Un afectado por la ‘trama Eólica’ apunta en el juicio al exviceconsejero de Economía de Castilla y León: “Repartía el bacalao”

El que “repartía el bacalao” era Rafael Delgado, a quien la Fiscalía reclama 42 años de prisión y una multa de 239 millones de euros por propiciar la conocida como trama Eólica cuando era viceconsejero de Economía en la Junta de Castilla y León (PP). El supuesto sistema para favorecer a empresarios afines a la consejería en la asignación de licencias de parques eólicos perjudicó a inversores independientes como Gregorio Álvarez, quien ha incriminado a Delgado como muñidor del caso, juzgado desde septiembre y de conclusión prevista en enero. La Fiscalía Anticorrupción reclama a varios exaltos cargos y empresarios autonómicos un total de 138 años de cárcel y 848 millones de sanción por unos hechos ocurridos entre 2003 y 2011 y que se consideran posibles delitos de prevaricación contra la Hacienda pública, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, extorsión y tráfico de influencias. “Me decían que para entrar en evacuación había que tener un socio local. Soy zamorano de toda la vida, había construido tres parques y nunca me lo habían pedido. No entendía nada”, ha lamentado Álvarez.

La comparecencia en la Audiencia Provincial de Valladolid ha tenido en Gregorio Álvarez, dueño de Grupo Ibereólica Renovables, un testimonio contundente en una causa de largo recorrido: la apertura de juicio se ordenó en noviembre de 2021, tras comenzar a investigar la Fiscalía Anticorrupción en 2015 y dirigirse al juzgado en 2017. Las primeras sesiones ante el tribunal han seguido un patrón parejo: señalar a Delgado y a su exjefe y hombre fuerte en la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva. Este dirigió Economía en los años analizados y está salpicado por varios procesos de corrupción, pero falleció en 2017 cuando comenzaban las pesquisas y al poco de que se le encontraran 83 cuentas en Suiza. Delgado fue viceconsejero de Villanueva entre 2003 y 2007, y secretario general de Economía desde 2007 a 2011.

Anticorrupción, según el escrito al que ha accedido EL PAÍS, revela que Delgado dispuso de “bienes y dinero cuya importancia no guarda relación con los ingresos por su trabajo en la Junta ni su actividad posterior y deben atribuirse a la actividad ilícita”. El fiscal explica que los políticos urdieron el plan desde que en 2003 se arrogaron la capacidad para manejar las licencias y después obligar, según se les imputa, a que las grandes empresas interesadas se aliaran con pequeñas compañías autonómicas cuyos jefes también están acusados. A los promotores se les exigía “ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenazas de no obtener la autorización”. La participación rondaba el 40% del total y conllevaba que las pequeñas compañías locales compraban participaciones a precios bajos y, una vez logrado el permiso e inflada su valía, las revendían por mucho más.

La Fiscalía ha apostillado que en muchos casos se ralentizaban los tiempos, pero se aceleraban cuando se firmaba la alianza con las entidades acusadas. El empresario zamorano compareciente este miércoles ha insistido en que el exviceconsejero “repartía el bacalao” en las adjudicaciones y en qué ritmos seguían los procesos. “Me decían que para entrar en evacuación había que tener un socio local. Soy zamorano de toda la vida, había construido tres parques y nunca me lo habían pedido. No entendía nada”, ha expresado con vehemencia Álvarez, indignado porque su sociedad invirtió más de 130 millones de euros en la energía eólica y lo forzaban a “meter socios locales”. “Da grima porque más zamorano que yo no hay nadie”.

Hasta 2003, ha proseguido, “todo fue normal” en las tramitaciones y desarrollos de parques de molinos de viento mientras supervisaba la delegación de la Junta en Zamora. Desde que Delgado cambió la competencia aparecieron las presiones y trabas que escondían la hoy juzgada Trama Eólica, pues “los proyectos se paralizaron sin razón aparente”, ajenos a la “planificación” autonómica. De repente le pidieron vincularse con “un socio local”, siendo él ya zamorano y veterano en el sector. El gerente de Ibereólica, perjudicado por ese sistema, ha resumido así el mecanismo: “Si tenías un socio local pasabas el primero de la lista; si no, el último. Por eso me quedé sin ningún parque”. Gregorio Álvarez ha afirmado que le “constaba” que Delgado “tenía un cargo muy relevante y era quien hablaba con la gente”. El empresario acabó invirtiendo en Chile tras temer perder la inversión en varios aerogeneradores que ya tenía comprometidos pensando en instalarse en Castilla y León.

El juicio a la trama Eólica llega apenas unos meses después de la sentencia al caso Perla Negra de corrupción urbanística por los sobrecostes de 20 millones de euros en la construcción de un edificio público de la Junta en Valladolid cuando la consejería de Economía la dirigía la misma cúpula que la ahora acusada. Delgado, entre otros exaltos cargos, fue entonces condenado a dos años y medio de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otros nueve años y medio de inhabilitación por prevaricación administrativa. En aquel proceso declaró el expresidente autonómico Juan Vicente Herrera (PP), desligándose de los hechos pese a que un alto cargo lo avisó de las sospechas sobre esos sobrecostes.