La pareja de Ayuso acusa al fiscal general de filtrar el correo para lanzar “un relato institucional de culpabilidad” contra él

El abogado de Alberto González Amador ha acusado este jueves al fiscal general del Estado de “lanzar un relato institucional de confesión y culpabilidad” contra el empresario, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental. El letrado Gabriel Rodríguez-Ramos ha expuesto su informe final en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, en el que ha sostenido que el jefe del ministerio público diseñó una “estrategia” la noche del 13 de marzo de 2024 que incluía filtrar a la Cadena SER el correo electrónico en el que González Amador admitía sus delitos ante la Fiscalía. De ese modo, según el letrado, García Ortiz podía justificar la inclusión de ese detalle en la nota de prensa que preparó con su jefa de prensa porque no revelaba nada que no se hubiera publicado ya antes en los medios de comunicación. Según Rodríguez-Ramos, ese comunicado “arrasó” la presunción de inocencia y el derecho de defensa de González Amador.

El informe de la acusación particular es el primero que ha escuchado el tribunal en la última sesión del juicio, donde algunas de las seis acusaciones populares le han cedido parte de su tiempo (tasado por el tribunal entre 30 y 45 minutos) para que se pudiera explayar durante alrededor de una hora y media. Rodríguez-Ramos ha defendido que, una vez practicadas todas las pruebas previstas en la vista oral, la culpabilidad de García Ortiz se ha visto reforzada porque ha quedado al descubierto que, cuando conoció que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, estaba difundiendo el “bulo” de que la Fiscalía había propuesto un pacto a González Amador y luego lo había retirado por órdenes de arriba, en referencia, supuestamente, al fiscal general, diseñó una operación para filtrar la confesión de la pareja de Ayuso.

Pero en su informe, casi enteramente leído aunque por momentos pronunciado con cierta teatralidad, ha obviado algunos datos clave, como que fue el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid el primero en filtrar un correo de las conversaciones mantenidas entre la Fiscalía y el abogado de González Amador. Para ello, el letrado sitúa el inicio de su relato a las 21.29 del 13 de marzo, cuando El Mundo publicó una noticia con la versión tergiversada que estaba difundiendo Rodríguez, lo que precipitó que García Ortiz y la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, acordaran redactar una nota de prensa para rebatir esa noticia.

Esa decisión fue lo que llevó al fiscal general a recabar los correos intercambiados por el abogado y el ministerio público, de los que, según aseguró García Ortiz en su declaración ante el tribunal, tuvo conocimiento por la información de El Mundo, que incorporaba entrecomillados del correo filtrado previamente por el jefe de gabinete de Ayuso. El jefe del ministerio publicó argumentó que la recopilación de los correos era necesaria para poder comprender todo lo ocurrido y explicarlo en la nota y que, sin la inclusión de la cronología de esos mails y el resumen de su contenido en el comunicado, este habría quedado “cojo”.

La nota ha centrado gran parte de la intervención de la acusación particular porque, a su juicio, forma una “unidad de acto” con la filtración del correo electrónico y ambos integran el delito de revelación de secretos que atribuye a García Ortiz. Al dar cuenta de los correos, el comunicado de la Fiscalía recogió el detalle de que, en uno de ellos, el abogado había admitido la comisión de dos delitos fiscales, que es el secreto supuestamente revelado. La Sala de Admisión del Supremo consideró que el comunicado no era delictivo porque todo su contenido se había ya publicado en los medios, pero el abogado de González Amador sostiene que había sido el propio García Ortiz quien había filtrado el correo a la prensa para tener así la coartada de incluir ese dato en la nota. “Su estrategia consideraba que las revelaciones previas por periodistas le autorizaban a publicar la nota y el contenido de los correos, el relato institucional de confesión y culpabilidad”, ha afirmado Rodríguez Ramos, para quien “no era necesario” citar el reconocimiento del delito de la pareja de Ayuso para “neutralizar el bulo” de su jefe de gabinete.

El abogado ha restado credibilidad a la decena de periodistas que han comparecido como testigos en el juicio y han asegurado que conocían los detalles del pacto que negociaba González Amador antes de que el correo de su abogado llegara al fiscal general a las 21.59 del 13 de marzo. Según Rodríguez-Ramos, las declaraciones de todo ellos deben tomarse con “cautela” porque la obligación de responder a todas las preguntas y de decir la verdad opera de forma “anómala” con los periodistas, ya que estos se pueden acoger a su derecho a no revelar a la fuente. El abogado ha esgrimido también que los informadores “poseen un interés económico, profesional o de negocio en cuidar como fuente al ministerio fiscal”.

La acusación resta sobre todo credibilidad al redactor de la Cadena SER que dio la primera noticia sobre el correo electrónico que centra la investigación. Este periodista aseguró en el Supremo que tuvo acceso a ese correo al mediodía el 13 de marzo por una fuente que no era García Ortiz, pero que le prohibió publicarlo y solo le dio permiso para hacerlo una vez que El Mundo había difundido la versión tergiversada de Miguel Ángel Rodríguez. Según Rodríguez-Ramos, este testimonio carece de “capacidad probatoria alguna” porque el informador no tiene ninguna prueba y “falta a la verdad” en algunos datos de su relato, como cuando dijo que había intentado contactar con el abogado fiscalista de González Amador al mediodía. “Le manda un whatsapp a las 23.10 por primera vez comunicándose con él. ¿Y no intenta mandarlo antes si tiene una noticia que le calienta las manos?“, se ha preguntado el letrado.

No obstante, para la acusación, el hecho de que el reconocimiento del delito por parte de la pareja de Ayuso ya estuviera en los medios cuando se filtró el correo no elimina el delito de revelación de secretos. El abogado argumenta para ello que la jurisprudencia del Supremo que establece que lo que ya se conocía previamente no puede considerarse secreto y, por tanto, desaparece el deber de custodia por parte de las autoridades públicas, no opera en este caso. “Los medios que usan los políticos para la revelación no vale para el ministerio fiscal, que posee el deber reforzado. Y que esté en los medios no elimina el deber de sigilo. Probablemente, fue el error de diseño del fiscal general”.

Según Rodríguez-Ramos, la difusión de la nota y la filtración del correo “arrasaron” el derecho a la intimidad de la pareja de Ayuso, su presunción de inocencia y el derecho de defensa. “¿Qué defensa se va a practicar en el proceso de Alberto González Amador?“, se ha preguntado el abogado, para quien en el juicio se ha constatado que ”el relato institucional de confesión y culpabilidad" del ministerio fiscal “se alinea con el relato político de delincuente confeso” que ha extendido el Gobierno sobre la pareja de Ayuso. “Son relatos idénticos”, ha asegurado el abogado, “no es que se transmitiera a los medios la existencia de unas conversaciones de conformidad, es que es transmite que es un delincuente confeso. Se tiene una sentencia de condena antes de que se abriera un procedimiento penal incluso”.