“Papelitos” impregnados de drogas desconocidas ponen en alerta a las prisiones de Botafuegos y Puerto III

El recuento de las ocho de la mañana en el módulo 4 de la prisión de Botafuegos, en Algeciras, del pasado 11 de septiembre acabó mal. Poco antes de empezar, un interno avisó a los funcionarios de que su compañero de celda no se movía. De nada sirvió la atención médica, el preso de 34 años yacía muerto en su cama. Poco después, el recluso que dio la alerta aseguraba que, la noche anterior, habían fumado tiras de supuestos parches de fentanilo envueltas en tabaco de liar. La muerte, denunciada por el sindicato Acaip, es la cuarta de 2025 que esta entidad imputa a la peligrosa moda de los “papelitos” impregnados con tóxicos desconocidos, que también ya ha llegado a la cercana prisión de Puerto III, según ha alertado el sindicato CSIF hace escasos días. Por ahora, Instituciones Penitenciarias se limita a asegurar que toda sustancia prohibida se analiza y que, en función de ello, se toman las medidas correspondientes.

Bajo el nombre de papelito o papelillo, como ya popularmente lo conocen los internos, se oculta la peligrosa tendencia creciente del “consumo de papeles tóxicos sintéticos”, como explica José Luis Alcaraz, funcionario de la prisión de Botafuegos y sindicalista de Acaip en este centro. El nombre técnico da pistas de lo poco que se conoce sobre la composición de esas tiras de dos centímetros de longitud por dos milímetros de grosor que se llegan a vender entre cinco y ocho euros la unidad. Por ahora, los funcionarios algecireños y portuenses tienen claro que son folios, a veces manuscritos o con dibujos que entran en la correspondencia dirigida a los presos, sumergidos o impregnados con diversos y desconocidos tóxicos. Son incoloros, inodoros y, lo que es más preocupante, habitualmente no reaccionan a los reactivos de drogas con los que cuenta Instituciones Penitenciarias.

“No tenemos forma de detectarlo: pueden tener pinturas, lejía, abrillantador de llantas, ketamina, cannabinoides sintéticos... Les da un colocón de 15 o 20 minutos que los deja como si fuese fentanilo, aunque no tenemos constancia de que lo sea. En el recuento de presos se salvan vidas, he visto a internos cianóticos”, resume un funcionario de Puerto III que pide anonimato. Los primeros casos comenzaron a verse en esa cárcel a finales de 2024 y en Botafuegos hace dos años. “No se ha comentado porque era minúsculo, pero esto ya ha comenzado a salirse del tiesto”, apunta Alcaraz. En la prisión portuense hablan de consumos esporádicos, de picos de entrada en determinados módulos. “Cuando entra, ves en un módulo como, poco a poco, van cayendo a la enfermería. No saben lo que han tomado, así que les ponen naloxona [un medicamento que revierte las sobredosis de opioides] y, si no reacciona, llamas a la UVI”, apunta otra fuente sindical de Puerto III.

El consumo de estos papelitos no aparece reflejado en el Informe general 2024 que elabora la Secretaría General de Instituciones Penitenciaria, ni en los estudios de consumo de drogas del Ministerio de Sanidad o de la red de atención a las adicciones UNAD. En Instituciones Penitenciarias aseguran que “toda sustancia prohibida que se detecta se manda a analizar y, en función del resultado de ese análisis, se toman las medidas sanitarias y de seguridad correspondientes”. Igualmente matizan que, cuando se producen muertes en prisión, los resultados de las autopsias tardan hasta cuatro meses y que esos casos producidos en 2025 en Botafuegos se cerrarán a lo largo de 2026. El último informe de 2024 (referente a datos de 2023) apunta 24 muertes en cárceles españolas producidas por drogas, un 60% menos que en 2018. Cualquier manifestación sobre este asunto ahora sería “elucubrar”, añaden desde la institución.

Pero Alcaraz se muestra preocupado por que el consumo se extienda, ante el difícil control que tiene: “Entra por la correspondencia y es poco arriesgado para quien lo envía. Además, la correspondencia es un derecho fundamental que no se puede suprimir. Tampoco se puede abrir, chocamos con la ley de protección de datos”. “De todas formas, tampoco tenemos medios para detectarlo”, añade el otro funcionario de Puerto III. Para Francisco Caravaca, doctor en Ciencias Forenses y en Trabajo Social —además de investigador del consumo de drogas en las prisiones españolas—, esa es precisamente la clave del problema: “Lo relevante es la incertidumbre sobre las sustancias porque ni el interno o la interna, ni el personal sanitario, ni los funcionarios saben a qué se enfrentan”.

Caravaca detectó en sus estudios que el 80% de los reclusos tienen problemas de drogas y salud mental, lo que se conoce como patología dual. Eso hace que el principal consumo sea de tranquilizantes, que se compran de forma ilegal dentro de la prisión. “Esto hace que quien no los tienen prescritos los consuma; y quien los tiene que tomar, no lo haga”, añade el experto. A Caravaca no le extraña que el consumo de estos papelitos hayan comenzado a preocupar precisamente en Puerto III y Botafuegos, dos prisiones especialmente numerosas, con 1.300 y 1.200 presos respectivamente: “Conforme las prisiones son más grandes se consume más, por factores como la mayor entrada y salida de presos o la menor tasa de funcionarios por internos”.

El investigador vaticina que el fenómeno podría convertirse en una emergencia sanitaria “significativa, que luego se estabilizará y será residual”. “Con el tiempo la población penitenciara tendrá una mayor educación sobre estas sustancias tóxicas y volverán a los patrones de consumo más tradicionales”, confía el experto. Mientras llega ese momento, en Botafuegos se ponen en guardia cuando notan una actitud extraña en los internos. “No tienen miradas brillantes como cuando consumen drogas habituales, es otra cosa”, apunta Alcaraz. A eso se suma los problemas de convivencia que ocasionan. En la tarde del pasado 11 de septiembre, tras la muerte de ese interno en Botafuegos, un trabajador acabó herido tras una trifulca ocasionada por el fallecimiento.

“Genera problemas de convivencia porque crea adicción y deudas o competencia entre quienes lo venden”, apunta el trabajador de Puerto III. De ahí que Alcaraz pida tomar ya medidas preventivas: “Tienen que colaborar un montón de estamentos: las fuerzas y cuerpos de seguridad, el funcionario tiene que tener tiras reactivas y formación, necesitamos un protocolo a seguir, además campañas de concienciación en el centro penitenciario”. El tiempo dirá si el papelito es una moda pasajera en las prisiones o se extiende más allá de los muros. “La cárcel puede ser el inicio, el precursor para el consumo en la calle, donde sería mucho más barato”, vaticina preocupado el trabajador de Puerto III.