Tres víctimas piden a la Fiscalía que analice de nuevo el semen del autor de 14 violaciones impunes: “No lo metáis en un cajón”

“Este escrito no es una queja ni una reclamación: es un primer paso hacia el conocimiento de la verdad, un primer paso para reabrir el diálogo, para abrir una puerta que durante tres décadas permaneció cerrada para mí”. Yolanda P. R., 49 años, camarera de una churrería y vecina de un pueblo de Madrid, viajó el jueves a Barcelona para pedir a la Fiscalía que “no meta en un cajón” un informe científico que propone ampliar varios análisis de semen para identificar al autor de 14 violaciones cometidas en los años noventa en las provincias de Barcelona, Tarragona y Girona. Ella fue una de las víctimas: tenía 18 años y la violaron, por turnos, los dos agresores. Uno fue condenado a más de 250 años de cárcel. Su cómplice quedó impune.

El jueves en el tren, camino de Barcelona, Yolanda repitió varias veces una pregunta que le obsesiona. ¿Por qué en 30 años nadie de la Fiscalía ha intentado identificar al autor de 14 violaciones, teniendo su perfil genético, sabiendo quién era el otro violador, el condenado Antonio García Carbonell, y conociendo su entorno? “Yo quiero saber quién me puede responder a eso sin echarle la culpa a otro”, dijo.

El condenado García Carbonell y su cómplice cometieron 28 violaciones contra 16 mujeres muy jóvenes, cuatro de ellas menores, de 14 y 15 años. Las cometieron en dos olas con cuatro años de diferencia, entre 1991 y 1995, pero con idéntico modus operandi: de noche, haciéndose pasar por “policías” o por “moros” —García Carbonell es español—, con una violencia salvaje y en lugares apartados a las afueras de pequeñas ciudades y pueblos de esas tres provincias catalanas. El 8 de abril de 1995, los agresores abandonaron a Yolanda y su novio de entonces, pasada la medianoche, junto a una rambla de Esparraguera (Barcelona). Los recogió una vecina cuya hermana había sido violada cuatro años antes. Por la primera ola de violaciones fueron condenados dos inocentes. Por la segunda, solo uno de los culpables, García Carbonell, que nunca delató a su cómplice.

“Durante todos estos años he tenido que vivir con esa parte de la verdad ausente, sin saber realmente qué ocurrió ni por qué”, dice Yolanda en su carta. “Y sé que todo esto no debería haber ocurrido. Si en la primera oleada de casos, en 1991, la investigación y la actuación de la Fiscalía hubiesen sido minuciosas y efectivas, yo no habría tenido que vivir lo que viví ni estaría escribiendo hoy esta carta”.

Aunque los delitos de 1991 y 1995 estén prescritos, los nuevos análisis podrían arrojar pistas sobre potenciales delitos no prescritos cometidos después y registrados en la Base de Datos de Identificadores de ADN, según detalla el informe del científico Antonio Alonso, exdirector del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Junto con la carta, Yolanda entregó una solicitud para que, dados los avances en la tecnología de ADN, se amplíen los análisis realizados en los noventa. Y ambos escritos los entregó en persona a una funcionaria que, visiblemente emocionada, la escuchaba en la entrada de la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña en Barcelona, poco después del mediodía. “Queremos que se nos escuche. Y esto no solo va dirigido al fiscal superior, sino a toda la Fiscalía. No lo metáis en un cajón, por favor”, pidió Yolanda. Junto a su solicitud, entregó las de otras dos víctimas de las agresiones: Cristina y Nuria. El fiscal Francisco Bañeres declinó el viernes, a través de una portavoz, atender a este diario.

La petición de Yolanda, Cristina y Nuria se basa en el informe elaborado en julio pasado por el genetista Antonio Alonso, que enumera y explica las “nuevas posibilidades que ofrecen diversos avances de ADN para la identificación del segundo atacante” y que fue entregado en dicha Fiscalía en agosto, sin que de momento se haya comunicado ninguna resolución. Alonso, genetista recién jubilado, era funcionario del Instituto Nacional de Toxicología cuando se hicieron los análisis sobre las violaciones de los años noventa. Aquellos informes permitieron condenar al violador Antonio García Carbonell a más de 250 años de cárcel.

Conexión con otro caso

La propuesta de Alonso para tratar de identificar al violador anónimo surgió en el marco de una serie documental que se está grabando sobre el caso de Ahmed Tommouhi y Abderrazk Mounib. Tommouhi y Mounib son los dos inocentes que fueron condenados por las violaciones de 1991, y cuya inocencia el Tribunal Supremo ha venido reconociendo en sucesivas sentencias en los últimos 30 años. Mounib murió en la cárcel el 26 de abril de 2000. Tommouhi pasó 15 años en prisión.

Alonso fue entrevistado para la serie como uno de los genetistas de referencia en España. Durante la entrevista, y tras haber consultado varios de los informes realizados en su día, el científico expuso que había “diversas líneas de investigación que se podrían seguir para la identificación del segundo atacante” y se comprometió “a realizar un escrito en el que se recogieran y justificaran” dichas líneas. Dicho informe y una solicitud de diligencias se presentó en la Fiscalía el pasado agosto. Yolanda, Nuria y Cristina se han adherido ahora a dicha solicitud.

En su informe, Alonso detalla que, más allá de que las violaciones de 1995 pudieran estar prescritas, si los nuevos análisis arrojaran un perfil genético más completo, el nuevo perfil podría introducirse en la Base de Datos de Identificadores del ADN y arrojar coincidencias con “casos no prescritos que pudieran estar registrados en la base de datos desde 2007”. Además, conocer la identidad del segundo agresor no solo serviría para satisfacer el derecho a la verdad de sus víctimas, sino que podría ser un nuevo elemento de prueba para recurrir la última condena por violación aún vigente del falso culpable Abderrazak Mounib, cuya familia prevé acudir al Supremo para solicitarlo.

“Yo entiendo que se debe investigar quién es ese segundo violador para hacer justicia. Para las víctimas de aquellos delitos y para los condenados injustamente”, explica el profesor de Derecho Procesal y juez en excedencia, Tomás Vicente Ballesteros, autor de El proceso de revisión penal (Editorial Bosch, 2013). “Es verdad que pueden haber prescrito delitos, pero hay otros que pueden no haber prescrito y de los que no se tiene incluso noticia”, añade.

“Aunque llegue 30 años después, este paso es necesario”, afirma Yolanda en su carta. “Es mi manera de reparar una parte de lo que nunca se reparó”. “No busco reabrir heridas, sino cerrarlas con dignidad. No pido una justicia perfecta, solo humanidad. Solo deseo que mi historia sea escuchada, que mi voz quede registrada y que nadie más tenga que esperar tanto tiempo para poder hablar”.

Tras su paso por la fiscalía, Yolanda se dirigió también al Síndic de Greuges, el equivalente catalán del Defensor del Pueblo. De la reunión, según resumió en un breve mensaje a última hora de la noche, salió agradecida por el trato “muy amable” que le dispensaron tanto la síndica, Esther Giménez-Salinas, como su adjunto, Jordi Palou-Loverdos. “No me hago ninguna expectativa, pero no abandono mi objetivo”, escribió por WhastApp. “A los de arriba les cuesta reconocer errores”, añadió.