Juicio a la supuesta trama para amañar la adjudicación de parques eólicos en Castilla y León

La Audiencia Provincial de Valladolid tiene previsto acoger desde este lunes el juicio a la llamada Trama Eólica, una supuesta red de corrupción en la Junta de Castilla y León. El tribunal dirimirá si varios altos cargos autonómicos favorecieron a empresarios afines y se llevaron presuntamente mordidas millonarias al adjudicar parques eólicos en la comunidad.

La Fiscalía Anticorrupción pide un total de 138 años de prisión y 848 millones de euros en multas a los 15 acusados, entre ellos un exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado. Delgado ya fue condenado recientemente a dos años y medio de cárcel en el caso Perla Negra por sobrecostes en un edificio de la Junta. A Delgado se le reclaman ahora 42 años de prisión y 239 millones.

El juez investigó delitos de prevaricación contra la Hacienda pública, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, extorsión y tráfico de influencias. La apertura de juicio se ordenó en noviembre de 2021, tras empezar a investigar la Fiscalía Anticorrupción en 2015 y acudir al juzgado en 2017. Los hechos bajo sospecha se remontan al periodo comprendido entre 2003 y 2011.

Durante las 43 sesiones previstas, están citados a comparecer 84 testigos y 19 peritos, además de los 15 procesados en una causa de más de 10.000 folios. La acusación, integrada por Anticorrupción, Abogacía del Estado y Ecologistas en Acción, además de particulares afectados, sostiene que la consejería de Economía controlaba las licencias de los molinos de viento a cambio de presuntos sobornos y beneficiando a afines. El departamento lo lideraba Tomás Villanueva, fallecido en 2017 cuando comenzaban las pesquisas y al poco de que se le encontraran 83 cuentas en Suiza.

Rafael Delgado fue viceconsejero de Villanueva entre 2003 y 2007 y después secretario general de Economía hasta 2011. Según el escrito de la Fiscalía, al que ha accedido EL PAÍS, Delgado dispuso de “bienes y dinero cuya importancia no guarda relación con los ingresos por su trabajo en la Junta ni su actividad posterior y deben atribuirse a la actividad ilícita”.

El fiscal recoge que ambos establecieron en 2003 un modelo para manejar las licencias: retiraron a los servicios territoriales. Después, obligaban presuntamente a que las grandes empresas se aliaran con pequeñas compañías de Castilla y León, de ahí que haya varios empresarios afines a la Consejería como acusados. La estrategia suponía exigir a los promotores interesados “ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenazas de no obtener la autorización”. La participación rondaba el 40% del total. Esas pequeñas compañías compraban participaciones a precios bajos y, una vez logrado el permiso e inflada su valía, las revendían por mucho más.

Como ejemplo, el acusado Alberto Esgueva, quien creó una sociedad junto a Iberdrola aportando 24.000 euros y en cuanto fue aprobado el parque eólico vendió su parte por 47 millones. La Fiscalía tilda de “beneficio completamente desproporcionado” movimientos como este, “carentes de justificación económica y ajena a toda lógica empresarial”, apostillando que entidades como Iberdrola “no necesitaba en absoluto ese auxilio”. A Esgueva le piden 12 años de cárcel y 68 millones de multa.

La Fiscalía acentúa que “ninguno de los empresarios, amigos de Rafael Delgado o Tomás Villanueva, estaba interesado en participar activamente en el negocio eólico, como acredita que su permanencia en las entidades promotoras fuera muy corta e impropia de una inversión industrial y esa permanencia no supusiera ninguna aportación empresarial”. Según Ecologistas en Acción, que Delgado se arrogara funciones delegadas en cargos inferiores de la Junta hizo sospechar de su voluntad de influencia sobre “operaciones de entrada y salida con una naturaleza eminentemente especulativa, obteniendo plusvalías desorbitadas, sin riesgo, con aportación de capital mínima y empresarial irrelevante”.

Otros acusados también cuentan con vinculación con la Junta: Andrés Martín Paz, exdirector de Deportes, para quien piden seis años de prisión y ocho millones. Al exdirector de una filial de Iberdrola en Castilla y León, Ricardo Bravo, se le reclaman seis años de cárcel y 100 millones y se le acusa de “idear el plan” con Villanueva.

Algunos de los empresarios eólicos perjudicados han denunciado que a ellos tardaban tres años en responderles, mientras que los beneficiados lograban vía libre en tres meses. Como ejemplo, un parque que llevaba tres años esperando autorización y la obtuvo a los tres días de cambiarse el titular de la empresa.