez que “la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de este Tribunal se muestra restrictiva a la hora de conceder la suspensión cuando se encuentran en juego intereses públicos, siendo ello apreciable especialmente en aquellos casos en que la petición de medidas cautelares afecta a disposiciones generales”. El fallo es susceptible de recurso de reposición, previo al de casación.
El Ayuntamiento considera que “el Plan Reside ha demostrado, con datos, ser útil en la reducción de las viviendas de uso turístico ilegales”, según indica un portavoz municipal a raíz del auto. “No en vano, el número de viviendas que han restablecido la legalidad ante la apertura de un procedimiento y han vuelto al uso residencial en 2025, creció un 10,2%”, añade.
El pasado otoño, Más Madrid y PSOE presentaron sendos recursos contra el Plan Reside porque consideran que la nueva normativa favorece que promotoras inmobiliarias y fondos buitre adquieran bloques de viviendas completos, especialmente en barrios del centro, para convertirlos en edificios turísticos, como ha ocurrido en Lavapiés, Chamberí o Malasaña.
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