El Colegio de Abogados que acusó a García Ortiz podrá opinar sobre las costas que pagará el fiscal al novio de Ayuso

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) podrá decirle al Tribunal Supremo si son excesivas o no las costas que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso presente para que pague el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su condena. Este trámite ocurrirá si el hasta ahora jefe del Ministerio Público se muestra disconforme con la cuantía que plantee Alberto González Amador (pareja de Ayuso) en concepto de honorarios y gastos de su defensa tras el juicio. El ICAM, que ha sido también acusación popular en este asunto, analizará entonces esta cantidad en un informe pericial que no es vinculante, pero sí perceptivo, según explican distintas fuentes jurídicas.

El Tribunal Supremo dio a conocer este martes la sentencia íntegra contra el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos al considerarle la persona responsable de la filtración de un correo electrónico que afectaba a la defensa de González Amador y al entender delictiva la nota de prensa que se publicó desde la Fiscalía General el día después de la filtración, el 14 de marzo de 2024. Los cinco magistrados que rubrican la pena (otras dos magistradas han firmado un voto discrepante) han impuesto a García Ortiz una multa de 7.200 euros así como el pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario González Amador, que está procesado por un fraude a Hacienda.

Pero, además, el fallo condenatorio arrastra la condena al pago de las costas procesales causadas por la acusación particular, es decir, el fiscal general tendrá que hacerse cargo del dinero que ha pagado la pareja de Ayuso desde que presentó la querella inicial en la primavera de 2024. Este dinero no es fácil de cuantificar, según las distintas fuentes jurídicas y colegiadas que ha consultado EL PAÍS, y en la mayoría de los casos el pago final no suele igualarse a la cuantía real que el querellado ha gastado de su bolsillo durante este proceso.

Las costas no hacen referencia únicamente a la minuta que el letrado Gabriel Rodríguez Ramos ha percibido de la pareja de Ayuso por la defensa. “También se incluyen los derechos del procurador, los testigos que hayan incurrido en gastos de desplazamiento, los peritos que se hayan contratado...”, detalla un abogado que perteneció a la junta directiva del ICAM.

No existe un número fijo, unas tablas o unos valores claros con los que se puedan confeccionar el valor de las costas. De hecho, los diferentes colegios de abogados de España tenían unos criterios orientativos consensuados con los que los letrados pudieran fijar el dato en función de si se trataba de un asunto civil o uno penal, de la complejidad del procedimiento, de la duración del juicio, de las instancias a las que se había recurrido, etcétera. Pero el Tribunal Supremo anuló esta posibilidad en 2023 después de que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) entendiera que esto afectaba al libre mercado.

Este asunto es polémico dentro del mundo judicial, puesto que está en juego la transparencia en la información del ciudadano que se enfrenta a unas costas procesales. “El acusado no tiene la culpa de que tú hayas escogido un abogado más caro que otro”, reflejan fuentes colegiadas. El Gobierno pretendió zanjar el tema con la Ley Orgánica del Derecho de Defensa aprobada en 2024 que permite a los colegios profesionales publicar baremos que ayuden a los miembros de un pleito a hacerse una idea del coste de perder, como lo que le ha ocurrido al fiscal general del Estado. Pero el tema todavía no está resuelto porque, precisamente, existe un recurso a la espera en el Tribunal Supremo para aclarar si este extremo de la ley quiebra la libertad del mercado.

Así las cosas, las fuentes consultadas indican que no puede fijarse con claridad la cantidad de la que el fiscal general deba hacerse cargo, hasta que Rodríguez Ramos no presente la minuta de sus gastos en el Supremo. Alguna voz indica que normalmente rige la norma de que la cuantía no supere el tercio de la indemnización en el procedimiento que, en este caso, se calcularía conforme a los 10.000 euros que García Ortiz debe entregar a González Amador por daños morales. Eso equivaldría a algo más de tres mil euros. Pero otras voces advierten de que ese es sólo uno de los criterios que se utiliza en el cálculo y en este caso hay en juego otros muchos.

Cuando la sentencia adquiera firmeza y el letrado presente la minuta se dará traslado a las partes de esa cuantía. Si García Ortiz no está conforme podrá impugnar el dato y entonces la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé el inicio de un “incedente” con el que es obligatorio que el asunto viaje al Colegio de la Abogacía de Madrid. Allí se emite un dictamen que tiene “naturaleza pericial” y determina si lo que se ha presentado por la acusación se ajusta a los niveles del mercado. Algunas de las voces jurídicas creen que este caso es muy particular porque habrá que ver “cómo se articula” dicho informe en este caso en el que, precisamente, el ICAM ha ejercido también de acusación. Fuentes internas explican que el dictamen tiene en cuenta una serie de “factores muy delimitados” en los que se analiza el esfuerzo, la “enjundia” del caso, la duración del juicio, la complejidad del asunto, el tiempo invertido, etc.

La decisión final de la cuantía a pagar la toma el Letrado de la Administración de la Justicia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y esa cantidad todavía es recurrible ante los propios magistrados. Por tanto, en última instancia será el tribunal que ha juzgado a García Ortiz el que ratifique cuánto debe pagar este a González Amador en concepto de costas.