Un juzgado admite una querella contra el jefe de gabinete de la presidenta de Baleares por enchufar de chófer a un familiar
Un funcionario acusa a la mano derecha de la presidenta de “manipular” un proceso selectivo para favorecer a un allegado sin experiencia que terminó estrellando el coche oficial de la presidenta


El juzgado de instrucción número 3 de Palma ha admitido a trámite una querella presentada por un funcionario de carrera de la comunidad autónoma contra el director de gabinete de la presidenta del Gobierno de Baleares, Alejandro Jurado, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El funcionario, con 33 años de carrera en la administración autonómica, acusa a la mano derecha de la presidenta de “manipular” un proceso selectivo “de forma injusta y arbitraria” para colocar a un familiar sin experiencia alguna como chófer de la máxima autoridad de las islas.
La demanda, adelantada por Diario de Mallorca y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, fue presentada el pasado mes de septiembre y fue admitida a trámite el 17 de noviembre. En un auto, la magistrada titular sostiene que los hechos relatados “presentan características” que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa, por lo que ordena al Gobierno de Baleares que aporte la documentación relativa al expediente para la cobertura del puesto de trabajo. El querellante es un funcionario de carrera adscrito a Presidencia de la comunidad autónoma, con antigüedad desde el año 1992, que ha prestado servicios de chófer en servicios directos para los dos últimos presidentes, José Ramón Bauzá y Francina Armengol. Actualmente, está en tratamiento por un cuadro de depresión y ansiedad a raíz de estos hechos.
El funcionario expone que, en 2023, el director de gabinete de la presidenta del Gobierno de Baleares, Marga Prohens, informó de que iba a cubrir una plaza vacante de chófer que figura en la relación de puestos de trabajo de Presidencia como de libre designación. Sin embargo, la cobertura del puesto se convocó mediante un concurso de méritos, a través de una oferta genérica del Servicio de Ocupación de Baleares. Entre los aspirantes figuraba el otro querellado, con una relación de parentesco con el jefe de gabinete, que tras obtener los resultados de la baremación no quedó como el primer aspirante al puesto. Al comprobar la posición en la que había quedado, relata la querella, “sorpresivamente” se modifican las bases para introducir una variación, consistente en la obligación de presentar un currículum vitae así como que la propuesta de nombramiento del funcionario interino se haga a favor de la persona que la secretaría general considere más adecuado.
Según el querellante, estos dos nuevos requisitos son aplicables para procesos de libre designación y no para los concursos de méritos. “Está aplicando ilegal y criminalmente criterios que no corresponden con el supuesto, pues estamos ante un proceso de selección por vía de concurso de méritos”, sostiene el documento. Además de la presunta contratación ilegal, el funcionario sostiene que el jefe de gabinete le comunicó a él y a un compañero que pasarían a prestar servicios para la consejería de Presidencia, pero no para la presidenta, ya que sería su familiar el que lo haría sin contar siquiera con los diez días de antigüedad. Se da la circunstancia de que poco tiempo después de incorporarse a su puesto de trabajo, el nuevo chófer protagonizó “un accidente de tal calado” que el vehículo destinado a la presidenta del Govern fue declarado siniestro total. El vehículo se estrelló después de haber prestado un servicio para Prohens sin que se viera involucrado ningún otro automóvil.
Desde el Gobierno de Baleares han afirmado que no tienen constancia de la querella y que no han sido notificados de la misma. El portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, ha explicado en una comparecencia posterior al Consejo de Gobierno que la presidenta tenía conocimiento del cambio de conductor, pero ha insistido en que la contratación fue “totalmente transparente y acorde con la legalidad vigente”. Ha admitido que existe un parentesco “de cuarto grado” entre el chófer y el jefe de gabinete, pero que su contratación “es acorde a la normativa”. Sobre el accidente de circulación protagonizado por el nuevo chófer con el coche oficial, Costa ha tratado de restarle importancia: “Una persona puede tener un accidente, hay otros consejeros cuyos chóferes han tenido una rascada o un toque, yo personalmente con el mío privado también lo he tenido a veces”. El vehículo tuvo que ser dado de baja definitiva del parque móvil de la comunidad.
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