El centro de bienestar animal de Granada, en el foco: críticas por el trato a los animales, con cheniles encharcados y mal alimentados
La concesión municipal de atención a perros abandonados de la capital recibe numerosas quejas por las condiciones de los perros


En febrero del año pasado, Paloma Medina Rivas encontró un podenco deambulando por una plaza cercana a su domicilio, en Granada. Tras observarlo un rato, vio que estaba solo y sin dueño pero lustroso. Avisó a la Policía para intentar encontrar a su dueño a partir del chip que debía llevar. “No estaba chipado”, explica Medina. Era sábado y hasta el lunes el refugio municipal no recogía animales, así que, hasta entonces, lo llevó a un centro privado. El lacero ―el encargado de sacar de las calles los animales perdidos― lo trasladó al Centro de Bienestar Animal El Vivero. Es un centro gestionado por la empresa Athisa a la que el Ayuntamiento granadino le ha concedido la gestión de los perros y otros animales abandonados y de las colonias felinas.
Durante dos semanas, Medina intentó seguirle la pista al perro, Salvo, como ella lo nombró. No pudo verlo y nada de lo que le contaban le sonaba bien por lo que decidió rescatarlo. Cuando se lo entregaron, el perro feliz y vivaracho que había encontrado 17 días antes era un can escuálido, con las costillas a la vista y, en definitiva, un “estado de desnutrición severa por inanición prolongada”, además de “infecciones cutáneas varias” según un informe veterinario.
Medina investigó y descubrió que Salvo no había estado esas dos semanas en El Vivero como es preceptivo. Los animales tienen que permanecer ese tiempo en el refugio para que se les revise la salud y para dar margen a que su propietario, en caso de tenerlo, los reclame. En este caso, una semana después de llegar al lugar ―una concesión por la que el ayuntamiento paga a Athisa 180.000 euros anuales―, el perro fue trasladado a otro centro de animales donde de un modo u otro iba camino de ser sacrificado, comenta Paloma Medina. El hecho es que tras mucho insistir, porque no se lo pusieron fácil, recuperó a Salvo y con ello se llevó la sorpresa de cómo lo habían tratado. Medina denunció lo ocurrido, sin éxito, ante la justicia, aunque sirvió para fijar la atención sobre el lugar, atención reavivada tras estas Navidades gracias a videos que circulan en redes que muestran perros en cheniles ―los recintos donde se alojan― llenos de agua y en condiciones mucho peor de lo esperado.

El Centro de Bienestar Animal El Vivero se inauguró en septiembre de 2024 y, tras el caso de Salvo, fue clausurado en marzo de 2025. José Antonio Huertas, director general de Athisa Medioambiente y responsable de su departamento de Bienestar Animal, define aquello como “un cese de actividad, no un cierre”. Con una u otra definición, el lugar estuvo cerrado a cal y canto por la mala atención a los animales hasta que volvió a reabrir unas semanas después. Desde entonces hasta hace un par de semanas, el centro ha tenido unos meses de tranquilidad, rotos por el video que una joven llamada Nerea publicó el pasado 5 de enero.
Ese video muestra perros con sus cheniles encharcados y con poco resguardo, en los que apenas pueden protegerse del frío. Cheniles además que una revista de arquitectura consideró dignos de un reportaje. Pero la grabación no muestra otras realidades, confirmadas a este diario por una veterinaria que trabajó ahí hasta que se dio cuenta, dice ella, de lo que había. Según esta profesional, el centro no tiene agua potable de la red urbana. “El agua era de pozo y le hicieron una analítica que no me quisieron enseñar, con lo cual quiero pensar que estaba contaminada, porque todos los perros, todos, estaban con diarrea”, cuenta ella. “De pozo, pero clorada y con analíticas periódicas”, asegura Huertas desde la empresa. Tampoco tiene electricidad de la red. “Tenemos luz de un grupo electrógeno que aporta la luz que necesitamos”, dice Huertas. La veterinaria, sin embargo, recuerda otra historia: “La luz no iba. Yo ni siquiera podía encenderlo. Estaba allí sola mucho tiempo y no podía ni encenderlo, porque costaba mucho trabajo. Entonces trabajaba muchas veces a oscuras”.
El pliego de prescripciones que regula a qué está obligada la empresa es extenso, 20 páginas, y lleno de condiciones. Una es el horario de apertura al público, de mañana y tarde, que no se cumple. También es casi imposible contactar telefónicamente, como ha comprobado este diario. La concesión indica que deben trabajar allí a tiempo completo dos veterinarios, dos auxiliares veterinarios, un auxiliar administrativo y dos profesionales adiestrados en la captura de animales. Como explican Amanda Martínez y María José Miras, voluntarias del centro hasta que les impidieron el acceso, el centro cuenta con un trabajador que da de comer a los perros, un veterinario compartido con otro centro de la costa y un lacero. Huertas, sin negar esta plantilla, alega que “disponemos de los recursos para cumplir con el pedido de condiciones”.

Todas las fuentes consultadas explican que, en lo que se refiere a instalaciones requeridas ―consultorio veterinario clínico, zona de cuarentena, zona de higienización y desparasitación, etc.―, tampoco se cumple el pliego de condiciones. Los animales tampoco tienen el esparcimiento obligatorio. Las voluntarias dicen que no salen nunca de sus cubículos; la profesional que trabajó ahí asegura que “cuando yo estaba, no salían del chenil”. Huertas comenta que “sí salen a la zona de bosque, pero ¿cuántos minutos al día? Eso tampoco lo puedo decir, pero salir, salen, porque mientras se limpia el chelín el perro está en la zona de expansión”.
El ruido ha sido tal estas semanas que la alcaldesa granadina, Marifrán Carazo (PP), visitó el centro hace unos días. Su conclusión fue que “la lluvia de los últimos días había provocado charcos, pero que el informe [de los servicios de salud municipales] era correcto”. Este diario ha intentado sin éxito recabar más información sobre la opinión de los responsables municipales.
Las quejas han sido asumidas también por Pacma, que ha solicitado información al ayuntamiento ante la “lamentable” gestión del centro, y por el Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, de la Guardia Civil que, por ahora, “está pendiente de lo que ocurre”. Mientras, en estas semanas, lo urgente es mantener a los perros secos y protegidos del frío. Luego, tendrá que llegar la socialización de los canes, la higiene, la posibilidad de chiparlos y de atender la salud de los animales en el centro. Que este tenga agua potable y electricidad constante y que alcance la plantilla que requiere el pliego de prescripciones. No parece fácil para una empresa que, según Huertas, tiene 14 de estos centros en España y que, según Diario de Cádiz, perdió una concesión similar en Cádiz, Chiclana, Puerto Real y San Fernando por sus incumplimientos; según Ideal, fue investigada por el Seprona en Almería; y según Europa Press, fue sancionado por dos veces por el ayuntamiento de Logroño.
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