La salud de Jordi Pujol marca el inicio del juicio contra la familia del ‘expresident’

Una pregunta sobrevuela el inicio del gran juicio por corrupción contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, de 95 años, y sus siete hijos: ¿El exmandatario autonómico está en condiciones de salud para afrontarlo? A esa cuestión tendrá que responder la propia Audiencia Nacional este lunes, antes de que arranque la vista oral contra el clan familiar, que se ha hecho esperar más de un lustro desde que el juez José de la Mata finalizara su investigación y concluyera que sus miembros se enriquecieron de forma “desmedida” a través de “pagos ilícitos” que recibían debido a su “posición privilegiada de ascendencia” en la sociedad catalana. El tribunal ha permitido que el exlíder de Convergència comparezca por videoconferencia desde Barcelona antes de que comience la primera sesión en Madrid a las 10.00, para evaluar de primera mano sus facultades psíquicas y físicas —y decidir qué hacer con él de cara al largo proceso que se avecina, después de que los forenses concluyeran que “no está en condiciones”—.

Después de años de espera, la imagen de Jordi Pujol sentado en el banquillo de los acusados resulta cada día más difícil. De momento, el expolítico ya ha evitado acudir a Madrid al inicio del juicio. Elude así esa fotografía. En la tarde del sábado 15 de noviembre, el expresidente catalán ingresó por una neumonía en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona. Esa circunstancia dirigió el foco a la Audiencia Nacional, que ya había encargado un informe forense previo sobre su estado de salud para pronunciarse al respecto. Con el exconvergente internado, el tribunal tuvo que pronunciarse: lo hizo el lunes pasado para comunicar que le permitía comparecer este lunes por videoconferencia. Cuatro días después, Pujol abandonó el centro médico.

Ahora se abren múltiples escenarios. Una vez se compruebe de primera mano el estado de salud (durante un acto que se celebrará antes de la primera sesión del juicio, a puerta cerrada y sin presencia de periodistas, según fuentes jurídicas), el tribunal debe decidir cómo continuar con el procedimiento contra Pujol padre.

La defensa pone sobre la mesa la opción de archivar directamente la causa contra él. La propia Audiencia Nacional ya adoptó una medida similar en 2021, cuando el magistrado Santiago Pedraz dejó fuera del proceso a su esposa, Marta Ferrusola, por una “demencia severa” —ella murió finalmente en julio de 2024—. Esta iniciativa supondría que el expresident no tendría que someterse a juicio y que los magistrados no podrían condenarlo en una sentencia, aunque sí podrían plasmar en su resolución hechos que le atañen y que salgan en la vista oral.

Como detalló El PAÍS, el tribunal tiene sobre la mesa un informe médico que determina que Pujol padre carece de “la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente”; y que presenta un “diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor mixto, de tipo alzhéimer y vascular”, además de un “deterioro cognitivo moderado” que es “irreversible” y “evolutivo”.

Los magistrados también pueden dejar en suspenso la causa contra Pujol y seguir con la vista oral para el resto de acusados. En ocasiones anteriores, la Audiencia Nacional ha adoptado esta medida cuando existen visos (aunque sean remotos) de que el afectado pueda recuperarse. Por ejemplo, en un reciente proceso contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, se apartó a su socio Rafael Redondo para que fuera juzgado por separado en otra fecha porque había sido sometido poco antes a una operación. Igualmente, en el primer gran juicio contra el antiguo agente de la Policía Nacional, se dejó fuera sine die al también comisario Enrique García Castaño porque sufrió un ictus en pleno desarrollo de las sesiones.

Pero, en el caso de que se decida finalmente que el expresidente catalán debe someterse al juicio, la defensa ha dejado caer varias posibilidades para aliviarle los meses que dure el proceso. Como que solo se le obligue a acudir a la sala en días puntuales (una opción que se ha visto en el último juicio del caso Gürtel); que se le permita seguir todo el juicio a distancia; o que, incluso, tenga la opción de declarar como acusado de forma telemática.

Su propia familia afirmó a principios de noviembre que el expolítico quería comparecer y tomar la palabra: “Mi padre quiere ir a juicio”, resumió su hijo Oriol Pujol Ferrusola en una entrevista. “[Está] suficientemente lúcido [...] No es un hombre inservible ni al que haya que inhabilitar”.

La pena de 9 años de prisión

La vista arranca este lunes en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, situada en un polígono industrial de esta localidad de la periferia madrileña. El juicio se prevé que se prolongue hasta mediados de 2026 y comienza tras años de retrasos; provocados, en gran medida, por maniobras y recursos impulsados por el clan Pujol para prolongar el tiempo dedicado a retirar la documentación sensible que constaba en el sumario.

La Fiscalía Anticorrupción reclama una pena de nueve años de prisión por delitos de asociación ilícita y blanqueo para el expresident, que fue una figura clave en la lucha antifranquista y el político catalán más influyente de la segunda mitad del siglo XX —ostentó el bastón de mando de la Generalitat durante más de dos décadas: desde 1980 a 2003—.

Según recalca el ministerio público en su escrito de acusación, Pujol padre se “aprovechó” de su condición de jefe del Ejecutivo autonómico y líder de Convergència para “tejer una red de clientelismo, hasta el punto de constituir un entramado que implicaba” que él y “determinados empresarios afines se repartían los sobresalientes beneficios de concursos públicos”.

Al finalizar sus pesquisas en 2020, el juez José De la Mata expuso que la familia Pujol había acumulado un “patrimonio desmedido” irregular, nutrido por “diversas fuentes”. Según el sumario, hay fondos “ilícitos” procedentes de empresarios que querían que se influyera a su favor “en adjudicaciones, concesiones, cambios de calificación urbanística..., a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán”. Otros también pagaban con el único objetivo de “congraciarse” con la familia o para mantener una “buena relación” con ella para así beneficiarse en el futuro.

Incluso, según remachó el magistrado, consta dinero de “fuente desconocida”. Eso sí, tanto De la Mata como Anticorrupción descartan que todas esas cantidades provengan de una herencia que Florenci Pujol, padre de Jordi Pujol, les dejara en el extranjero a su nuera y nietos antes de morir —como alega la defensa—.

Además de Jordi Pujol padre, en el banquillo se sientan una veintena de personas. Entre ellas, varios empresarios y los siete hijos del expresident, que participaron supuestamente en las operaciones de blanqueo del dinero. La Fiscalía señala que el exlíder de Convergència y su esposa, Marta Ferrusola, “dirigieron las operaciones de ocultación y afloramiento” de las ganancias ilícitas; pero añade que dos de sus vástagos (Jordi y Josep) “gestionaron los beneficios” y el resto (Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta) se “beneficiaron directa y conscientemente”, y “coadyuvaron a su ocultación”. Por ello, el ministerio público solicita 29 años de reclusión para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola; 14 años para Josep; y ocho años para los otros cinco hijos restantes.