La defensa pide la absolución del fiscal general: “No hay ninguna prueba porque no puede haberla”

El juicio a Álvaro García Ortiz, el primero celebrado contra un fiscal general del Estado, ha quedado este jueves visto para sentencia. La vista oral ha acabado con la intervención de la Abogacía del Estado, que ha pedido la absolución de García Ortiz. “Los hechos carecen de base probatoria [...] Se ha criminalizado una actividad institucional de dación de cuentas y de emisión de un comunicado oficial para salir al paso de una información que ponía en cuestión a la institución, a los fiscales y al fiscal general del Estado”, ha asegurado el abogado José Ignacio Ocio. La Abogacía ha acusado al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal y falsedad documental, de actuar con “mala fe” por omitir datos relevantes en la querella que ha llevado al banquillo a García Ortiz. Ocio también ha sostenido que es el propio González Amador quien rompió la confidencialidad de las negociaciones de su abogado con la Fiscalía al reenviarle un correo del fiscal del caso al jefe de gabinete de la presidenta madrileña y al dar detalles de esa negociación con un periodista de El Mundo.

La intervención del abogado del Estado ha puesto fin a un juicio histórico durante el que el jefe del ministerio público ha ocupado durante seis jornadas la posición de acusado. García Ortiz podía haber hecho uso de su derecho a pronunciar unas últimas palabras antes de que el presidente del tribunal diera por terminada la vista, pero ha renunciado a ello. Con esa decisión, el último alegato escuchado en la sala es el del abogado del Estado, quien ha asegurado que el fiscal general es inocente y ha intentado rebatir uno a uno todos los indicios desgranados horas antes por las acusaciones. “No hay absolutamente ninguna prueba porque no puede haberla”, ha afirmado. Horas antes, la Fiscalía había reclamado también la absolución del fiscal general por la misma razón.

Uno de los pilares de la defensa es negar que se den los requisitos para que haya existido el delito de revelación de secretos que se atribuye a García Ortiz. El abogado ha recordado que la jurisprudencia del Supremo establece que algo deja de ser secreto cuando ha sido conocido por los medios de comunicación, y seis periodistas que han declarado como testigos han asegurado que conocieron el supuesto secreto —que González Amador reconocía sus delitos para intentar un acuerdo de conformidad que le redujera la pena― antes de que el fiscal general recibiera el correo que centra la investigación. Ocio ha recalcado la “verosimilitud” de estos testimonios, algunos de ellos acreditados con mensajes de WhatsApp que se han incorporado a la causa.

La defensa rechaza el argumento de las acusaciones de que estos testigos no son creíbles porque se amparan en el secreto profesional para no revelar la fuente de su información. El abogado ha citado en este punto el voto particular que emitió el magistrado del Supremo Andrés Palomo contra el procesamiento de García Ortiz: “Negar por un órgano judicial eficacia a ese testimonio porque pudiendo identificar la fuente no lo hacen es una exigencia de renuncia a un derecho de previsión constitucional difícilmente comprensible”.

No obstante, la Abogacía defiende que, incluso sin el testimonio de estos periodistas, el reconocimiento de los delitos por parte de González Amador no era ya secreto cuando García Ortiz recibió el correo, porque había sido el propio empresario y su entorno quienes habían roto esa supuesta confidencialidad. Esto ocurrió, ha afirmado el abogado, cuando la pareja de Ayuso reenvió a Miguel Ángel Rodríguez el correo que le acaba de mandar su abogado en el que el fiscal del caso se mostraba abierto a aceptar un acuerdo de conformidad; pero también cuando el propio González Amador conversó en la mañana del 13 de marzo con el periodista de El Mundo que, unas horas después, a las 21.29, firmó la noticia que recogía la versión falsa de que era el ministerio público quien había ofrecido un pacto al empresario.

Esa información incluía detalles del acuerdo que negociaba la pareja de Ayuso y entrecomillados del correo que había enviado el fiscal a su abogado. “Cuando el titular de un secreto hace partícipe a terceros se pierde el secreto”, ha advertido Ocio. “Habrá que preguntarse si hablar con un periodista y pasarle [el correo] al jefe de gabinete de tu pareja son actos propios de la tutela que pretende ahora. Lo que no puede es revelar esos términos de la conformidad y, a renglón seguido, decir que esas conversaciones siguen siendo reservadas”.

La defensa sostiene también que, aun en el caso de que el Supremo considere que sí se reveló un secreto de la pareja de Ayuso, no hay ninguna prueba de que fuera el fiscal general quien filtró el correo. La Abogacía ha intentado desacreditar los indicios en los que se basó el Supremo para juzgar al jefe del ministerio público y los que, según las acusaciones. se han sumado durante el juicio. Entre ellos, el principal: que el correo se difundió en los medios apenas una hora y media después de que lo recibiera García Ortiz.

Para la Abogacía esta es “una inferencia de escaso valor” porque a ese mail también tuvo acceso a la misma hora la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra (esta cinco minutos antes que el jefe del ministerio público); la jefa provincial, Pilar Rodríguez; y la decana de delitos económicos, Virna Rodríguez. Ese correo, además, ha argumentado el abogado, adquirió relevancia cuando se publicó la noticia de El Mundo a las 21.29 y, en ese momento, también tenían acceso a él “desde la comodidad de sus casas” otras 16 personas (fiscales y funcionarios de la Fiscalía) en la cuenta genérica de correo a la que el abogado de González Amador envió el mail. La defensa se ha preguntado por qué, de todos ellos, el Supremo solo ha investigado a García Ortiz y a Rodríguez (a la que finalmente eximió). “Es una laguna de la investigación, no ha ninguna explicación”, ha dicho.

Ocio tampoco ve consistencia en otros hechos que las acusaciones utilizan contra el fiscal general, como el borrado sus mensajes y correos porque la propia Guardia Civil ha admitido que no puede confirmar que los whatsApp se borraran el día que lo encausaron, como sostuvo en un informe; o en el hecho de que la fiscal superior de Madrid asegurara que, horas después de que se revelara el correo, le espetó a García Ortiz “has filtrado el correo” y este contestó “eso ahora no importa”. La defensa ha advertido que esto es una “conjetura” y ha cuestionado su credibilidad al recordar que Lastra no mencionó ese hecho cuando declaró por primera vez sobre lo que ocurrió aquellos días de marzo de 2024 y que ha variado su versión en las dos declaraciones en el Supremo.

La defensa considera que estas palabras de la fiscal superior obedecen a su “mala relación” con el fiscal general. Pero no solo a eso: la Abogacía cree también que Lastra impuso “un cerrojazo” informativo sobre la denuncia por fraude de la pareja de Ayuso, y por eso ni hizo una nota de prensa el 7 de marzo cuando tuvo conocimiento de la denuncia, en contra de lo que ha hecho en otros casos de menor relevancia mediática; y puso “excusas” para no lanzar el comunicado redactado por la Fiscalía General cuando los hechos ya eran de dominio público.

Ocio ha descartado también que la tesis de la acusación particular de que la filtración de los correos por parte de García Ortiz fue “un acto preparatorio” de la difusión de la nota para lanzar un “relato institucional de culpabilidad” contra la pareja de Ayuso. “Es insostenible”, ha afirmado la Abogacía.

La Fiscalía pide la absolución

La intervención de la defensa ha estado precedida por la de la Fiscalía, quien ha reclamado también la absolución del fiscal general porque los testimonios escuchados en el juicio acreditan que García Ortiz no filtró el correo y que, en cualquier caso, el contenido del mail no era ya secreto cuando él lo recibíó. “Incluso en la hipótesis de que el fiscal general del Estado hubiera filtrado el correo cuando lo tuvo en su poder, en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios. Está acreditado en la causa”, ha asegurado Ángeles Sánchez Conde, quien, al contrario de lo que han manifestado este jueves las acusaciones, sí da credibilidad a los periodistas que han declarado como testigos.

La fiscal ha recalcado que los whastApp de profesionales de la información aportados a la causa constatan que los detalles del pacto entre González Amador y la Fiscalía circulaban horas antes de que el fiscal general reclamara ese correo; y que Miguel Ángel Rodríguez mintió varias veces durante su declaración ante el instructor, como cuando dijo que elDiario.es no contactó con él antes de publicar que la denuncia por fraude fiscal contra la pareja de Ayuso o cuando aseguró que no difundió la versión tergiversada de que era el ministerio público quien buscaba un pacto con la defensa hasta que El Mundo lo publicó a las 21.29 del 13 de marzo. Los mensajes incorporados a la causa entre Rodríguez y un periodista de EL PAÍS dejan constancia de que el primero ya estaba difundiendo su versión falsa desde alrededor de las 19.00.

La teniente fiscal del Supremo ha puesto también el foco en que las declaraciones de Alberto Gonzáezl Amador, pareja de Isabel Dïaz Ayuso, y el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, evidencian “una relación muy fluida entre ellos, con intercambio constante de mensajes” y ha señalado que ambos comparten la estrategia de combatir la denuncia de fraude de González Amador “haciendo recaer una sombra de sospechas sobre quienes habían intervenido en el proceso”, desde los funcionarios de hacienda a los fiscales.