Los forenses concluyen que Jordi Pujol “no está en condiciones” de ser juzgado

La presencia de Jordi Pujol en el juicio que empieza el próximo lunes contra él y su familia pende de un hilo. La Audiencia Nacional ha decidido que el expresident comparezca por videoconferencia el mismo lunes, momentos antes del inicio de la primera sesión, “con el fin de examinar” de primera mano su estado de salud y decidir si puede afrontar la vista oral y, en su caso, cómo lo haría. En poder del tribunal obra ya un informe médico que encargó, y que concluye que el expresidente de la Generalitat de Cataluña “no está en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio”, según han explicado fuentes jurídicas a EL PAÍS.

Jordi Pujol, de 95 años y que ya sufrió un ictus en 2022, permanece ingresado desde la tarde del sábado en la clínica Sagrada Familia de Barcelona por una neumonía y una infección pulmonar. La semana pasada, a petición de su abogado (Cristóbal Martell) y por orden del tribunal que lo enjuiciará, un equipo médico forense acudió a casa del exmandatario para examinar su estado de salud. Las conclusiones de ese estudio han sido ya remitidas a la Audiencia Nacional. Los forenses señalan que, además de no reunir las condiciones para afrontar el juicio, Pujol tampoco tiene “la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente”.

Según consta en el informe emitido, a cuyo contenido ha accedido este periódico, quien fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante más de dos décadas (desde 1980 a 2003) sufre un “diagnóstico de trastorno neurocognitivo de tipo mayor, alzhéimer y bascular”, y presenta un “deterioro cognitivo moderado” que es “irreversible” y “evolutivo”. Este documento médico se elaboró, en parte, tras una entrevista personal con el expolítico en su casa el pasado 6 de noviembre, según fuentes jurídicas.

La orden de los jueces de examinar a Pujol se produjo después de que sus abogados presentaran tres informes médicos que describían su estado de salud (incluido el deterioro de sus capacidades cognitivas). La defensa quería que los magistrados analizaran si se encuentra en condiciones de afrontar la larga vista oral, que se celebrará durante meses en Madrid. Esta iniciativa abre la puerta a que se le permita seguir todo el juicio a distancia y a que se le permita declarar de forma telemática; a que solo se le obligue a acudir en días puntuales; a que la causa quede en suspenso contra él (y siga el proceso para el resto de acusados); o, incluso, a que la causa contra él se archive, en el caso de que no esté en condiciones mentales.

Ante tal batería de posibles escenarios, según informan fuentes jurídicas, los magistrados han convocado el mismo lunes esa comparecencia por videoconferencia con el exlíder de CDC (Convergència Democrática de Cataluña), a la que también se ha citado a los médicos forenses que han emitido el informe sobre su estado de salud y a todas las partes personadas en el proceso. Este acto se llevará a cabo antes del inicio del juicio como tal.

El comienzo del juicio al político catalán más influyente de la segunda mitad del siglo XX, que cumplió 95 años en junio, está previsto para el próximo lunes 24 de noviembre. Se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, situada en un polígono industrial de esta localidad de la periferia madrileña. La vista llega tras años de retrasos (provocados, en gran medida, por maniobras y recursos impulsados por el clan Pujol para prolongar el tiempo dedicado a retirar la documentación sensible que constaba en el sumario). Y se prevé que no acabe hasta mediados de 2026. Se han programado declaraciones de más de 250 testigos. La expectación es máxima, sobre todo ante los intentos del independentismo de recuperar la figura del expresident, a los que se ha sumado el actual jefe de la Generalitat, el socialista Salvador Illa.

Según su entorno más próximo, el exdirigente de CDC manifestó de forma reiterada a su familia que quería declarar en la Audiencia Nacional. “Mi padre quiere ir a juicio”, resumió Oriol Pujol Ferrusola la pasada semana, en una entrevista de radio. “[Está] suficientemente lúcido [...] No es un hombre inservible ni al que haya que inhabilitar”, añadió el hijo del expresidente, que incidió en que su padre nunca ha solicitado ser excluido del procedimiento por su estado de salud, pero sí evitar desplazarse a Madrid durante meses: “El cuerpo de mi padre está castigado, débil, frágil, arrastra dolor... El cuerpo no le aguanta para ir, puede ser bastante mortal... Es una expresión, pero también es un poco literal”.

El expresidente autonómico Artur Mas también se ha pronunciado al respecto: “Le pilla en una situación de movilidad muy limitada, y lo sé porque lo veo habitualmente”.

La petición de cárcel

Al finalizar sus pesquisas en 2020, el juez José de la Mata, encargado de dirigir la investigación, concluyó que la familia del exdirigente convergente se había “aprovechado de su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana durante decenios para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. El propio Pujol confesó públicamente en 2014 que había ocultado durante décadas una fortuna en Andorra; aunque alegó que esta procede de un “legado” que su padre Florenci dejó en el extranjero a su nuera y a sus nietos antes de morir —una tesis que rechaza la Fiscalía—.

El ministerio público pide nueve años de cárcel para el expresidente catalán por blanqueo y asociación ilícita. También reclama penas de prisión para sus siete hijos —29 años para el primogénito Jordi Pujol Ferrusola; 14 años, para Josep; y ocho años, para el resto (Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta)—. Además de a Pujol y a sus siete hijos, la Audiencia Nacional propuso juzgar a la esposa del expresidente catalán, Marta Ferrusola, aunque la causa contra ella decayó por “demencia severa” antes de morir en 2024; y a otra quincena de personas.